Afirmar que la gestión de esta pandemia en el orden nacional fue pobrísima no es ninguna novedad, tal como ya lo dijeran desde las páginas de este diario otros columnistas.
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Afirmar que la gestión de esta pandemia en el orden nacional fue pobrísima no es ninguna novedad, tal como ya lo dijeran desde las páginas de este diario otros columnistas.
Empezó con las reacciones tardías y desacertadas del ministro González García, a pesar de que la primera ola demoró en llegar a nuestro país, dándonos tiempo para observar lo que sucedía en el mundo y adelantarnos con medidas oportunas y eficaces.
No supimos aprovechar esa circunstancia. Y no por la lamentable situación económica, la falta de liquidez en dólares o la imposibilidad de acceder con cierta normalidad al mercado de capitales.
Sin excusas, porque nada es casual ni producto de la incomprensión de nuestras penurias por el mundo (el típico victimismo argentino).
Asumamos de una buena vez la realidad, no nos engañemos: si nos pescó así es porque por décadas vivimos de ese modo: gastando más de lo que producimos. Generando pobreza, desocupación y desconfianza interna y externa. Las únicas soluciones conocidas son la emisión descontrolada de pesos y el endeudamiento.
Lo que venía mal barajado, se repitió con los escasos testeos, la "cuatrocientena", la ampliación y mejoramiento de las unidades de terapia, la compra de reactivos, de tapabocas, de respiradores, y ahora de las vacunas, cuestión que, a mi criterio, se manejó más con prejuicios ideológicos que con pragmatismo.
Basta compararnos con Chile. Cuando aquí llevábamos un 4% de la población vacunada, los inmunizados en el país trasandino ascendían a un 26% o un 30%, según la fuente consultada.
Ni hablar de la desorganzación o del vergonzoso vacunatorio VIP.
Aquí, es ineludible relatar mi propia experiencia. Hace casi cuatro semanas, logré acceder a la primera dosis, con el preturno, y teniendo que hacer largos y reiterados llamados al 148, con la paciencia de un monje tibetano (que por cierto, no es una de mis virtudes). Mi reclamo a Atención Ciudadana -registrado bajo el N´ 201668- radicaba esencialmente en que no concibo que, aún dentro de los mayores de 60 años, las personas con discapacidad no tuvieran prelación para el turno definitivo y la vacunación.
Aunque no se trata sólo de un interés personal. Recibí la vacuna dentro de la etapa de mi grupo etario, y contando con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero no me puedo olvidar de tantas otras personas que sufren una u otra discapacidad que los inhabilita seriamente. Sea por edad avanzada, por niñez, por carencia de recursos económicos suficientes, por residir a grandes distancias, por falta de transporte y acompañamiento, por inaccesibilidad a la página web o al número telefónico citado, por inconvenientes neurológicos, cognitivos o de comunicación, entre otros motivos. Escribo por la dignidad de estas personas tan vulnerables, que descubrí, conocí y aprendí a querer en la extraordinaria Fundación Leven, de Cerrillos, de cuya atención estaré agradecido de por vida.
Recordemos que nuestro país por ley 26.378, de mayo de 2008, aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango supralegal (art. 75, inc. 22, CN). El Estado argentino está incumpliendo sus normas, en su letra (en especial, los Arts. 11, 25 y 28) y en su espíritu, con lo cual queda expuesto a pleitos y sanciones. De hecho, ya hay antecedentes de fallos en tal sentido. No es tan difícil de entender que son personas de riesgo y que no pueden ser discriminados. Para la fecha de mi reclamación, varios medios de prensa ya lo habían señalado.
Según comentó un diario, una resolución del Ministerio de Salud de septiembre último, incluía como parte del grupo de riesgo a quienes tenían un certificado único de discapacidad. Sin embargo, advertía que entonces (9/04/2021) no tenían prioridad inmediata en el cronograma de vacunación porque el sistema no los habilitaba a anotarse en función de su condición. En mi caso particular, el sitio vacunatesalta.gob.ar sí me permitió indicarlo en "Observaciones" pero eso no me concedía ninguna prioridad para el turno definitivo. "Son las órdenes que tenemos", se me informó telefónicamente.
A través de una noticia aparecida en este diario el día viernes 7 del corriente mes, tomé conocimiento que para Salta se había ampliado la vacunación para otras personas de riesgo, lo que me pareció justo, razonable y positivo. Se incorporaron a la Campaña Provincial de Vacunación a los pacientes oncológicos y oncohematológicos, con tuberculosis activa, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y con Síndrome de Down (salta.gob.ar/prensa/noticias). No logré averiguar casi nada más...
Todos ellos deben ser mayores de 18 años, porque las vacunas para los menores están en etapa de prueba y no autorizadas. ¿Hasta cuándo? A priori, considero que no deberían quedar marginados los que padecen una discapacidad motriz y comunicacional. Por supuesto, entiendo que las autoridades encargadas deben estar sometidas a un tironeo y una presión constantes de diferentes grupos de riesgo y sus familias, y la dificultad para discernir y seleccionar. Que Dios los ilumine.
Desde aquí ruego que, en cuanto sea posible, reconsideren la situación de ellos, porque con la segunda ola, los transportistas sanitarios y los terapeutas pueden plantearse si es prudente llevarlos y atenderlos, por temor al contagio.
Seguramente, por mi escaso conocimiento, debo haber omitido a personas con otras clases de discapacidad que también merecen una atención especial. Los especialistas sabrán a quiénes me refiero. Apelo a su buen juicio, a su humanismo y a su sensibilidad