El estancamiento del desarrollo agroganadero de Salta y la ausencia de una política de producción sustentable a nivel nacional y local inciden directamente en el incremento de la pobreza, la indigencia y el desempleo en la provincia.
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El estancamiento del desarrollo agroganadero de Salta y la ausencia de una política de producción sustentable a nivel nacional y local inciden directamente en el incremento de la pobreza, la indigencia y el desempleo en la provincia.
Sin agroindustria, sin inversión, sin educación pública que habilite para la actividad profesional y sin actualización tecnológica, ni Salta ni el Norte Grande podrán superar el crítico escenario social actual, que tiende a agravarse.
El punto de partida es el campo, porque es la actividad más competitiva y sustentable desde la cual el país puede empezar a superar la crisis macroeconómica que se desencadenó en 2001 y que aún no tiene visos de solución. A nivel nacional, las amenazas de la secretaria de Comercio Paula Español, quien se mostró dispuesta a subir las retenciones a las exportaciones de cereales y a suspender, literalmente, las de carnes, indican que hay un viejo esquema ideológico que tiende a repetirse, a pesar de los reiterados fracasos de la década anterior.
Para Salta es una mala noticia. Esa mala disposición hacia el campo genera interrogantes sobre las definiciones del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa y luego en la Cumbre Climática realizada en el Día de la Tierra, cuando anunció posibles reformas sobre la Ley de Bosques.
El tema es vidrioso para nuestra región, ya que la administración nacional acumula desde 2008 una deuda superior a los cuatro mil millones de dólares. La ley vigente desde entonces preveía un cuantioso fondo de fomento destinado a compensar a los propietarios que no pudieran explotar sus tierras en virtud de esa ley. Nunca se cumplió.
Fernández aseguró que "estamos absolutamente comprometidos con los principios establecidos en el Acuerdo de París" y prometió reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono. El mismo propósito expuso el ministro de Ambiente Juan Cabandié, preocupado por la "deforestación".
Por la Ley de Bosques, Salta tiene 50 mil kilómetros cuadrados de superficie inmovilizada, fruto de la ignorancia sobre la realidad social y las exigencias ambientales que impone el cambio climático. Cuando se improvisa se multiplican los erro res.
La economía agraria en escala, llevada a cabo por empresas, es más controlable que la extracción y el pastoreo de subsistencia. El censo 2010 fue muy elocuente al respecto: 30.000 hogares, no menos de 120 mil personas, se calefaccionaban con leña. Una realidad que desborda normativas descarnadas y lejanas.Es que no basta con la declamatoria: el subdesarrollo priva a enormes regiones de educación, agua potable, acceso a la salud y a trabajo digno. Un desarrollo rural que responda a una legislación acorde a las exigencias constitucionales y sancionada con conocimientos específicos puede tener un triple efecto: generar actividad económica para pequeños productores criollos o de los pueblos originarios; mejorar el producto y la recaudación local, y construir reservas naturales genuinas y de enorme extensión.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) señala: "las decisiones sobre explotación y gestión del territorio forestal necesitan más que nunca que se fortalezcan las capacidades de producción ..."
El Acuerdo de París, celebrado en 2015, se compromete a "adecuar los sistemas productivos y los proyectos de desarrollo a las metas de bajar la emisión de gases", y propone una "economía verde" en la cual el ambiente y la actividad contribuyan a la calidad de vida y la superación de la pobreza.
La Ley de Bosques y el ordenamiento territorial echan por tierra esas metas.
La decisión en materia de recursos naturales es potestad constitucional de las provincias. Las medidas que se adopten deben responder al proyecto de desarrollo y plena inclusión de todos los salteños.
Sería conveniente que el estado nacional, como primera medida, devuelva a las provincias la enorme deuda contraída y no reconocida, que respete las autonomías provinciales y que genere un escenario favorable a la inversión, la producción y la exportación, con políticas racionales y con visión federal.