Otra vez Sergio Omar Ramos, el exintendente y ahora senador provincial por Rosario de Lerma, deberá comparecer ante la Justicia como un ciudadano común.
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Otra vez Sergio Omar Ramos, el exintendente y ahora senador provincial por Rosario de Lerma, deberá comparecer ante la Justicia como un ciudadano común.
Está imputado por peculado por los fondos aportados por la Provincia para la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto de empresa social cuyo fin era la construcción de casas prefabricadas en el humilde barrio Islas Malvinas.
Tal proceso judicial permitirá llevar a juicio al exintendente por la causa que se lo acusa.
Ramos, con artilugios judiciales y ostentando su calidad de senador provincial y sabiendo que el artículo 121 de la Constitución Provincial establece la inmunidad de arresto a diputados y senadores, obvió, en seis oportunidades, presentarse ante la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odoriso, aduciendo de manera reiterada y sostenida como única causal de incomparecencia "compromisos políticos" de "ineludible presencia".
En rebeldía
Esta rebeldía ante la Justicia tuvo un desencadenante que no esperaba el actual senador. En estas horas se conoció el pedido de desafuero por parte del Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez Ignacio Colombo. "Se solicita se proceda a la identificación del sindicado Sergio Omar Ramos mediante la extracción de fichas dactilares, lo que pide se ejecute en forma compulsiva, previo desafuero del mismo y teniendo en cuenta el cargo electivo que detenta el imputado", dice la notificación judicial
En todo su contenido señala la situación procesal de Ramos y termina la misiva pidiendo "a la Cámara de Senadores de la provincia de Salta el desafuero de Sergio Omar Ramos, quien ostenta el cargo de senador provincial por el municipio de Rosario de Lerma, a los efectos de proceder a la extracción compulsiva de fichas dactilares y la confección del prontuario".
Recuerda la notificación judicial a los integrantes de la Cámara Alta de la Provincia que "corresponde poner en conocimiento de la Cámara de Senadores que media acusación formal en contra del senador Ramos. En efecto, el artículo 122 establece que "cuando se deduzca acusación ante la Justicia ordinaria contra un senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada cámara con dos tercios de votos de los miembros presentes suspender en sus funciones al acusado".
De esta manera la Justicia recordó que no sería necesario el proceso de desafuero contra Ramos en caso de que la cámara decidiera suspenderlo de sus funciones como legislador, con los dos tercios de los votos de los senadores presentes.
Otra imputación por peculado con la misma maniobra
Luego de archivarse la famosa causa de los intendentes iniciada en la década del 90, Ramos siguió siendo intendente.
Por su última gestión también tuvo denuncias por peculado.
En el año 2017 una denuncia del entonces intendente de Rosario de Lerma, Jorge Ignacio Jarsún, reveló la inexistencia de documentación respaldatoria relacionada con el destino de fondos que fueron girados por la Secretaría de Economía Social y Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia.
Se trató de una suma de 341.715 mil pesos, dinero que fue transferido al municipio de Rosario de Lerma entre agosto y noviembre del año 2013.
Según la investigación preliminar realizada por la fiscalía tras la denuncia, dichos fondos fueron girados a la municipalidad, a cargo de Sergio Omar Ramos, para la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto de empresa social denominada “Edificarg”.
La investigación de la fiscalía determinó además que la obra que debía ejecutarse no fue llevada adelante, ya que en el lugar donde debía concretarse no existían indicios que permitieran inferir la realización de la obra, como así tampoco pudo comprobarse que la misma fuera llevada a cabo en otro sitio.
Pudo establecerse que con el dinero recibido únicamente se compraron tejuelas por un monto de $30.000, que fue la única erogación realizada, por lo que se desconoce el destino final de los otros $311.715. También surge que no existen pagos efectuados por el Municipio a la Cooperativa Edificarg, a alguno de sus miembros y/o en concepto del proyecto explicitado.
Esta otra maniobra sospechada por peculado tiene la misma operatoria que la anterior, en el sentido de que se gestionaron y utilizaron fondos públicos para la puesta en funcionamiento de emprendimientos sociales que no llegaron a concretarse.