El corte de ruta que en la localidad de General Mosconi lidera el wichí Benito Pereyra fue puesto en tela de juicio, no por los cientos de automovilistas impedidos de desplazarse libremente por la ruta nacional 34, que son quienes desde hace más de una semana padecen por esta medida, sino por los propios originarios.
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El corte de ruta que en la localidad de General Mosconi lidera el wichí Benito Pereyra fue puesto en tela de juicio, no por los cientos de automovilistas impedidos de desplazarse libremente por la ruta nacional 34, que son quienes desde hace más de una semana padecen por esta medida, sino por los propios originarios.
Los originarios que mantienen cortada la ruta pertenecen a la comunidad Arenales, ubicada entre el aeropuerto y la entrada sur de la localidad de General Mosconi, y exigen la instalación de redes eléctricas en esa comunidad. Pero el motivo por el cual la prestataria del servicio en la provincia de Salta, Edesa, no puede avanzar con los trabajos tiene una razón muy simple: el Ente Regulador de los servicios públicos ya emitió una resolución mediante la cual impide la realización de los trabajos por parte de la prestataria del servicio por existir un litigio judicial entre los titulares de finca El Amparo, perteneciente a la firma León y Chibán, quienes ya solicitaron ante la Justicia y el propio Ente que no se realicen trabajos de ninguna naturaleza sobre el lote N´ 1565, donde está asentada esa comunidad y otras aledañas, por pertenecer a la misma finca privada y que se encuentran en litigio.
Pero las razones no son escuchadas por los originarios, que mantienen ese corte, al que se suma también el de Coronel Cornejo, donde los pobladores exigen la municipalización de esa comunidad que pertenece al municipio de Mosconi.
Un dirigente de Arenales
Victorino Lorenzo, un antiguo dirigente de Arenales, desacreditó la medida de protesta tan drástica que encabeza Benito Pereyra y explicó: "La empresa Edesa no puede iniciar ningún trabajo dentro de los predios porque existe una medida de no innovar. No se pueden hacer trabajos dentro del terreno numero 1.565 porque para eso se tiene que levantar esa medida judicial. Pero, además, Benito Pereyra como muchos que se dicen caciques no tienen autorización y no pueden exigir ninguna obra en esos terrenos porque el tema está en la Justicia, porque sencillamente se trata de un juicio de la firma propietaria de esos precios . Solo cuando se levante la medida de no innovar y el cacique lo solicite se puede comenzar con algun tipo de obra".
Para el dirigente originario que se mostró en contra del corte de ruta y de toda medida de presión para conseguir la electrificación "el problema más grande es la política de los organismos como el IPPIS y el INAI, que en lugar de trabajar para las comunidades las terminan dividiendo. El juicio al que me refiero y por el que Edesa no puede avanzar con los trabajos está sobre las 1.253 hectáreas y las fracciones ubicadas al este de la ruta 34 son la A y la B, y al oeste está la fracción C, donde se ubicó Benito Pereyra. Nosotros como autoridades habíamos conseguido un subsidio para que la comunidad tenga iluminación. Le dimos luz, tenía su medidor y el intendente le dio casa; pero el problema es que él quiere ser autoridad".
Con un conocimiento pleno de la situación, el dirigente wichi precisó que Pereyra y dirigentes de otras comunidades "no son actores en la demanda judicial, por tanto no pueden ejercer derecho alguno. Les explicamos a los muchachos pero el IPPIS y el INAI les han otorgado personería jurídica a esas comunidades pero no se ocupan de ver ni siquiera dónde están esas comunidades. Es por eso que están en fincas que son privadas, se asientan en cualquier lugar y se autodeterminan como autoridades, y detrás de eso vienen los problemas. Se debe rever el rol de las instituciones indígenas, porque nunca han bajado a traba jar con las comunidades", dijo.