Referentes de distintos espacios sociales y políticos, así como independientes, invitaron a marchar hoy contra la violencia machista que atraviesa a toda la sociedad en distintas dimensiones. La manifestación se hace a nivel nacional por séptimo año consecutivo en la misma fecha bajo la consigna "Ni una Menos". Si bien los pedidos son muchos y amplios, una de las demandas centrales tiene que ver con una reforma judicial feminista de manera urgente, para que no haya más impunidad en los femicidios ni violencia institucional.
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Referentes de distintos espacios sociales y políticos, así como independientes, invitaron a marchar hoy contra la violencia machista que atraviesa a toda la sociedad en distintas dimensiones. La manifestación se hace a nivel nacional por séptimo año consecutivo en la misma fecha bajo la consigna "Ni una Menos". Si bien los pedidos son muchos y amplios, una de las demandas centrales tiene que ver con una reforma judicial feminista de manera urgente, para que no haya más impunidad en los femicidios ni violencia institucional.
Mujeres de distintas organizaciones ofrecieron ayer una conferencia de prensa para difundir la convocatoria. Pese a la pandemia, consideraron que el contexto social y los casos de violencia, agudizados en muchos casos por el confinamiento, plantea la necesidad de salir a la calle.
Sofía Fernández, de La Fuerza de las Mujeres, expresó que reclaman "justicia por las que ya no están" y aparición con vida de "todas las mujeres desaparecidas en democracia". Se refirió especialmente a Tehuel, un joven trans que salió a buscar trabajo el 11 de marzo en Buenos Aires y no regresó, y a Gala Cancinos, quien desapareció de Salta en mayo de 2017 y ahora buscan como "Santiago", nombre que afirman que se corresponde con su identidad de género.
Gabriela Jorge, del Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero, evaluó que en los últimos años se profundizó la impunidad: "Llevamos siete años de emergencia en violencia de género y los organismos que se han creado, como juzgados y fiscalías, han demostrado que son una gran traba para las mujeres".
La militante expresó que el vínculo entre la Justicia y el poder político "hace que se den situaciones como la perimetral a la familia Peñalva (por las muertes de Luján Peñalva y Yanina Nuesch), denunciada por la Comisión de Familiares de Víctimas de Femicidio".
Mencionó que, si bien esta familia pudo acceder a un peritaje propio, que contradijo la tesis oficial, "la Justicia no solo no lo tomó, sino que desde el Ministerio Público Fiscal se estableció una perimetral para evitar una denuncia".
Jorge aseguró que todos los días decenas de familias se movilizan a Ciudad Judicial contra la impunidad: "Los familiares piden tener peritos elegidos por ellos y pagados por el Estado. Esto permitirá que, más allá de los recursos que tienen, accedan a una investigación de estas características".
Las mujeres cuestionaron que haya jueces acusados de violencia de género, como Federico Diez, a cargo de casos de femicidios, como el de Jimena Salas. Consideraron que eso genera "impunidad".
También se refirieron al caso de Yolanda Vargas, quien enfrenta una causa judicial tras la muerte de sus dos hijos en una vivienda precaria en Colonia Santa Rosa.
Aranzazú Guevara evaluó que Yolanda representa a muchísimas mujeres con trabajos precarizados, lo que hace que se agrave la violencia que sufren: "Ella dejó a sus hijos en su casa porque no tenía otra opción... El padre no le pasaba una cuota alimentaria, ella no tenía trabajo formal, no había una guardería donde dejarlos... Perdió a sus hijos y encima ahora es considerada responsable, cuando sabemos que el Estado y la violencia estructural que sufre son los responsables. Queremos justicia por sus hijos y que se la sobresea".
Sofía Fernández destacó que "muchas mujeres violentadas son obligadas a vivir con sus violentadores o con las madres de ellos". "Hay mujeres que han denunciado violaciones dentro del hogar y han sido expulsadas con los niños violados a cuestas. Algunas viven en situaciones de vulnerabilidad extrema, con sus hijos que no tienen asignación universal y no han recibido respuestas de ningún estamento", expresó. "En este momento, nuestro mayor peligro no es la pandemia, sino la violencia institucional que ejerce el Estado sobre nosotras", agregó.
Ana Paula Bautista, de Juntas y a la Izquierda, cuestionó que se prioricen cuestiones como pagar la deuda externa y no destinar presupuesto para combatir la violencia de género. "Cuando empezó la pandemia, vimos cómo aumentaron los casos de violencia... Por más ministerios y oficinas que se creen, no hay respuestas concretas para las mujeres", planteó.
Otra demanda tiene que ver con el acceso pleno a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), garantizada por ley N§ 27610.
"La mayoría de los profesionales se declararon objetores de conciencia, pero eso no puede ser un obstáculo para acceder a la práctica", expresó Guevara. Cuestionó que no se capacite al personal en la aspiración manual endouterina (AMEU): "Es una práctica muy sencilla que evitaría los legrados innecesarios que, además de ser invasivos, generan ocupación de camas".
El movimiento Ni Una Menos surgió en 2015, luego de una serie de femicidios, cuando organizaciones de mujeres convocaron a marchar en todo el país el 3 de junio para repudiar la violencia machista. Desde entonces, la marcha se viene replicando cada año.
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