Momentos de gran tensión se vivieron ayer, al final de la tarde, en el acceso principal de la Casa de Gobierno donde docentes autoconvocados iniciaron un acampe en la mañana. Tras horas de protesta, los ánimos se fueron caldeando y tres maestras de San Antonio de los Cobres se encadenaron sobre las vallas colocadas por las fuerzas de seguridad, que luego intentaron sacar a las mujeres.
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Momentos de gran tensión se vivieron ayer, al final de la tarde, en el acceso principal de la Casa de Gobierno donde docentes autoconvocados iniciaron un acampe en la mañana. Tras horas de protesta, los ánimos se fueron caldeando y tres maestras de San Antonio de los Cobres se encadenaron sobre las vallas colocadas por las fuerzas de seguridad, que luego intentaron sacar a las mujeres.
Cuando el personal policial intentó despejar la zona se registraron empujones y golpes de ambas partes, además del lanzamiento de una bomba de estruendo ensordecedora de parte de los efectivos.
Durante el enfrentamiento tres docentes debieron ser atendidas por personal del Samec y una de las ellas incluso tuvo que ser trasladada al hospital San Bernardo, indicaron desde el servicio de emergencias provincial. Hubo algunas lesiones leves y tres maestras descompensadas, con ataques de nervios. Una de ellas requirió ser internada, precisaron.
Según testimonios de docentes que se pudieron ver en vivo por la cuenta de Facebook de El Tribuno, hubo trabajadores que sufrieron golpes por parte de los uniformados. Consultada al respecto la responsable del operativo, comisario Adriana Herrera, expresó que varios policías también fueron golpeados y que todo fue producto de un "pequeño" empujón. Negó haber recibido una orden de "arriba" para desalojar el acceso al Centro Cívico Grand Bourg y dijo que la Policía tiene la facultad de actuar ante una contravención en la vía pública.
Incluso la oficial acusó a una docente de tirarse al piso intencionalmente y dijo que no existían denuncias radicadas por el incidente. También aseguró que, en la confusión, perdió su identificación del uniforme. Sin embargo, los docentes desmintieron estos dichos y aseguraron que ella y el resto de los policías se presentaron en el lugar sin identificaciones a la vista.
Así arrancó la cuarta semana consecutiva del paro docente por tiempo indeterminado, que se hace en paralelo al acampe en la plaza 9 de Julio. Hasta anoche, desde las puertas de Casa de Gobierno las y los manifestantes confirmaron que se mantendrán en el lugar hasta que reciban una respuesta a su reclamo.
El sector exige un salario de 120 mil pesos y desconoce la paritaria nacional que fijó un incremento del 45,5 % para este año. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en julio la canasta para una familia tipo (de cuatro personas) fue de 67.577 pesos; mientras que la de una familia de cinco personas llegó a los 71.076 pesos, casi 50 mil pesos por debajo de la exigencia de los docentes. Lo cierto es que miles de niños siguen sin clases tras un año complicado por la no presencialidad en las escuelas debido a la pandemia.
Para Guillermo Burich, titular de UDA a nivel local, el reclamo de los autoconvocados está "alejado" de la realidad. En la reunión paritaria que se reabriría hoy por la tarde, si bien el dato no se confirmó oficialmente, el gremio plantearía al Gobierno provincial que se equiparen los sueldos de Salta con la paritaria nacional, es decir, que se sumen 9,5 puntos porcentuales a los 36 acordados en la primera mitad del año.
"Creemos que los sueldos están acompañando la inflación, que el salario docente en ningún momento del año perdió contra la inflación, hoy por hoy estamos tres puntos arriba y vamos a seguir arriba calculo hasta octubre, entonces ahí hay que trabajar para que octubre y noviembre se equiparen a diciembre. También habría que poner una cláusula de revisión", expresó Burich.
Orán: pedido de la Iglesia
Fray Luis Antonio Scozzina, obispo de la diócesis de Orán, emitió un comunicado referido al conflicto docente que lleva semanas sin solución.
El prelado expresó textualmente que “ante la difícil situación, por todos conocida, que atraviesa nuestra Provincia por la prolongación del conflicto de nuestros trabajadores de la educación, como Iglesia diocesana manifestamos nuestra preocupación, cercanía, solidaridad y el llamado profundo a que se pongan los medios necesario para la resolución de esta tensionante situación que viene alargándose durante muchos días”.
El escrito continúa: “Nos preocupan los trabajadores y sus familias, los primeros afectados por este extenso conflicto a muchos de los cuales la pandemia afectó gravemente. Como así también, la situación educativa de tantos niños y niñas sin tener garantizado el derecho a la educación”.