La situación general del país viene de mal a peor. No sólo en lo que se relaciona con la situación económica. También estamos ante una degradación en el plano institucional y en los valores sociales, es decir, en tres pilares básicos en los que se apoya la organización de la sociedad y del Estado.
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La situación general del país viene de mal a peor. No sólo en lo que se relaciona con la situación económica. También estamos ante una degradación en el plano institucional y en los valores sociales, es decir, en tres pilares básicos en los que se apoya la organización de la sociedad y del Estado.
La pandemia y sus efectos sobre la economía pusieron al desnudo las consecuencias de las políticas seguidas por la conducción del Estado nacional, en los últimos dieciocho años.
La economía nacional está en una difícil situación; si no se cambia el rumbo caeremos en bancarrota.
Sin acceso al financiamiento externo; la herramienta de emisión monetaria al límite y la presión fiscal al tope, queda escaso margen. Así, las tres medidas ortodoxas mas conocidas para atender el déficit fiscal no son utilizables: una, por falta de credibilidad y acceso al mercado de capitales; las otras, porque acelerarán la destrucción de la economía.
En la faz institucional la situación es grave. Si antes de la pandemia había excesos derivados del otorgamiento de facultades extraordinarias al poder ejecutivo en base a las "situaciones de emergencia" y "por un tiempo limitado", ahora con la llegada de la pandemia esto se ha agravado. Siempre se ha utilizado las leyes de emergencia para justificar pasar por encima del orden institucional establecido en la Constitución. Esas "emergencias" "transitorias" se transforman en permanentes. Así queda al descubierto que las circunstancias, que motivaron el dictado de las mismas, eran derivadas de situaciones estructurales. La concesión de poderes extraordinarios ha sido, y sigue siendo, usada para dar discrecionalidad al poder ejecutivo para saltar cláusulas constitucionales cuya existencia está justificada en los principios republicanos. La llegada de una situación extraordinaria no justifica, en la mayoría de las veces, abandonar el orden constitucional.
Y esto es claro: la pandemia no es una guerra.
El uso y abuso de la emergencia que se hace en Argentina es muy peligrosa y afecta directa y brutalmente la vigencia de la Constitución y amenaza los derechos y las garantías.
La aparición de circunstancias extraordinarias e imprevisibles requieren actuar con premura y urgencia, pero son excepcionales. A veces pueden requerir que, en algunas áreas de gobierno, no todas, se dispongan facultades especiales que permitan atender la imprevisión y a urgencia. Pero la imprevisión y urgencia existen solo al principio. Con el transcurso del tiempo deben elaborarse los cursos de acción y medidas para atender y sobrellevar las emergencias, por lo tanto, debe volverse a la normalidad en forma rápida.
Hace mas de un año hay emergencia con autorizaciones de manejo presupuestario que exceden lo razonable en una organización republicana. Al principio debía garantizarse el abastecimiento de materiales, insumos y servicios críticos. Pero transcurrido un tiempo prudencial, se agotó el estado de imprevisión y ya no hay razón para prorrogar la emergencia y la autorización de usar la contratación abreviada para "todo".
La Constitución no puede perder vigencia; las autorizaciones extraordinarias violan los principios básicos establecidos en ella.
En resumen, por incapacidad, interés o malicia (o las tres cosas juntas) se prorrogan los estados de emergencia sin límite a pesar de que ya se puede actuar con previsión ante "la nueva normalidad"
En relación a los valores sociales, ese conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena y correcta de actuar, también se ve una degradación en general. Ya empieza a relativizarse el valor de la sinceridad, de la paciencia, de la gratitud, de la honestidad y de la responsabilidad, entre otros aspectos de las conductas de los ciudadanos, conductas que al ser observadas por los individuos mejoran la sociedad en el aspecto moral.
Cuando los procederes adecuados, o los valores sociales, empiezan a ser considerados como obsoletos o susceptibles de ser obviados la sociedad toda sufre sus efectos. Se socavan las bases de la convivencia y respeto mutuo entre los individuos. En la actualidad considero que estamos ante un proceso de degradación en los valores que, de proseguir, tendrá consecuencias muy malas para nuestra sociedad.
Por más negro que parezca el horizonte siempre hay una oportunidad de revertir los procesos negativos en economía, en lo institucional y en lo social. El futuro está en nuestras manos y depende de lo que hagamos. No es algo inexorable o que está escrito. La transformación o reversión de las expectativas desfavorables depende de todos nosotros.
Si queremos actuar sobre el futuro debemos actuar sobre la educación. El futuro estará en manos de los jóvenes y niños de hoy, de las generaciones por venir y la forma de corregirlo es educando y capacitando en las instituciones educativas con una orientación dirigida a restablecer el orden en la sociedad, económico, institucional y valores. La educación genera mujeres y hombre adecuadamente preparados para trabajar mejorando la producción en la economía, para entender la necesidad de respetar la constitución, el orden y los valores sociales facilitando el desarrollo y la vuelta al destino de grandeza de nuestro país.
¿Cuándo empezamos? Ahora!
Hay dos posibilidades: seguir cayendo o tratar de cambiar para volver a crecer.
Días atrás junto a otras fuerzas y dirigentes hemos firmado un Acta Compromiso para la Recuperación las Instituciones y la Democracia en Salta, mediante la cual todos nos comprometemos a apoyar listas, candidatos y proyectos que procuren todas las medidas necesarias para mejorar la educación de todos los niños y adolescentes, bajo la premisa de que la instrucción escolar y universitaria sea prioridad en el gasto público, buscando la excelencia educativa en todos los niveles.
Debemos exigir a quienes nos gobiernan que respeten la Constitución.