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Tras el freno de 2020, crecen los procesos de desalojo de viviendas por deudas

El año pasado un DNU impidió desocupar una vivienda por mora en el alquiler. En 2020 se registraron 234 demandas, mientras que en 2019 la cifra fue 612.
Miércoles, 25 de agosto de 2021 00:00

El inicio de juicios por desalojo cayó a menos de la mitad en 2020. La baja que se que se registró el año pasado se explica porque días después de que comenzó la pandemia el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 320/20, que suspendía en todo el país la posibilidad de forzar la salida de inquilinos de una vivienda por falta de pago.

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El inicio de juicios por desalojo cayó a menos de la mitad en 2020. La baja que se que se registró el año pasado se explica porque días después de que comenzó la pandemia el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 320/20, que suspendía en todo el país la posibilidad de forzar la salida de inquilinos de una vivienda por falta de pago.

Durante 2020 ingresaron a Ciudad Judicial 234 demandas, mientras que en 2019 la cifra había sido de 612: un 62% más.

El 31 de marzo venció la última prórroga del decreto presidencial, lo que hacía prever que comenzaría una ola de pedidos de desalojo de familias que no pudieron seguir cumpliendo con los propietarios de las viviendas por el combo que atrapó a gran parte de la población: caída de los empleos, paralización de la economía y aceleración de la inflación. Entre los deudores también estuvieron los que aprovecharon para especular con la medida presidencial que buscaba evitar que quedaran en la calle los grupos más vulnerables y simplemente dejaron de pagar. A casi cinco meses de vencido el decreto nacional, empiezan a conocerse noticias de personas que recibieron el aviso de que deben dejar propiedades por deudas de alquiler. Uno de los casos que se difundió a nivel nacional es el de la modelo Victoria Xipolitakis, que arrastraría una mora desde 2020 y debería buscar un nuevo techo con su hijo de acuerdo a lo que se publicó.

La información parcial del Poder Judicial de Salta para 2021 muestra que, en unos cuatro meses desde la finalización del DNU, la cantidad de demandas presentadas en tribunales es de 303. El número permite anticipar una tendencia creciente de los pedidos de desalojo.

Las estadísticas arrojan que en 2019 hubo un promedio de 51 demandas iniciadas por mes y, en 2021, tras el cese del DNU, más de 70 por mes.

A nivel nacional, Salta tiene una participación alta en el porcentaje de viviendas que se ordena desocupar por deudas. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, basado en datos de la Cámara Civil y Comercial de la Nación, durante 2019 en todo el país se realizaron 3.297 juicios de este tipo. En ese período hubo 612 demandas en la provincia, lo que representa un 18 por ciento del total de procesos judiciales iniciados en la Argentina.

Proceso judicial

Natalia Martínez, de Codelco, explicó que los desalojos se realizan por medio de procesos judiciales "sumarísimos", que tienen una tramitación "brevísima" por ley y son mucho más ágiles.

La especialista contó que actualmente la Justicia se está acomodando con el sistema digital y esto ha provocado una demora que se debe a una cuestión estructural.

"El proceso en sí del desalojo tiene sus vericuetos, sus propias implicancias que hacen que muchas veces no se produzca rápido el desahucio por la fuerza pública. Esto se debe a que es una cuestión de pruebas. El desalojo tiene que ser muy manifiesto, como cuando ocuparon ilegítimamente un inmueble. Cuando son cuestiones muy claras, suelen ser rápidos", afirmó la abogada.

La abogada destacó que cuando hay niños, niñas o adolescentes en las viviendas que registran deudas, debe intervenir una asesoría de menores e incapaces en representación de sus derechos y que eso representa un paso más. "Ese organismo va a ver si este chico o esta persona con discapacidad se va a quedar sin techo", acotó.

La especialista dijo que, al frenarse los procesos judiciales durante un año, en 2021 "se llenó" de propietarios que fueron a reclamar su "derecho legítimo" de desalojar al inquilino porque no les pagó. Los juzgados comenzaron a llenarse de causas en contra de aquellos inquilinos que no pudieron cumplir con el alquiler.

"Ahora hubo una reforma a la ley de alquileres, donde dice que para desalojar a un inquilino tenés que inscribir el contrato de alquiler en la AFIP como un requisito para producir el desalojo. Ya no es como antes, que se podía ir con el contrato y decir que esa persona incumplió. Para eso, el contrato debe tener la certificación de firma, pagado el sellado en Rentas, inscripción en la AFIP y recién se inicia la demanda", comentó la abogada.

La referente de Codelco recordó que, cuando se dicta una sentencia, hay todavía por delante una instancia de apelación. Eso quiere decir que la resolución no queda firme hasta que se produzca una revisión ante la Cámara de Apelaciones que corresponda.

"Ahí hay otro tiempo más. Es por eso que, en un proceso de desalojo, puede tardar hasta un año la sentencia judicial. Lo que pasa cuando están todas estas vicisitudes, es que estos procesos se van frenando", señaló Natalia Martínez.

La profesional planteó además que se debería agotar la instancia de mediación para acelerar los procedimientos cuando se produce un incumplimiento de contrato. "Es una buena herramienta jurídica porque evita judicializar mi caso y llegar a un acuerdo", sostuvo.

 

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