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Júbilo tras la absolución de Lucía Ruiz y otros tres campesinos

Enfrentaron un juicio penal por una disputa territorial recalentada por desmontes.
Martes, 01 de junio de 2021 02:32

Ayer, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de la provincia celebraron la absolución de Lucía Ruiz, Antonio Guerra, Carlos Guerra y Omar Cruz, tras el juicio que enfrentaron en Tartagal bajo cargos de robo, coacción, abuso de armas y daños.

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Ayer, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de la provincia celebraron la absolución de Lucía Ruiz, Antonio Guerra, Carlos Guerra y Omar Cruz, tras el juicio que enfrentaron en Tartagal bajo cargos de robo, coacción, abuso de armas y daños.

Los cuatro campesinos habían sido acusados por una denuncia enmarcada en una disputa territorial que puso a la zona de Dragones en tensión por actividades de desmonte contra las que los pequeños productores de la ruta 81 opusieron una férrea resistencia.

Al cabo de las tres jornadas que tuvo el debate oral y público, el juez Anastasio Vázquez Sgardelis, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, los absolvió del delito de robo por el beneficio de la duda. Así lo informó el Poder Judicial de la Provincia en su sitio oficial, donde también señaló que fueron sobreseídos de los demás cargos por la prescripción de las acciones.

Desde 2010 Lucía Ruiz y los otros tres puesteros criollos defienden posesiones en el lote Colonia La Juanita y La Santafesina. Allí, reaccionaron contra un grupo de empresarios que empezó a avanzar con picadas en una zona que está pintada de amarillo (color que caracteriza a áreas con mediano valor de conservación, donde los desmontes están restringidos) en el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.

El defensor oficial Multifuero de Embarcación, Luis Véliz, quien asistió a Lucía Ruiz y Antonio Guerra durante el proceso, había solicitado la absolución lisa y llana de ambos.

"Estamos satisfechos con lo resuelto", manifestó el defensor oficial del departamento San Martín, tras sostener que la querella mostró su "impiedad" al pretender llevar a la cárcel a Lucía, luego de manifestar que, en libertad, los campesinos acusados eran "una amenaza".

Por su parte, el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, hizo un especial reconocimiento a la tarea defensiva desarrollada por Véliz y remarcó que "el fallo resulta auspicioso y alentador".

El funcionario afirmó que "las pretensiones de expansión territorial en desmontes e intereses económicos deben dirimirse en otros ámbitos, pero no en el fuero penal". Por último, expresó que es "inconcebible en el siglo XXI que se utilice la amenaza o expectativa de prisión a las personas, cuando se está discutiendo la legalidad o no de desmontes y disputas territoriales con pequeños poseedores".

El juicio penal que tuvo como principal acusada a Lucía Ruiz encerró una verdadera ironía, porque la dirigente de organizaciones criollas del Chaco salteño fue reconocida en el Congreso de la Nación en 2015 por su compromiso con la "defensa de los derechos humanos, ambientales y de acceso a la tierra".

Con esos términos, el Senado de la Nación distinguió a la líder de la Organización Campesina Unión y Progreso con el premio "Berta Cáceres" hace seis años.

Ruiz proviene de una familia criolla con largo arraigo generacional en la zona de El Pértigo, un paraje del Chaco salteño ubicado a 25 kilómetros de la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo), en Rivadavia Banda Norte.

Su nombre resonó en diferentes rincones del mundo en diciembre de 2019, cuando invitada a la Cumbre de Cambio Climático de España pidió "que el mundo grite por más arboles".

Apoyos que se hicieron sentir en el proceso

Lucía Ruiz y los otros tres referentes campesinos que enfrentaron el juicio oral y público en Tartagal, la ciudad cabecera del departamento San Martín, no solo contaron con un enérgico acompañamiento de las organizaciones criollas del Chaco salteño y la asistencia de la defensa pública de la provincia. También recibieron el firme apoyo de numerosas organizaciones políticas, sociales, ambientales y de derechos humanos, que manifestaron su interés en intervenir en el proceso bajo la figura de ‘amicus curiae‘ (amigos del tribunal).
Los orígenes de la causa que las movilizó se remontan hasta 2010, cuando Lucía Ruiz denunció desmontes realizados en la zona de Colonia La Juanita y La Santafesina. Ante su presentación, la jueza Ada Zunino, de Tartagal, dictó una medida cautelar a su favor.
En 2015, junto a Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz se plantó nuevamente contra los empresarios a los que había denunciado años antes. En el contexto de esa tensa disputa fue que ella y los otros tres referentes criollos terminaron acusados de “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”. A lo largo del proceso los campesinos afirmaron que, en connivencia con el poder político local y la policía, uno de los empresarios utilizó a un empleado para fabricar la causa junto con otros tres trabajadores.
 

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