La organización global Amnistía Internacional le reclamó ayer al Gobierno argentino información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al acotar el cupo de personas que puede ingresar al país, y consideró que el gobierno de Alberto Fernández viola los derechos humanos.
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La organización global Amnistía Internacional le reclamó ayer al Gobierno argentino información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al acotar el cupo de personas que puede ingresar al país, y consideró que el gobierno de Alberto Fernández viola los derechos humanos.
"Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando derechos humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos", aseguró enfática Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con CNN Radio.
Ante la situación que atraviesan los ciudadanos, la entidad realizó un pedido de informe a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería, para conocer detalles sobre las consecuencias de las restricciones impuestas para el reingreso al país. Además, Amnistía Internacional solicitó una reunión con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, para dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos.
En un comunicado oficial, la organización global recordó que el 26 de junio, a partir de la decisión administrativa 643/2021 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en la Argentina se dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional con el objetivo de "prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia Amnistía Internacional viene documentando todas las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, "con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos". En la actualidad la organización está relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para "conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades".
Desde la entidad recordaron que "el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo".