De los 37 adolescentes institucionalizados en diferentes dispositivos por conflictos con la ley penal, la mayoría de ellos está bajo tutela de la jueza penal juvenil Nº1, Tatiana Dip Torres. La magistrada aseguró que arrastran vulneraciones desde temprana edad y durante años.
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De los 37 adolescentes institucionalizados en diferentes dispositivos por conflictos con la ley penal, la mayoría de ellos está bajo tutela de la jueza penal juvenil Nº1, Tatiana Dip Torres. La magistrada aseguró que arrastran vulneraciones desde temprana edad y durante años.
Dip tiene a su cargo cinco chicos en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, seis bajo el régimen domiciliario, tres en el hogar Michel Torino de Cerrillos y cuatro alojados en un pabellón "de jóvenes adultos" de la unidad carcelaria 1, en Villa Las Rosas.
"La mayoría de los jóvenes proviene de familias generalmente con derechos vulnerados, problemas habitacionales, de consumo de drogas...", señaló la jueza. Lo mismo advirtieron desde los hogares de tutela por protección, donde hay 254 chicos y chicas.
Para la magistrada, cuando un joven entra en el sistema penal, la vulneración ya fue captada previamente por el Estado y el devenir es un derrotero que termina en el fuero penal.
"Cuando llegan al juzgado penal juvenil es porque antes atravesaron otros procesos que activaron otras alarmas para finalmente llegar al sistema penal, que es el más duro", manifestó Dip Torres.
Las cuestiones penales en las que están involucrados los menores de 18 años se regían -y rigen- por leyes de le época de la dictadura, como la ley 22.278 de "Régimen Penal de la Minoridad", contraria a la Constitución Nacional que hoy reconoce y jerarquiza los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño.
Régimen Penal Juvenil
La sanción en el 2018 del Régimen Penal Juvenil mediante la ley 8.097 aspiraba a ajustar el derecho penal a lo que manda la Constitución Nacional. Pero la aplicación de la norma fue prorrogada en dos oportunidades y ahora está diferida hasta septiembre de este año. Esta situación dejó abierta la puerta para que los operadores de justicia utilicen el marco que se ajuste mejor a su interés.
La aplazada norma apunta a que el proceso penal perciba a los jóvenes ya no como objetos, sino como sujetos de derecho. Para eso, plantea la inserción de nuevos operadores como fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces. Además, en su artículo 30 indica que los juzgados "de menores" deben pasar a llamarse "penales juveniles", situación a la que ya se adaptó el Juzgado N´1 a cargo de Tatiana Dip Torres.
Bajo esta perspectiva, la jueza aseveró que se ejecutan muchos artículos de la ley, como el valorar "el hecho que se le imputa, pero también el tratamiento socioeducativo, que es la inserción a la sociedad, que tengan una mirada más constructiva, que pueda tener otra visión de cómo continuar. Uno intenta que tomen conciencia de los hechos que cometieron, pero también hacer un acompañamiento del joven teniendo en cuenta que es menor de edad, sin olvidarnos de las víctimas".
También, indicó, se tiene en cuenta como última opción la privación o restricción de la libertad del joven. Esta decisión, justificó, se basa en que en la mayoría de los casos el joven participó del delito junto a un adulto. "La fiscalía es la que interviene en la investigación y muchas veces nos piden que faltan elementos probatorios o que podría haber un entorpecimiento de la investigación", explicó Dip.
La mayoría de los jóvenes tienen acusaciones por delitos contra la propiedad, robo agravado, uso de arma en poblado y en banda. "La imputación de un delito para jóvenes no es como la de adultos, que es más grave, entonces se los expone", explicó la magistrada.
“La pandemia agravó la situación”
Actualmente hay 254 niños, niñas y adolescentes (NNA) de hasta 18 años en 25 hogares de protección en la provincia. Desde el Ministerio de Desarrollo Social advirtieron que la precarización económica por la pandemia derivó en un menor cumplimiento de los derechos integrales que deberían estar garantizados en esta etapa de la vida.
Rosa Araya, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, precisó que las realidades que derivan en estas institucionalizaciones se relacionan con “distintas situaciones de vulneraciones de derechos” que se detectan por “negligencias, abandono, maltrato y hasta abusos por parte de sus progenitores”.
La funcionaria resaltó que aplican criterios que se basan en el cumplimiento de la ley 26.061, de protección de NNA. Este marco legal implica que la institucionalización nunca puede responder a motivos económicos. Si hay una carencia de este tipo, señaló, se debe asistir a la familia para que pueda afrontar el correcto cuidado de sus hijos e hijas.
Entre las vulneraciones, precisó Araya, hay diferentes variantes que en un contexto de pandemia toman otra relevancia. Dijo que algunas de las que se dan de manera más recurrente se vinculan con “progenitores con problemas de consumo de drogas”.
La secretaria indicó que la coyuntura actual llevó a que se agravaran las vulneraciones de derechos en dos aspectos: la situación económica y también el aumento de casos de maltrato o violencia.
La funcionaria consideró que incidió el cierre total o parcial de espacios que antes de la pandemia actuaban como canales para advertir señales de alarma, como “clubes o escuelas deportivos, o iglesias”.
Sin esos espacios intermedios, el organismo recurrió al 102, y sostuvo que hoy es “una herramienta fundamental”. Se trata de una línea nacional gratuita de escucha a niños, niñas y adolescentes.
“Recibimos más llamados por diferentes realidades. Y si hay una situación que amerita nuestra intervención, se deriva la atención”, explicó la funcionaria.
Araya describió que este “complejo escenario” llevó a replantear las políticas de promoción de derechos. “Es necesario hablar de una estrategia COVID y pos COVID”, indicó.
“Sabemos que hay muchos niños y niñas que no pudieron acceder a las clases virtuales”, manifestó además Araya sobre el derecho a la educación en el contexto de pandemia.
Alojamientos penales
1. Centros de privación de libertad, que tienen por objetivo “fomentar la capacidad de ejercer y respetar los derechos de los otros y asumir obligaciones que los alejen de la transgresión de la norma penal”:
Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº 1 Salta Capital (excomisaría del menor de Castañares).
Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº 2 Orán.
Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº 3 Tartagal.
Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº 4 Metán.
2. Centros de restricción de libertad, que buscan “promover un ámbito de convivencia que brinde un marco socioeducativo para la reinserción”:
Hogar Nuestra Señora del Tránsito - Salta capital.
Instituto David Michel Torino - Cerrillos.
3. Programa de Inclusión Social y Abordaje Territorial - Capital.