El ingeniero ambiental Enrique “Quique” Prado, exintendente de Aguaray imputado en la Justicia federal junto a otras 10 personas, entre ellos empresarios y exfuncionarios, por el robo de caños del gasoductos del NEA, escribió una extensa misiva donde expresa su parecer en relación a la causa, que en la actualidad lo tiene preso y en pleno juicio.
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El ingeniero ambiental Enrique “Quique” Prado, exintendente de Aguaray imputado en la Justicia federal junto a otras 10 personas, entre ellos empresarios y exfuncionarios, por el robo de caños del gasoductos del NEA, escribió una extensa misiva donde expresa su parecer en relación a la causa, que en la actualidad lo tiene preso y en pleno juicio.
Prado no escatima críticas al fiscal penal Eduardo Villalba y hacia toda la investigación llevada adelante. En tercera persona, aseguró que “los imputados son todos perejiles” y que el propio Villalba fue estafado por el imputado arrepentido Adrián Vera, quien dio pie luego de ser detenido por orden del juez federal de Orán, Gustavo Montoya, a la imputación de todos los involucrados en la causa.
“Como es por todos conocido, el caso del robo de caños del GNEA en el norte de la Provincia de Salta puso en vilo a todo un país por tremenda estafa y maniobra perpetrada por el mismo Estado, para robarle al Estado, y donde la víctima termina siendo el mismo Estado, son las palabras textuales que usó el Fiscal General Dr. Eduardo Villalba, en su exposición frente el Tribunal de Juicio en la primera audiencia de debates el pasado 24 de junio del año en curso”, dice la carta abierta del exintendente de Aguaray.
Prado, al referirse a la argumentación esgrimida por el fiscal Villalba, en la primera audiencia realizada el pasado 24 de junio, la consideró escueta y descabellada, dio los argumentos del caso y atribuyó las responsabilidades a los 10 imputados en la causa, terminando su exposición diciendo de que se trataba de una película de ciencia ficción, como esas que vemos cotidianamente en una plataforma de Netflix.
Cabe señalar que ayer se realizó la segunda audiencia, en la que varios testigos prestaron declaración y en la que el fiscal federal tuvo participación vía Zoom.
“Luego -según el relato de Prado- fue el turno de exposición de la querella, a cargo del Dr Smith, en representación de la Empresa IEASA -exenarsa- quien dio detalles del daño económico que sus representados habían sufrido. Pero lo que llamó la atención fue que exponía un faltante de 8 kilómetros de cañerías, cuando el mismo fiscal anunciaba durante toda la investigación un faltante de un total de 35 km de caños”, dijo.
Al respecto cabe señalar que Fernando Teseyra, el abogado salteño que defiende a Prado, argumentó que pedirá la absolución lisa y llana, ya que toda la línea de investigación estuvo basada solamente en el testimonio de un supuesto arrepentido, a quien hoy la Fiscalía sostiene como la “vedette del caso”, para que el juicio no se caiga.
Teseyra, con total claridad, expresó que “en este juicio se busca la verdad real, por lo que los señores jueces tendrán que dictaminar una sentencia en base a pruebas contundentes y fehacientes, que incriminen directamente a su cliente”.
Hay 10 perejiles en el banquillo
Siguiendo con las exposiciones de defensa de los abogados -refirió Prado-, fue el turno del Dr. Sergio Heredia, quien defiende al señor Marcelo Céspedes y a otros en la causa. Heredia, verborrágico con sus exposiciones, dirigiéndose a los jueces y adelantando que con su equipo ya tienen resuelto el caso en un 90%, a diferencia de sus colegas letrados por ser un abogado investigador, señaló que “el Fiscal general Eduardo Villalba fue estafado por el testigo colaborador, Adrián Vera. Lo que llevó a que toda la investigación fuera mal direccionada desde un principio y ninguna de las 3 fiscalías intervinientes (Salta, Orán y Tartagal) se percató de ello, lo que hace que hoy tengamos sentados en el banquillo de los acusados a 10 perejiles y no a los que realmente tendrían que estar rindiendo cuentas a la Justicia”, sostuvo, remarcando que tiene pruebas fotográficas, filmaciones y testigos de lo que exponía.
Siguiendo con su argumentación, Heredia explicó que el robo de caños del GNEA, en el norte provincial, se viene sucediendo desde aproximadamente el año 2010 a la fecha y que estuvieron involucrados funcionarios del gobierno anterior, actuales funcionarios, que existe una complicidad por parte de Gendarmería Nacional y de Rentas de la Provincia de Salta”.
Heredia también cuestionó al abogado de la querella y lo interrogó: “¿Ustedes, cuándo hicieron un control de trazas del gasoducto?, nunca lo hicieron, señores jueces, lo que me lleva a pensar que tampoco hicieron su parte como empresa prestataria del servicio, y fueron cómplices de este saqueo al Estado y hoy reclaman una obra que es evidente que no se iba a terminar”, para agregar que pedirá que un técnico de la empresa preste declaración.