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El Senado no trató el pedido de desafuero del "Topo" Ramos

Hoy el juez debe decidir sobre la apelación de la defensa. Si avanza el proceso judicial puede ser inhibido como candidato.
Lunes, 14 de junio de 2021 02:24

Una notificación electrónica de un juez solicitando el desafuero del senador provincial Sergio Omar Ramos, imputado en una causa por peculado, no fue tenida en cuenta por la Cámara Alta, habida cuenta que los temas de la labor parlamentaria son informados solo mediante el formato de papel.

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Una notificación electrónica de un juez solicitando el desafuero del senador provincial Sergio Omar Ramos, imputado en una causa por peculado, no fue tenida en cuenta por la Cámara Alta, habida cuenta que los temas de la labor parlamentaria son informados solo mediante el formato de papel.

La insólita disposición permitió a la defensa del senador por Rosario de Lerma apelar la medida del Juzgado de Garantías a cargo del juez Ignacio Colombo. El fin era ganar tiempo para no quitarle la inmunidad al legislador, que se ve acorralado nuevamente por la Justicia, ante una imputación por el delito de "peculado" de fondos que fueron girados por el Ministerio de Trabajo de la Provincia para la construcción de viviendas destinadas a familias humildes.

"No le pintaron, por ahora, los dedos a Ramos, porque el Senado solo acepta para su tratamiento documentación en papel, y esto puede demorar también, porque el abogado que defiende a Ramos presentó, a su vez, una apelación ante el requerimiento del juez. Es decir que este método de recibir solo documentación de papel para ser tenida en cuenta en la Cámara Alta terminó por hacer ganar tiempo a la defensa del legislador, para que pueda apelar antes de que llegue como corresponde al Senado el pedido de desafuero", explicó Mauro Martina, asesor legal del municipio de Rosario de Ler ma.

Denuncias del año 2017

El abogado también estuvo en la gestión del exintendente Ignacio Jarsún, en el año 2017, cuando se lo denunció en cinco oportunidades y por distintos hechos de corrupción al ahora senador Sergio Ramos.

"No entiendo cómo el Senado, sabiendo de la notificación del juez de Garantías pidiendo el desafuero de Ramos, no indagó para saber el curso de esta resolución judicial", se preguntó Martina de manera retórica. Y agregó: "Queda bastante mal parado ante la sociedad el Senado de la Provincia. Como notitia criminis, se hubiera hecho aunque sea una reserva especial para tratar el tema. Este jueves solo se trató la situación personal de otro senador por una causa policial. Y de la de Ramos, se olvidaron".

Este caso de gravedad institucional termina dando oxígeno al senador, en una desesperada estrategia para salvarse de una posible inhibición de candidatura, dado que Ramos busca su reelección en el cargo por el departamento Rosario de Lerma.

"Está evadiendo a la Justicia"

"El desafuero solicitado por el juez de Garantías de forma acertada busca la verdad en un hecho caratulado como peculado. Ramos sigue evadiendo a la Justicia y ahora, valiéndose de una apelación y el silencio de la Cámara de Senadores", espetó Martina.

De hecho la notificación tiene fecha 3 de junio y en su punto IV de la resolución dice "regístrese, notifíquese, protocolícese y cúmplase", Ignacio Colombo, juez del Juzgado de Garantias 2ª Nominación.

Este jueves 10, en la sesión de la Cámara Alta, ningún senador advirtió de esta resolución publicada en numerosos medios de la provincia y el país.

El juez decide la apelación

También es cierto que Ramos, a través de su abogado, Darío Palmier, frenó el envío del pedido de desafuero presentando un recurso de apelación contra la resolución del juez Colombo. Entonces se obliga ahora al magistrado a resolver el requerimiento y frenar la notificación formal (en formato de papel) del pedido al Senado.

En consecuencia, si el juez de Garantías rechaza esta apelación, se insiste de manera formal (en papel) el requerimiento de desafuero a la Cámara de Senadores. El juez deberá resolver este recurso hoy a más tardar, ya que el 3 de junio se presentó el requerimiento fiscal de juicio, entendiendo la representante del Ministerio Público que la investigación penal preparatoria se encontraba concluida y se cuentan con los elementos convictivos necesarios para remitir la causa a la etapa de juicio.

 

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