La Justicia de Tartagal condenó esta semana a un profesor de escuela primaria de General Mosconi a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por contactarse con una niña con fines sexuales a través de medios electrónicos (grooming), delito previsto en los artículos 131 y 45 de Código Penal. Los hechos sucedieron en 2017, cuando el condenado tenía 34 años.
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La Justicia de Tartagal condenó esta semana a un profesor de escuela primaria de General Mosconi a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por contactarse con una niña con fines sexuales a través de medios electrónicos (grooming), delito previsto en los artículos 131 y 45 de Código Penal. Los hechos sucedieron en 2017, cuando el condenado tenía 34 años.
En el juicio se acreditó que, a partir de un grupo de WhatsApp conformado por motivos escolares, el profesor comenzó a enviar mensajes privados a una alumna de séptimo grado, con fotografías y videos con contenido sexual. A través de una compañera de la víctima, la maestra y la directora de la escuela tomaron conocimiento y llamaron a la madre de la niña, que inmediatamente radicó la denuncia.
El proceso judicial contó con la intervención del asesor de Incapaces 1 de Tartagal, Juan José Andreu; la Defensora de Violencia Familiar y de Género, Andrea Magadán, como querellante; la Fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez; la Defensora Penal, Natalia Pagani. El fallo fue firmado por el Juez de Tribunal de Juicio, Sala II, Anastasio Vázquez Sgardelis.
Para el Asesor de Incapaces Andreu, “esta condena pone el foco en un nuevo delito, el grooming, que requiere la atención de la Justicia, pero sobre todos de los padres y responsables de niños y adolescentes, que deben estar atentos ante el incremento en el uso de las redes sociales y las facilidades que encuentran en esas herramientas los abusadores”.
En la audiencia, el Asesor Andreu coincidió con el alegato de la querellante Andrea Magadan, quien calificó el hecho como un “avasallamiento absoluto" de la vida de la niña y que "se trató de una invasión de un adulto a un niño, y como profesor conocía que no podía ni debía introducir una menor al mundo de los adultos”. Ambos hicieron especial hincapié en las reglas de conductas para el abusador.
Como medidas complementarias, el condenado deberá fijar domicilio y someterse al control de un patronato, además de abstenerse de acercarse a la víctima a una distancia menor de 200 metros o tratar de contactarla por cualquier medio.
También tendrá que someterse a un tratamiento psicológico y realizar capacitaciones on line del Ministerio de Justicia de la Nación en “Introducción de Derechos Humanos” y sobre “Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”.
Asimismo, se ofició al Servicio Médico del Poder Judicial para que obtenga sus señas particulares y al Cuerpo de Investigaciones Fiscales para que procesa a la extracción del material genético del condenado, a fin de asignarle el Dato Único de Identificación Genética, para su posterior inscripción en el Registro Provincial de condenados vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.