Las recientes elecciones generales provinciales han arrojado los resultados que todos conocemos. A su vez, el gobierno encabezado por el señor Gustavo Sáenz se encamina a cumplir sus primeros dos años. Tenemos, entonces, una buena oportunidad para explorar conclusiones, aventurar pronósticos, e incluso entrever propuestas de futuro.
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Las recientes elecciones generales provinciales han arrojado los resultados que todos conocemos. A su vez, el gobierno encabezado por el señor Gustavo Sáenz se encamina a cumplir sus primeros dos años. Tenemos, entonces, una buena oportunidad para explorar conclusiones, aventurar pronósticos, e incluso entrever propuestas de futuro.
No es un secreto para casi nadie que la democracia salteña -con sus cerca de 40 años de trayectoria ininterrumpida- está lejos de haber dado los frutos esperados por mayorías y minorías en los luminosos días de 1984.
La ciencia política y la historia de las instituciones comparadas han puesto de manifiesto -hace mucho tiempo ya- cuáles son los requisitos que un determinado orden comunitario debe cumplir para merecer el calificativo de democrático.
La imperfecta democracia salteña
Sabemos, por ejemplo, que la sola repetición de elecciones no alcanza. Que la democracia delegativa (aquella donde el contacto entre el ciudadano y el representante se agota en el actor de votar, y el elegido termina comportándose como si hubiera recibido un cheque en blanco), no satisface los más modernos postulados teóricos ni las exigencias de los ciudadanos.
Nuestras prácticas político - electorales provinciales están viciadas. Falta transparencia (nadie sabe a ciencia cierta quiénes ni cómo financian las campañas multimillonarias). No rige en Salta el principio de igual valor del voto (en las pasadas elecciones la mayoría hurtó a las minorías 11 de las 60 bancas de convencionales constituyentes). Muchas de nuestras instituciones reclaman rediseños democratizadores que pongan fin a las fuertes derivas autocráticas que exhiben. No contamos con un Poder Judicial independiente ni una Auditoría General en condiciones de cumplir su vital cometido. El gobernador de turno tiende a comportarse como un caudillo o un barón sediento de reelecciones, de aplausos y de culto a su persona. Ya no se trata solo de prohibir o limitar las reelecciones, sino de hacer posible la alternancia en el poder. Precisamos reglas que faciliten a las distintas oposiciones crecer en influencia y audiencia para oxigenar y democratizar la toma de decisiones.
Un régimen político cuyo vértice no es controlado por el parlamento ni por los ciudadanos (a través de la libertad de expresión y de prensa) ni por los jueces ni por los auditores es un fenómeno alejado de los cánones democráticos.
Los poderes del Estado se ejercen en ámbitos oscuros y cerrados, por personas, grupos o estilos que se repiten más allá de sus fracasos económicos, sociales y culturales, o de sus ocasionales y breves discrepancias.
Cuando los dineros del Estado (propiedad de todos los salteños) se vuelcan para favorecer candidaturas o grupos sociales, la consecuencia es tan inevitable como palpable: el régimen político deviene fraudulento y oligárquico, más allá de apellidos o prosapias (reales o imaginadas).
La persistente caída que registra la participación de los empadronados, el incremento del voto en blanco, la fragmentación de las fuerzas políticas, la salvaje exclusión de miles y miles de votantes cuya voluntad fue despreciada a la hora de distribuir bancas, degradan nuestra convivencia. Otro tanto sucede con el remplazo de candidaturas organizadas para ejercer bien los mandatos, por sábanas que recogen el mero amontonamiento de varios, alrededor de pocos. Estamos, a mi modo de ver, frente a hechos y factores que son causa y consecuencia del mal diseño y del peor funcionamiento de nuestras reglas electorales y de nuestras instituciones de gobierno, justicia, legislación y control.
¿Democracia de partidos?
La crisis de los partidos políticos (cuando no su práctica desaparición) es un fenómeno no analizado en Salta. Si bien las formas partidarias -que tuvieron su momento de esplendor en los dos siglos precedentes-, están sometidas a debates y experimentan transformaciones en las democracias más desarrolladas, la crisis salteña tiene características y consecuencias singulares.
La nuestra es, en primer lugar, una crisis provocada desde hace unos años por los interesados en liquidar los cimientos de la democracia participativa, abierta y capaz de albergar nuevas ideas, nuevos intereses legítimos y nuevas inquietudes de nuestra comunidad y de sus miembros.
Las fórmulas ideadas para archivar a los partidos políticos (llámense colectoras o PASO) han desmejorado la preselección de candidatos (antes basada en el mérito), el debate de ideas, y la formulación de programas.
Han quebrado la confianza de los ciudadanos y suprimido el papel que los partidos asumían en materia de educación cívica. Sin partidos organizados el financiamiento de la política quedó en manos de pactos y maniobras ocultas. La asfixia a los partidos quebró el valor moderador y creador de las tradiciones e idearios políticos. Candidatos y frentes sin historia ni programas se construyen con expertos en mercadotecnia que imponen disfraces variados o saturan el ambiente con fotos engañosas.
El futuro inmediato
Quienes se guían por la propaganda o consumen noticias en grajeas probablemente piensen que los resultados del domingo 15 han revelando un nuevo liderazgo en condiciones de garantizar la decadencia de Salta por un par de décadas más.
A mi criterio, se equivocan.
Si bien todo parece indicar que la Convención Constituyente cumplirá a rajatabla las escuetas ideas del señor Sáenz - con lo que habremos perdido la oportunidad (una más) de remozar e higienizar nuestras instituciones -, los resultados revelan un creciente malestar, una afanosa búsqueda de hechos políticos nuevos. Incluso en Santa Victoria.
El hartazgo de la ciudadanía no se vincula sólo con las fealdades de la política cotidiana. Está estrechamente vinculado a las desventuras individuales y colectivas que sufren excluidas y excluidos, asalariados y asalariadas pobres, emprendedoras y pequeños empresarios. Las víctimas de violencias y delitos. Las jóvenes y los jóvenes sin horizonte. Quienes intentan estudiar y no aprenden. Los estafados y estafadas por la inflación, las promesas electorales, el desigual reparto de las oportunidades y otros abusos impunes. Las cansadas y cansados del nepotismo y otras desigualdades. La gente de la cultura. Los ambientalistas. Las empresas que padecen el centralismo que convalidan quienes gobiernan Salta. Las mujeres y los hombres que rechazan que nuestros recursos naturales sean el botín que enriquece a unos pocos, como sucedió siglos atrás con el Potosí.
Mujeres y mujeres nacidos a partir de los años de 1970 están llamados a protagonizar esta suerte de revolución en paz que haga de Salta y del Norte Ar gentino sociedades más libres y justas.