El decreto del Poder Ejecutivo que reforma una ley mezquina sancionada por el Congreso abre las puertas a la adquisición de nuevas vacunas y muestra, al mismo tiempo, la incapacidad de los gobernantes argentinos para llevar adelante una campaña sanitaria consistente.o
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El decreto del Poder Ejecutivo que reforma una ley mezquina sancionada por el Congreso abre las puertas a la adquisición de nuevas vacunas y muestra, al mismo tiempo, la incapacidad de los gobernantes argentinos para llevar adelante una campaña sanitaria consistente.o
La introducción de último momento del concepto "negligencia" en el texto de la Ley 27.573 tuvo un solo propósito: obstruir los acuerdos con los laboratorios estadounidenses Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna. Fue una decisión unilateral de los legisladores oficialistas inspirada en razones políticas: alinear a nuestro país con los intereses de China y de Rusia, aún a costa de la salud de los argentinos.
El sentido común y la responsabilidad cívica indicaban, desde el comienzo, que una pandemia de las características de la COVID-19 requería una estrategia sanitaria resguardada de cualquier especulación electoral. Porque con especulaciones no se frena un virus ni se puede salir del pozo que produjo la caída de casi un 10% de la actividad eco nómica.
La salud es un interés de la Nación y nada justifica las peleas facciosas como las que se multiplican en la Argentina. Una decisión inteligente y consensuada hubiera permitido tener hoy muchas más personas vacunadas.
La política no debe alimentar resentimientos, pero mucho menos en tiempos de emergencia. Durante los casi 16 meses transcurridos desde que comenzó la cuarentena se han multiplicado las conductas y los discursos discriminatorios cargados de odio de clases. El cierre compulsivo de los aeropuertos y la prohibición del ingreso de los 45 mil argentinos varados en el exterior no solo es violatorio de los derechos constitucionales, sino que intenta castigar y estigmatizar a quienes se trasladan a otro país para darse las vacunas que aquí se demoran y retacean.
Buscar un enemigo a quien culpar y combatir es un rasgo distintivo de todos los populismos, que intentan disfrazar de esa manera su incompetencia y carencia de proyecto.
Ante lo inesperado de la pandemia, lo correcto hubiera sido comprar todas las vacunas posibles, con la única condición de que fueran buenas. Desligar a la política de la campaña sanitaria y, sobre todo, tratar de cumplir el programa acordado con la Organización Mundial de la Salud. La Argentina es uno de los países con atraso significativo en la aplicación de la segunda dosis, simplemente porque los proveedores privilegiados no están en condiciones de cumplir sus compromisos
Por eso, no fue la política la que destrabó el obstáculo legal absurdo y prejuicioso contra el ingreso de vacunas estadounidenses. Fue la sociedad. El oficialismo no tuvo cómo responder a la red de padres de cien mil niños y adolescentes discapacitados que pedían que se les aplique la única vacuna habilitada para menores de edad.
Para no dar el brazo a torcer y no reconocer la irresponsabilidad del oficialismo en el Congreso, optaron por hacerlo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Tardío, porque desde diciembre a la fecha se duplicó el número de muertos por COVID-19: pasaron de más de 48.000 a más de 95.000.
Los cambios introducidos en el decreto promulgado por Alberto Fernández buscan moderar la desconfianza que el país genera en los extranjeros. Sería fundamental aprovechar esta experiencia para asumir que la inestabilidad de las leyes, las conductas impredecibles de los funcionarios, la crisis macroeconómica y las políticas demagógicas erosionan la seguridad que necesita transmitir el país.
En el decreto se suprime la "negligencia" como supuesto de responsabilidad para los laboratorios. El Estado se hace cargo de cualquier complicación por la vacuna y para eso crea un "Fondo de Reparación COVID-19". Además, se elimina la inmunidad de ejecución a las regalías y a los denominados "bienes privados del Estado", que son inmuebles o muebles sin dueño o adquiridos por cualquier motivo.
La pandemia nos ha enseñado, al costo de muchas vidas, que la improvisación y la incapacidad para consensuar estrategias causan un daño muy grande a la salud y a la paz social, al tiempo que ponen en duda la capacidad de la dirigencia política para resguardar la vida, la libertad y los bienes de los argentinos.