La comunidad wichí Pacará, ubicada a 40 kilómetros al este de Tartagal, llora la muerte de la niña de 13 años que fue abusada, que cursó ocho meses un embarazo soportando la hipertensión gestacional, llamada preeclampsia, sin ningún control médico y en condiciones de nutrición lamentables. En estado crítico fue a parar a una camilla de emergencias del hospital de Tartagal con contracciones, donde finalmente sobrevino la eclampsia con arteras convulsiones que la voltearon de la camilla, haciendo que el bebé perdiera la vida en el acto y, tras una cesárea urgente, ella quedara con muerte cerebral hasta el martes pasado, cuando finalmente murió. Todo ese calvario con solo 13 años.
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La comunidad wichí Pacará, ubicada a 40 kilómetros al este de Tartagal, llora la muerte de la niña de 13 años que fue abusada, que cursó ocho meses un embarazo soportando la hipertensión gestacional, llamada preeclampsia, sin ningún control médico y en condiciones de nutrición lamentables. En estado crítico fue a parar a una camilla de emergencias del hospital de Tartagal con contracciones, donde finalmente sobrevino la eclampsia con arteras convulsiones que la voltearon de la camilla, haciendo que el bebé perdiera la vida en el acto y, tras una cesárea urgente, ella quedara con muerte cerebral hasta el martes pasado, cuando finalmente murió. Todo ese calvario con solo 13 años.
Conocida la noticia, el estupor fue de todos, pero las opiniones comenzaron a dividirse entre quienes asumen que entre los wichis, por su cultura, existen casos de niños y niñas que forman pareja porque ellos miden la adultez cuando el varón está apto para cazar y proveer; mientras que la niña es considerada mujer luego de menstruar y de aprender a pintarse, a tejer chaguar, a hacer artesanías y a cosechar algarroba.
Desde la Antropología se sostiene que la niña wichi se va preparando con su madre y su abuela para elegir pareja y cuando lo hace, lleva a esa persona a vivir en su comunidad, cuyas autoridades, cuando reconocen a la pareja como legal, le asignan un árbol. Hasta aquí, la historia parece un documental de la Nathional Geographic, pero en realidad, es tanta la miseria que padecen las comunidades, tanto el hacinamiento, tanto el abandono, que ya su cultura está desleída en la marginalidad y la histórica falta de políticas públicas que empaticen con la ancestralidad y que promuevan la conservación de la cultura indígena. Entonces, el dilema casi se resuelve y la balanza se inclina tristemente a pensar que la niña muerta de la comunidad de Pacará fue víctima de la pobreza extrema, del abuso, de la falta de educación, de atención sanitaria, y de la falta de oportunidades.
De acuerdo a la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los organismos del Estado reconocen tener la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de ella y se alienta a la participación comunitaria, en virtud y promoción de los derechos de niñas y niños sujetos de derechos. Por eso cabe expresar desde aquí la profunda preocupación por el devenir de estas infancias violentadas sistemáticamente desde adentro y desde afuera de sus comunidades. La muerte de una niña wichi que fue abusada y embarazada llevó a la Justicia a actuar de oficio en este horrendo caso donde fueron avasallados desde todo punto de vista los derechos de una chica de 13 años.
En la Justicia
La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal intervino a partir de la muerte del bebé y el posterior fallecimiento de la niña. La investigación penal se originó el 11 de agosto pasado de oficio, en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, ante la posibilidad de abuso sexual. En ese marco, y dado que los padres de la niña declararon que convivía con su pareja de 16 años desde hacía más de un año, el fiscal penal 2, Rafael José Medina intervino en la Fiscalía de Violencia solicitando la inmediata intervención de la Asesoría de Menores, del Juzgado de Menores y del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.
Mientras se diligenciaban las medidas solicitadas por la Fiscalía de Violencia se produjo la muerte del bebé, posiblemente por un cuadro de eclampsia, y la niña fue intervenida quirúrgicamente. Entonces, se dio intervención a la Fiscalía de Graves Atentados de Tartagal, a cargo del fiscal penal Gonzalo Vega, quien investiga las causas de muerte del bebé para determinar si la preeclampsia y eclampsia fue determinante o se avanza en la hipótesis de una caída, como trascendió públicamente.
También se solicitó el secuestro de la historia clínica tras el fallecimiento de la niña que se produjo este martes 17. Se llevan adelante otras diligencias tendientes a esclarecer el posible abuso sexual y las causas de muerte del feto y la menor.