El Senado salteño aprobó ayer la ley que establece la creación de la fiscalía penal especializada para llevar adelante una persecución eficaz de los delitos que se produzcan en incidentes de tránsito y contra la seguridad vial.
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El Senado salteño aprobó ayer la ley que establece la creación de la fiscalía penal especializada para llevar adelante una persecución eficaz de los delitos que se produzcan en incidentes de tránsito y contra la seguridad vial.
Con este paso y una vez que el Ejecutivo la promulgue, la provincia de Salta se convertirá en la primera provincia del país en crear por ley una fiscalía especializada en materia vial.
La nueva figura jurídica tendrá a su cargo la investigación y la persecución de los delitos que ocurran en ocasión de incidentes viales y delitos contra la seguridad del tránsito.
Para esta ley se dejó de lado el término accidente y se puntualizó el de incidente vial o de tránsito para toda acción u omisión en la que se produzca daño a personas o cosas en ocasión de la circulación en la vía pública.
La fiscalía vial, además, atenderá los requerimientos de las víctimas y articulará con todos los actores intervinientes en la temática, con la finalidad de procurar una mayor protección de los bienes jurídicos esenciales que se encuentran comprometidos, como son la vida y la integridad física de las personas.
Tendrá competencia en todo el territorio de la provincia, funcionará en la ciudad de Salta y en ejercicio de las facultades legales que tiene, el Procurador General de la Provincia será el encargado de dictar la reglamentación.
En la sesión del Senado se hizo notar que al enviar el proyecto de ley a la Legislatura, el procurador Abel Cornejo señaló la conveniencia de la creación de la fiscalía especializada para que lleve adelante una persecución eficaz de los delitos acaecidos en incidentes de tránsito y contra la seguridad vial.
En los fundamentos, Cornejo indicó que, tomando una mirada responsable del conflicto vial, la terminología adquiere una especial preponderancia para el enfoque hacia una perspectiva de persecución penal estratégica por la que la misma sea la de incidentes y no de accidentes.
Explicó que, para afianzar una transformación en materia vial, la denominación adecuada es ‘incidentes viales o de tránsito‘ dado que los hechos a los que aluden dependen de una conducta humana, se trata de sucesos evitables que generan responsabilidad penal por hechos tanto culposos como dolosos que sean consecuencia del tráfico vehicular, mientras que los accidentes son sucesos imprevistos o azarosos.
Durante el debate que se realizó en las dos cámaras de la Legislatura provincial, los legisladores coincidieron en la necesidad de contar con una fiscalía específica por los altos índices de siniestralidad vial que registra la provincia.
Asimismo, plantearon que en la actualidad el tratamiento de las causas por incidentes viales no responde a las necesidades de las víctimas ni a un adecuado tratamiento para el imputado.
Tanto en la Cámara baja como en el Senado el apoyo a la ley fue unánime, ahora queda en manos del Ejecutivo la promulgación y liego la disponibilidad de recursos del Ministerio Público para que comience a caminar la fiscalía especializada en delitos viales.
Otras leyes
Los senadores también dieron media sanción a un proyecto de ley que impulsa la adhesión de la provincia a la ley nacional 26-277 que declara el 12 de julio como “Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América”, en conmemoración del nacimiento de Juana Azurduy de Padilla. El proyecto pasó en revisión a Diputados.
También sancionó la ley que envió el Ejecutivo para sustituir el artículo 185 del Decreto Ley 9/75, Código Fiscal de la Provincia de Salta, referente al Régimen Simplificado del Impuesto a las Actividades Económicas de carácter obligatorio, para pequeños contribuyentes jurisdiccionales de la provincia. Pasó al Ejecutivo para la promulgación.
Recursos mineros
En la sesión de ayer, el Senado se manifestó en defensa del derecho constitucional que tiene la provincia sobre sus recursos mineros.
La declaración aprobada reafirma la voluntad del Senado de defender el derecho de la provincia a disponer y gestionar, sus recursos mineros en este caso la producción de litio, y rechaza el intento de nacionalizar la explotación de los mismos.
El pronunciamiento, impulsado por el senador Guillermo Durand Cornejo, fue apoyado por la mayoría del cuerpo y tuvo un voto en contra del senador Javier Mónico, quien fundamentó su postura en que desconoce si en realidad hay un proyecto para nacionalizar el litio.