La Cámara de Diputados otorgó ayer media sanción a la ley que envió el gobernador Gustavo Sáenz para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 la declaración del estado de emergencia sanitaria en el territorio de la provincia de Salta por la pandemia de COVID-19.
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La Cámara de Diputados otorgó ayer media sanción a la ley que envió el gobernador Gustavo Sáenz para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 la declaración del estado de emergencia sanitaria en el territorio de la provincia de Salta por la pandemia de COVID-19.
Luego de un extenso debate el proyecto obtuvo el visto bueno de la Cámara Baja con 49 votos positivos y pasó al Senado.
Al momento de la votación se registró una abstención solicitada por el diputado de izquierda, Claudio Del Plá.
La evolución de la situación epidemiológica del virus y la aparición de nuevas variantes con mayor capacidad de contagio, conlleva la necesidad de seguir adoptando medidas de prevención y asistencia orientadas a contener el impacto de tales variantes en la salud de las personas, fundamentó Sáenz en el mensaje adjunto a la ley que envió a las cámaras legislativas.
Este concepto fue repetido y apoyado por los diputados oficialistas.
Desde la oposición se manifestaron de acuerdo con la prórroga, pero plantearon cuestionamientos a la falta de un mayor diálogo y de información.
En esa línea, se consideró necesario que desde el Gobierno se dé a conocer una evaluación concreta sobre la lucha contra la pandemia de coronavirus. Además de las proyecciones con relación a la potenciales nuevas variantes, entre ellas la letal Delta.
Desde el oficialismo se respondió que desde la oposición se estaba haciendo un balance subjetivo del año y medio de pandemia.
Remarcaron que Salta fue una de las primeras provincias en vacunar a franjas que en otros lugares no se estaba haciendo y pidieron ser responsables al hacer juicios de valor con relación a las acciones referidas a una pandemia que afecta a la salud de la gente.
El proyecto de ley aprobado aplaza la vigencia de la ley 8.188, prorrogada por la 8.206 y por el Decreto 190/21 del Ejecutivo provincial, declarando el estado de emergencia sanitaria por COVID-19 en Salta hasta el 31 de diciembre de 2021.
También faculta al Ejecutivo a disponer una nueva prórroga, desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2022.
Recursos para prevención
En la sesión de ayer, los diputados también dieron media sanción a un proyecto que revisa un artículo de la norma de adhesión a la ley nacional 23.737 Régimen Penal de Estupefacientes.
La modificación impulsa que multas, beneficios económicos, bienes decomisados y producto de su venta formarán parte de un fondo provincial deportivo.
La iniciativa propone que los recursos se destinen a la prevención, asistencia y rehabilitación de afectados por el consumo de estupefacientes, a solventar gastos vinculados a las investigaciones de los delitos y también a la Secretaría de Deportes provincial con la finalidad de brindar apoyo a entidades deportivas y a deportistas.
El deporte juega un papel preponderante en la rehabilitación de los afectados por consumo de estupefacientes, fundamentó el diputado Mario Moreno, autor del proyecto.
Cruce crispado
Las diputada Socorro Villamayor y su par Ignacio Jarsún protagonizaron en el recinto un crispado cruce cuando se trataba una declaración para que Educación y Desarrollo Social implementen la copa de leche en secundarios del departamento San Martín.
Además de hablar sobre el sistema de copa de leche, Villamayor se refirió al conflicto docente.
Desde la presidencia, Jarsún, le pidió que se refiera al tema en tratamiento. Villamayor consideró que le estaba cercenando el derecho a manifestarse y dijo: "Voy a enseñarle cómo se legisla".
"A mí no me va a enseñar lo que es legislar", le respondió el diputado Jarsún desde el estrado en medio de un clima de altísima tensión.
Planteo por docentes
El oficialismo cierra líneas por el conflicto con los docentes autoconvocados. A la postura de senadores alineados con el Grand Bourg, los diputados oficialistas rechazaron ayer el tratamiento de una resolución que pedía al Gobierno que llame a dialogar a los autoconvocados y derogue la resolución 428/21 por atentar contra el derecho a huelga. La oposición cuestionó.
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