Los fuegos de artificio propios de las campañas proselitistas en la Argentina y en todas partes del mundo tienden a ocultar un hecho estructural, avalado por la totalidad de los sondeos de opinión pública: los resultados electorales del 14 de noviembre no modificarán el rasgo fundamental de una situación política signada por el creciente debilitamiento de la autoridad presidencial, con la consiguiente dificultad para resolver la crisis de gobernabilidad que se divisa en el horizonte, tan previsible que la incógnita principal reside en sus modalidades y en la oportunidad de su estallido.
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Los fuegos de artificio propios de las campañas proselitistas en la Argentina y en todas partes del mundo tienden a ocultar un hecho estructural, avalado por la totalidad de los sondeos de opinión pública: los resultados electorales del 14 de noviembre no modificarán el rasgo fundamental de una situación política signada por el creciente debilitamiento de la autoridad presidencial, con la consiguiente dificultad para resolver la crisis de gobernabilidad que se divisa en el horizonte, tan previsible que la incógnita principal reside en sus modalidades y en la oportunidad de su estallido.
En el cortísimo plazo, el trámite hasta las elecciones primarias del 12 de septiembre revela una diferencia fundamental entre sus principales protagonistas: el oficialismo tiende a privilegiar una unidad cuyo resquebrajamiento implicaría el derrumbe del gobierno, mientras que Juntos por el Cambio, con sus distintas denominaciones en cada distrito, trata de dirimir un liderazgo político unificado para competir exitosamente en las elecciones presidenciales de 2023.
Como no podía ser de otra manera, el epicentro de esa disputa está en la provincia de Buenos Aires y se manifiesta a través de la contienda entre Diego Santilli y Facundo Manes, que es apenas "la punta del iceberg" de una puja de dimensión nacional entre el radicalismo y el PRO.
Lo que verdaderamente está en juego en las elecciones legislativas de este año es el reposicionamiento de sus diferentes actores.
Esta caracterización permite afinar la interpretación de situaciones de otro modo incomprensibles, tal como lo sucedido en la definición de las listas de candidatos del Frente de Todos de Santa Fe que precipitó la renuncia de Agustín Rossi al Ministerio de Defensa. Porque, más allá de lo anecdótico, la actitud de Rossi puso en evidencia la debilidad del vértice de ese sistema de poder político.
Los nuevos protagonistas
Otro episodio de rebeldía que exige una lectura política que excede el marco local, aunque con características bastante menos estruendosas que la protagonizada en Santa Fe por Rossi, ocurrió en La Matanza, donde la Junta Electoral del Frente de Todos terminó por invalidar la presentación de una lista impulsada por los movimientos sociales, en particular por el Movimiento Evita, con el aval de Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y de otras fuerzas del peronismo local que pretendían disputar las candidaturas con el intendente Fernando Espinoza.
El episodio adquiere más relevancia por el hecho de que si la Región Centro es el núcleo de la Argentina agroindustrial La Matanza es el corazón del conurbano profundo, el lugar de la mayor concentración de pobreza y la principal base de sustentación electoral de Cristina Kirchner. Esa lista inhabilitada contaba también con el respaldo del padre Nicolás Angelotti, más conocido como el "padre Tano", uno de los máximos referentes del movimiento de los sacerdotes villeros. En el trasfondo de este conflicto suscitado en La Matanza reside una de las características más novedosas y disruptivas del presente político, que es la conciencia creciente en la dirigencia de los movimientos sociales sobre la necesidad de encontrar una estrategia de desarrollo productivo que constituya una alternativa viable ante el agotamiento definitivo del modelo asistencialista surgido como una respuesta coyuntural frente a la emergencia social derivada de la crisis de 2001 y transformada luego en una política permanente a lo largo de los sucesivos gobiernos. Este agotamiento resultó evidente en 2020, cuando la irrupción de la pandemia impulsó una nueva oleada de movilidad social descendente, protagonizada por un sector de la clase media baja, que disparó los índices de pobreza y terminó de quitar a las prácticas asistencialistas sus últimos atisbos de sustentabilidad económica.
La disconformidad colectiva emergente de esta situación social, frente a la que el gobierno no tiene una respuesta efectiva, es la causa que llevó al padre Pepe a afirmar que "a este gobierno le falta peronismo".
Obviamente, una estrategia capaz de superar el modelo asistencialista exige una profunda transformación estructural que el economista e historiador Pablo Gerchunoff sintetizó lúcidamente con el término de "coalición popular exportadora", una formulación que encontró un sugestivo eco en los medios periodísticos del Grupo Clarín y que supone promover una convergencia políticas y social entre los sectores populares, cuyo mayor asiento geográfico es el Gran Buenos Aires y su expresión emblemática es precisamente La Matanza, y las ramas tecnológicamente más avanzados e internacionalmente más competitivas de la economía argentina, cuya principal manifestación, aunque de ninguna manera la única, es el complejo agroindustrial cuyo epicentro geográfico está en la Región Centro, o sea básicamente en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Para ello, no se trata de partir de la nada. Distintos movimientos sociales, entre ellos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, promovida por el Movimiento Evita, y varias organizaciones sindicales, como la Unión Obrera de la Construcción, elaboraron el año pasado un Plan de Desarrollo Humano Integral, que Juan Grabois definió como un "plan Marshall criollo" y que entre otros enunciados planteaba la necesidad de una "alianza virtuosa entre el sector privado y al economía popular" y un plan de colonización de tierras fiscales para alentar una paulatina desconcentración de la población.
Desarrollo y exportaciones
También a mediados de 2020, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAI), integrado por más de treinta instituciones de la cadena agroalimentaria, incluida una representación de la Mesa de Enlace agropecuario, elaboraron un documento que fue presentado oficialmente al gobierno nacional y también al Parlamento, cuyos lineamientos trazan las bases de un plan nacional de desarrollo, con una perspectiva de mediano y largo plazo para la economía argentina.
Para que esta convergencia social pueda materializarse en los hechos, será necesario encarar una reformulación del sistema de poder político instaurado en diciembre de 2019, cuya crisis tornará inevitable una recomposición de fuerzas que podría evitar un estallido de grandes dimensiones, diferente en sus formas pero semejante por su magnitud a los que atravesó la Argentina en 1989 o en 2001, o surgir después como una respuesta a ese estallido. Las elecciones que se avecinan determinarán las condiciones específicas de esa recomposición del poder, en la que cumplirán un rol protagónico la Cámara de Diputados, erigida en el espacio obligado de la negociación política, un escenario que potencia el protagonismo político de Sergio Massa, y los poderes territoriales, representados por los gobernadores, peronistas y no peronistas, incluido por supuesto el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuyas respectivas imágenes en sus propios distritos en casi todos los casos es comparativamente mejor que la que muestra la dupla presidencial.
Este nuevo sistema de poder, basado en un amplio consenso parlamentario y en el respaldo de los poderes territoriales, estará forzado rápidamente a demostrar su fortaleza para asumir el tramo final de las negociaciones con el FMI, postergadas hasta después de las elecciones por la confesa debilidad política gubernamental. A pesar de las opiniones en contrario vertidas públicamente semanas atrás desde el Instituto Patria y el bloque oficialista del Senado, el gobierno, en línea con lo planteado por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el explícito aval de Cristina Kirchner, evitó incurrir en una nueva cesación de pagos y accedió a emplear los 4.350 millones de dólares provenientes de la transferencia de los derechos especiales de giro (DEG) en el cumplimiento de los compromisos financieros correspondientes a los inminentes vencimientos de los intereses de la deuda con contraída con el organismo. La satisfacción de esa condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito de esa negociación imprescindible para recrear un clima de confianza interna y externa que promueva la inversión en un escenario internacional ampliamente favorable para la Argentina revela la comprensión gubernamental de la ley física que indica que el fuego quema.
Por algo se empieza...
* El autor es miembro del Centro de Reflexión Segundo Centenario y vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico
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