En Olavarría, el presidente Alberto Fernández responsabilizó ayer a su pareja, Fabiola Yáñez, por la organización de una fiesta ilegal en la casa de Olivos, pagada con el presupuesto oficial, de la que él participó, y que vulneró todas las normas impuestas por su gobierno frente una pandemia que ya costó la vida a cerca de 109.000 argentinos.
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En Olavarría, el presidente Alberto Fernández responsabilizó ayer a su pareja, Fabiola Yáñez, por la organización de una fiesta ilegal en la casa de Olivos, pagada con el presupuesto oficial, de la que él participó, y que vulneró todas las normas impuestas por su gobierno frente una pandemia que ya costó la vida a cerca de 109.000 argentinos.
Además, aseguró que, a pesar de la cuarentena, del 52% de inflación acumulado en los últimos doce meses, de la caída drástica del PBI (una de las mayores en Latinoamérica) y del aumento de la pobreza desde el 35% al 50% en 20 meses, su gobierno está cumpliendo con la promesa de "levantar al país". Y dedicó parte de su discurso a descargar culpas en el anterior gobierno.
Lo evidente no necesita mayor debate: el presidente reconoció el delito que se cometió ese día en la residencia oficial y del que él fue principal responsable. Contrariamente a lo que también afirmó, a la gente sí le interesan estas cosas. Y a la Justicia también. Violar la cuarentena que él mismo impuso a la totalidad de los argentinos, muchos de ellos denunciados penalmente por incumplir esas normas, denostados, calificados por el mismo Fernández como "imbéciles", no es un error como él insinuó, y como lo dijeron Santiago Cafiero y otros ministros (para ayudarlo) y el senador Oscar Parrilli, probablemente para asestarle un golpe desde adentro. Es claro que lo que ocurrió es un delito.
No hace falta abundar en consideraciones morales. Los muertos, los convalecientes, las familias que no pudieron celebrar fiestas, velar a sus seres queridos y perder los vínculos de afecto hablan por sí solos. Ayer mismo, el gobierno de Axel Kicilloff aplicó una multa de $ 4.500.000 a la cocinera Maru Botana y quiere iniciarle una causa penal por atentado contra la Salud Pública porque, a su regreso de Europa hizo la cuarentena de rigor en su domicilio y no en un hotel, como pretende el gobernador. La casa de Maru Botana y la Quinta de Olivos están ambas en la provincia de Buenos Aires.
Ayer quedó en evidencia que el presidente mintió. Él había afirmado hace unos días que durante la cuarentena solo hubo reuniones de trabajo en la residencia oficial. El registro de entradas y salidas ofrece indicios claros de que la política de aislamiento no rigió en ese lugar, donde los presidentes elegidos por la democracia no gozan de privilegios monárquicos.
Parece difícil que alguien le crea al presidente cuando promete que "no va a volver a ocurrir". Todo el episodio destila un agraviante nivel de frivolidad y de respeto por la inteligencia de la gente.
La credibilidad de Alberto Fernández se ha deteriorado sin cesar desde que él politizó la pandemia. Un presidente sin credibilidad carece de autoridad y estos episodios cercenan su poder, frágil desde el inicio por su dependencia de la vicepresidenta Cristina de Kirchner y los condicionamientos internos que aumentan minuto a minuto. La debilidad institucional, es casi obvio, pone en riesgo a cualquier país. Estas mentiras obscenas no solo son inmorales, sino que ponen en escena al enemigo más peligroso para un gobernante: el ridículo.