El litio se ha convertido en un "mineral estrella" a partir del auge de los automóviles eléctricos. Se lo llama por eso "oro blanco" y los más prometedores yacimientos del mundo se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina. En nuestro país, en Salta, Catamarca y Jujuy.
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El litio se ha convertido en un "mineral estrella" a partir del auge de los automóviles eléctricos. Se lo llama por eso "oro blanco" y los más prometedores yacimientos del mundo se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina. En nuestro país, en Salta, Catamarca y Jujuy.
De acuerdo con la Constitución Nacional reformada en 1994, la propiedad y la administración de los recursos mineros corresponde a las provincias. No obstante, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, así como las empresas locales, manifiestan preocupación por las iniciativas emanadas desde el Poder Ejecutivo para avanzar hacia la nacionalización del litio.
Según la Agencia Internacional de la Energía para los 50 millones de vehículos eléctricos que se construirán antes de 2050 se requerirán 40 millones de toneladas de litio para las baterías. Por lo pronto, se estima que en 2030 la Argentina podría exportar US$ 2.000 millones, es decir, diez veces más que ahora.
El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró en Salta que el Gobierno no tiene la menor intención de nacionalizar el litio. Sin embargo, un sector dominante del oficialismo, el kirchnerismo, ya impulsa varios proyectos orientados claramente en esa dirección. Fieles a la consigna del "vamos por todo", buscan declararlo "mineral estratégico" y crear con ese espíritu organismos controlados por el poder central. Tanto la extracción como la industrialización de los recursos mineros son intereses fundamentales de las provincias. Estas deben gestionar acuerdos y contratos que aseguren que la minería en general no se limite a la actividad extractiva y donde las empresas se comprometan a cumplir acuerdos de beneficio mutuo, con inversiones de alto impacto social y aportes tributarios concretos y verificables
Los diputados Carlos Heller y Marcelo Koenig, que expresan el pensamiento de Cristina Fernández, elaboran ya sus proyectos de ley para impulsar la nacionalización y la intervención estatal. Para no dejar dudas, Koenig sostuvo en declaraciones radiales que si su proyecto no prospera "Salta, Jujuy y Catamarca dilapidarán el litio".
Los senadores Guillermo Snopek (Jujuy) y Sergio N. Leavy (Salta), presentaron un proyecto que establece "el carácter estratégico nacional" y dispone la creación de una Empresa Federal del Litio integrada "mayoritariamente por el Estado nacional" y a la que serán invitadas Jujuy, Salta y Catamarca que podrán ingresar "con una participación máxima del 10% cada uno de ellos".
Asimismo, los diputados Lucas Godoy, de Salta, y María Carolina Moisés, de Jujuy, presentaron su proyecto de ley para que se declare "como recurso natural de carácter estratégico nacional" las reservas minerales y que crea el Instituto Nacional para el Aprovechamiento Integral del Litio, encabezado por ministros nacionales. Declararlo como un "recurso estratégico" supone introducir un mayor control del poder central en la industria de extracción y procesamiento de este mineral.
Al mismo tiempo, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, ya entabló negociaciones con el gobierno de Luis Arce para llevar adelante una estrategia internacional en torno al litio. La idea es elaborar un protocolo de trabajo conjunto con Bolivia y fijar reglas de juego comunes con el sector privado extranjero.
El litio, según la Constitución y como todos los minerales, es de las provincias. Todos estos proyectos crean las condiciones para una avanzada centralista en el manejo de cualquier mineral que resulte interesante. La inseguridad jurídica que generan estas iniciativas de nacionalización atentan contra la confianza de los inversores.
La posición de la secretaria de Minería, Flavia Royon, y de los empresarios salteños debería ser categóricamente respaldada por el Gobierno provincial y por todos los legisladores nacionales.
Las provincias somos parte de la Nación, y la Constitución es la norma que regula a todos los niveles del Estado.
Mientras no se resuelvan las inequidades que nos postergan y, en cambio, la prepotencia del poder central las profundice, la calidad de vida y el desarrollo regional seguirán postergados y en decadencia.