Los intentos por mejorar los salarios de empleados públicos y las jubilaciones en términos reales en el largo plazo chocan con una realidad que impide llevar a cabo ese propósito, ya que en los últimos veinte años se duplicó la cantidad de beneficiarios.
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Los intentos por mejorar los salarios de empleados públicos y las jubilaciones en términos reales en el largo plazo chocan con una realidad que impide llevar a cabo ese propósito, ya que en los últimos veinte años se duplicó la cantidad de beneficiarios.
De acuerdo con un análisis de la Fundación Mediterránea del 2000 al 2020 se pasó de 2,2 millones a 3,6 millones de agentes públicos en los tres niveles (nacional, provincial y municipal), en tanto la cantidad de jubilados subió de 3,3 millones a 6,8 millones, totalizando entre ambos un alza de 5,5 millones a 10,6 millones de personas.
Ese aumento en la dotación de personal y beneficiarios del sistema previsional generó un gasto acumulado extra de 1,2 billones de dólares entre 2002 y 2020, casi diez veces más que lo que se recaudó en el mismo período por retenciones (US$ 137.202 millones) o por el impuesto al cheque, creado "en forma transitoria" en 2001 (US$ 126.498 millones).
En América Latina
El trabajo de la Fundación asevera que el gasto en personal de la Argentina es el mayor en América Latina: en 2019 representó el 11,5 por ciento del producto interno bruto, considerando los tres niveles de gobierno.
Brasil es el país que la sigue, con un gasto en personal de 9,6 por ciento del PIB, también en los tres niveles de gobierno.
En tanto que Chile, Uruguay y Perú (unitarios) y México (federal) gastan en personal en el sector público el equivalente a entre 5,8 y 7,2 por ciento del PIB.
"Podría decirse que se puede tener una cantidad exagerada de empleados públicos con salarios reales relativamente bajos, o una cantidad ajustada de agentes públicos con buenos salarios, pero a largo plazo resulta imposible tener un exceso de empleados estatales con salarios también altos", señala el documento.
"Algo similar puede decirse para el caso del sistema previsional", sostiene el estudio realizado por los economistas Marcelo Capello y Jonás Alvarado.
En el informe, se consideró que "por un aumento exagerado en la cantidad de agentes públicos y jubilados/pensionados ocurrido entre 2003 y 2015, la suma del gasto en salarios y jubilaciones subió hasta niveles difíciles de sostener a largo plazo".
"De hecho luego de 2015 sobrevino un proceso de ajuste en salarios y desde 2017 en los haberes jubilatorios, en términos reales, que se prolongó hasta el año 2020, y perdura aun en los primeros meses de 2021, añadieron los autores de la investigación.
Al respecto, precisaron que entre 2003 y 2017 el gasto real (no los haberes) de jubilaciones y del empleo público aumentó un 190 por ciento. Esto se mantuvo hasta que la imposibilidad de sostenerlo derivó en los últimos tres años en un ajuste del 12 por ciento.
Para los economistas, el "punto de inflexión" de este proceso "estuvo dado tras la fuerte suba del déficit fiscal hacia el final del segundo período del gobierno de (Cristina) Fernández de Kirchner", en el que el déficit primario pasó de 0,2 por ciento en 2011 a 3,8 por ciento en 2015.
Ese alto desbalance se mantuvo alto en los dos primeros años de la administración de Mauricio Macri (-4,2% en 2016 y -3,8% en 2017), pero "una vez que ese déficit y el consecuente endeudamiento se volvieron insostenibles, comienza un fuerte ajuste fiscal implícito desde 2018, que se prolonga hasta 2020 y los primeros meses de 2021".
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