La inseguridad es, junto con la inflación, uno de los problemas permanentes en la preocupación de los argentinos.
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La inseguridad es, junto con la inflación, uno de los problemas permanentes en la preocupación de los argentinos.
El temor a ser asaltado, golpeado o asesinado afecta a 9 de cada diez personas, especialmente a quienes viven en los grandes centros urbanos. Además, en los últimos años, la existencia de bandas del crimen organizado se ha extendido por el territorio del país, aunque son más visibles en la ciudad de Rosario de Santa Fe y en los populosos barrios periféricos del Área Metropolitana. Pero toda la frontera norte, geográficamente permeable, es el espacio propicio para el delito transnacional, como narcotráfico, trata de personas y contrabando. Esa ola delictiva repercute en cada provincia. En Salta, los indicadores de inseguridad muestran un crecimiento perceptible del número de robos y asaltos.
Sin embargo, la Argentina se muestra inerme ante el flagelo: carece de respuestas políticas y de una legislación inequívoca y acorde a las circunstancias; y soporta además una discrecionalidad desaconsejable en la Justicia y el Ministerio Público.
En ese contexto, el desempeño de la actual ministra nacional Sabina Frederic muestra deficiencias que superan lo imaginable. El conurbano bonaerense es el epicentro de la atención de los gobiernos, ya que allí vive casi el 40% de los argentinos y se registran los mayores nichos de pobreza, desempleo y marginalidad social.
En ese territorio se registran alrededor de 130 denuncias diarias de delitos de diversa índole. El año pasado, la tasa de homicidios en el país fue de 5 casos cada 100.000 habitantes, con 2.291 víctimas fatales.
Dos episodios muy resonantes describen este escenario. En 2020, en Quilmes, un herrero, jubilado, fue asaltado por una banda de delincuentes que entraron tres veces en la misma noche, lo golpearon y lo torturaron. La tercera vez, los recibió a balazos y uno de los ladrones resultó muerto. Algunos de los criminales habían sido dejados en libertad para que no se contagiaran de COVID en la cárcel. Sin embargo, el fiscal pidió quince años de prisión para el herrero.
Hace pocos días, tres ladrones ingresaron violentamente en la casa de un jubilado en Ituzaingó. El dueño de casa y uno de los delincuentes resultaron muertos. Era un joven chileno que había ingresado al país un mes antes para dedicarse al delito. Ya había sido detenido por asaltar y torturar a una pareja de jubilados en Quilmes y un fiscal lo había dejado en libertad.
Analizando este último caso, la ministra Frederic se refirió a todo como si se tratara de un debate teórico: sobre el libre ingreso de personas con antecedentes penales al país no cuestionó la política de fronteras (cuyo descontrol obedece a posiciones ideológicas sostenidas por el oficialismo) y señaló que "la mayoría de los delincuentes son argentinos". Sobre la rapidísima libertad del peligroso criminal, atribuyó la responsabilidad a los jueces y fiscales, pasando por alto que las ambigüedades de la legislación y la discrecionalidad de los magistrados es el fruto de leyes, criterios y amenazas que son producto de una obstinada protección al criminal, sobre los fundamentos del pensamiento abolicionista de Raúl Zaffaroni y en la estrategia de la organización kirchnerista Justicia Legítima.
Pero lo más sorprendente fue la superficialidad de su respuesta: "Sigo viviendo en Temperley; a todos mis vecinos ya les robaron. A mí no, porque tengo custodia, pero ya antes no tenía auto para no tentar a los asaltantes". Pero a quienes quieren irse del país les recomendó: "Suiza es más seguro, pero más aburrido".
Ser ministro supone formar parte de un equipo de gobierno con una visión precisa de la realidad para llevar a cabo un proyecto de gestión inspirado en las necesidades reales de la gente, la ley y la ética.
Una ministra de Seguridad que analice problemas de su área, donde están en juego la vida, la libertad y los bienes, y las instituciones creadas por la Nación, está obligada a responder con seriedad y conocimiento. Aplicar los criterios de diversión o aburrimiento no es solamente una falta de respeto a cientos de miles de víctimas del delito, sino que constituye una muestra inequívoca de ineptitud para el cargo.