El senador por el departamento Anta, Marcelo "Teno" García aparece nuevamente en otro capítulo de la denuncia por un millonario fraude en el municipio de El Quebrachal, con cheques que se emitieron antes de finalizar la gestión anterior por un valor aproximado de 40 millones de pesos.
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El senador por el departamento Anta, Marcelo "Teno" García aparece nuevamente en otro capítulo de la denuncia por un millonario fraude en el municipio de El Quebrachal, con cheques que se emitieron antes de finalizar la gestión anterior por un valor aproximado de 40 millones de pesos.
Pese a estar imputado, el legislador provincial se rehúsa a presentarse a la audiencia de imputación, lo que ya ha generado un cruce de apreciaciones dentro del Ministerio Público en relación a la actuación de la fiscal de Anta, Celeste García Pisacic, quien inicialmente había desestimado la imputación contra el senador García, aunque sí había imputado al hermano de éste, el exintendente Lenardo García.
Durante la gestión del intendente García, su hermano Marcelo (actual senador) se desempeñaba como secretario de Hacienda y los cheques, más de 100 según la denuncia, estaban con su firma.
Esta suerte de doble vara para medir la actuación de ambos funcionarios por parte de la fiscal de Anta, disparó desde la parte querellante de la comuna el planteo de un recurso de revisión ante la Fiscalía de Impugnación de la provincia a cargo de Sofía David Herrera, quien ordenó a la fiscal de Anta que cumpla con el artículo 80 del Código Procesal Penal, que establece que toda actuación de la querella debe ser resuelto de manera fundamentada
En contacto con El Tribuno, Fernando Escobar, apoderado de la comuna en la actual gestión, aseguró que la fiscal de Anta "no fundamentó por qué no imputó al senador y sí a su hermano, cuando en los hechos están involucrados los dos. Usaron plata del municipio para la campaña electoral y eso está plenamente demostrando en la causa", aseguró Escobar.
Las actuaciones se habían iniciado de oficio a mediados del año pasado por parte del Ministerio Público, tras las declaraciones periodísticas que hizo el actual secretario de Hacienda del municipio, Raúl Ríos, donde había denunciado que la gestión de Leonardo García emitió cheques por cerca de $40 millones de pesos que se gastaron en la campaña política del exintendente y el actual senador de Anta.
Según la denuncia, ambos habían firmado más de un centenar de cheques por un valor aproximado a los 40 millones de pesos para cobrar con posterioridad a la salida de sus mandatos, el 10 de diciembre de 2019.
Ante estas actuaciones la comuna de El Quebrachal le aportó a la Fiscalía Penal de Anta la documentación de todas las irregularidades en el ámbito financiero, entre las que figuran órdenes de compra y un polémico video donde se ve a un puntero político portando una fuerte suma de dinero en efectivo y que invoca al senador García para el trabajo de la campaña.
"La resolución de la fiscal de Impugnación, Josefina David Herrera, prácticamente ordena que se lo impute a Teno García. No haberlo imputado inicialmente atenta contra el principio de no contradicción y el principio de congruencia. En los hechos por lo que ya se lo imputó a Leonardo García, está demostrado que las irregularidades las cometieron los dos", aseguró el abogado Escobar.
No se presentó a la audiencia fijada
La cuestión de los fueros que le asisten al senador García no entran en contradicción con el carácter de imputado que tiene en la causa, ya que así lo permite la reforma del Código Procesal, que indica que todo legislador puede ser citado. Contrariamente, al negarse a asistir a la citación, podría abrirse el proceso de desafuero.
Tras el recurso de revisión de la querella, el senador García había sido citado a le imputación el pasado viernes 20 de agosto, pero no se presentó.
También hizo oídos sordos al mandato de la Justicia, en torno a las usurpaciones de tierras de Las Lajitas. Por ese tema, García había sido imputado por instigación a cometer delito, pero tampoco se presentó a la audiencia.
Con la reiteración de casos, la fiscal está en condiciones de activar el proceso y pedirle al juez la gestión del desafuero ante la Cámara de Senadores.