A pesar de los diferentes gobiernos, el PAMI en Salta agoniza desde hace años y no logra levantar cabeza. El último escándalo de retenciones de sueldos para La Cámpora, en el que quedó envuelta la obra social, mostró la punta de un iceberg que por debajo esconde un problema estructural que se arrastra y que perjudica a la población más vulnerable de la pirámide social: los jubilados.
inicia sesión o regístrate.
A pesar de los diferentes gobiernos, el PAMI en Salta agoniza desde hace años y no logra levantar cabeza. El último escándalo de retenciones de sueldos para La Cámpora, en el que quedó envuelta la obra social, mostró la punta de un iceberg que por debajo esconde un problema estructural que se arrastra y que perjudica a la población más vulnerable de la pirámide social: los jubilados.
El Tribuno consultó a profesionales con experiencia en la obra social que diagnosticaron recortes en las prestaciones y desactualización de los pagos por las mismas, falta de recurso humano y especulación de prestadores.
"El PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica, que tiene mucho financiamiento y 5 millones de afiliados, lo cual le da una complejidad en el funcionamiento bastante interesante", indicó Josefina Medrano, quien antes de asumir como ministra de Salud de Salta fue coordinadora ejecutiva de la obra social. Aunque la exministra advirtió que "con los ingresos que tiene y como está ideado el sistema, debiera ser mejor que cualquier prepaga. Pero hay cosas que no se terminan de corregir y es ahí donde el sistema tiene falencias en la atención".
Uno de los principales reclamos de los jubilados es la falta de atención y de especialistas, por lo que muchos terminan derivados a los hospitales públicos. "Se necesita una mayor auditoría en lo que es la consulta sanatorial ambulatoria que ocurre fuera del horario de atención del médico de cabecera", advirtió Bernardo Biella, el médico de cabecera más antiguo del PAMI. "Los médicos auditores hacen todo lo que es auditoría en la unidad local y no tienen tiempo para salir en terreno y controlar a los prestadores", advirtió por su lado Medrano. Hay 5 médicos auditores para más de 70 afiliados de Capital.
Biella indicó que uno de los motivos de la deficiente atención es la desactualización de los aranceles. "El PAMI no generó incrementos sustanciales en las consultas de los médicos de cabecera. Lo mismo ocurrió con la cápitas sanatoriales, que es el dinero que se le da a cada sanatorio por paciente asignado, y esto le sirve al sanatorio para atender a los afiliados, es como mil pesos por mes", explicó Biella. Desde noviembre del 2019 a hoy las actualizaciones para las prestaciones quedaron lejos de la inflación, con un incremento total de un 30% en casi dos años.
"El monto que se paga por las prestaciones o por cápita resulta insuficiente con los prestadores y eso hace difícil que se pueda lograr buenos convenios", indicó Medrano. Aunque al mismo tiempo la exministra también advirtió sobre especulación: "A veces los prestadores toman cápita superior a lo que pueden responder, entonces es ahí donde vienen los problemas, porque tienen mucha demanda del PAMI y cuando llegan las camas están ocupadas con afiliados de otras obras sociales y la capacidad de respuesta se resiente".
Los gremios también denunciaron la falta de especialistas de la tercera edad como flebólogos y neurólogos. Según indicó Biella, esto también responde a la desactualización de las prestaciones. "Las clínicas y sanatorios le pagan al especialista lo que les paga por cápita el PAMI. Entonces hay un desfasaje de la realidad con la orden de consulta calificada. Los sanatorios son los que contratan a un especialista y por eso faltan especialidades que estén bien pagas", advirtió Biella, quien aseguró que esto es "una desprofesionalización de especialistas".
Las desactualizaciones también alcanzan la atención por COVID. "Había una cápita de $100 mil extras por cada paciente, eso equivale a dos días de internación de IPS para COVID en terapia intensiva", advirtió Biella, aunque no todo es desactualización, sino también recorte de prestaciones. Las internaciones domiciliarias, por ejemplo, que antes eran permanentes en casos de que el diagnóstico así lo indicara, pasaron como máximo a 6 meses con una renovación más burocrática que antes.