En medio de las enormes dificultades que afligen a la población en la Provincia, propias de la situación económico social y la pandemia, los docentes de Salta, resolvieron iniciar una demanda de ajuste salarial principalmente al Gobierno, con realización de una huelga que después de veinte meses sin clases, dejó a los alumnos en casa cinco semanas más sin volver a la escuela. Una decisión inadmisible, y que fue adoptada calculadamente poco antes de las elecciones constituyentes locales de agosto de 2021.
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En medio de las enormes dificultades que afligen a la población en la Provincia, propias de la situación económico social y la pandemia, los docentes de Salta, resolvieron iniciar una demanda de ajuste salarial principalmente al Gobierno, con realización de una huelga que después de veinte meses sin clases, dejó a los alumnos en casa cinco semanas más sin volver a la escuela. Una decisión inadmisible, y que fue adoptada calculadamente poco antes de las elecciones constituyentes locales de agosto de 2021.
Sin desconocer los derechos que les asisten de obtener y gozar remuneraciones adecuadas por los servicios que prestan a la niñez y juventud en los distritos urbanos y rurales, la comunidad se vio sorprendida por las características de esta determinación súbita de una gran masa docente, agremiada o no, puesto que desconocieron desde el inicio del conflicto, todos los derechos del resto de la gente en general, a trabajar, vivir en paz y la seguridad. Cortaron rutas nacionales y provinciales, acamparon en el centro de la ciudad capital, extendiendo sus invasiones a la vía pública y privada, consiguiendo alterar absolutamente el orden público de toda la Provincia. Los huelguistas rechazan incrementos salariales ofrecidos por el Gobierno Provincial, superiores a los registrados en la Paritaria Nacional Docente. Y prosiguieron una huelga anarquizante y politizada a todas luces. Esta huelga pareció descontrolada e instruida por elementos políticos de extrema.
Las alicaídas actividades productivas, comerciales, industriales, la circulación urbana y suburbana, y en las carreteras, y el resto de la actividad habitual se encuentran totalmente descontroladas y asoladas por los huelguistas día y noche. El manejo del conflicto también es preocupante, desde que las autoridades provinciales adujeran no reconocer capacidad representativa y negociadora a los docentes autoconvocados, negociando la nueva actualización salarial sin su presencia, por las razones legales aludidas. Ello condujo a un acuerdo salarial con los sindicalistas registrados, y al tiempo, un rechazo total por parte de los autoconvocados, quienes manifestaron su voluntad de proseguir la huelga. Las autoridades no descubren aparentemente, posibilidad mejor de afrontar más estratégicamente el conflicto, que sigue latente y que está perjudicando seriamente la propia gestión administrativa así como la economía global del conjunto social, y la tranquilidad de los habitantes.
Esta reflexión implicaría la conveniencia y necesidad de una adopción de estrategias operativas diferentes, quizás no ortodoxas, pero siempre ajustadas a derecho, para tratar de conjurar el diferendo. Es más, se tornaría impostergable una actitud decisiva de tal naturaleza o similar. La justicia laboral debiera actuar más intensamente, y tratar de laudar dentro de la ley, y si no es posible ni aceptable ello por los huelguistas, debería en consecuencia actuar la justicia provincial de lleno, acorde lo previsto en la Constitución Provincial.
Este conflicto docente de Salta, no da para más, y la actitud de los maestros y profesores deberá encuadrarse en adelante en los sagrados preceptos de la educación pública Hasta aquí, el análisis cronológico del suceso docente, el que hace unos días fuera finalmente suspendido hasta el 17 septiembre ,para verificar la oferta gubernamental. Sin embargo, quedan en pie factores a tener en cuenta: ningún conflicto se resuelve sin diálogos y buena voluntad. Y los docentes deberían plantear sus reclamos pensando en el contexto global y en las necesidades de sus alumnos. La deficiente conducción institucional y política del conflicto desde su inicio es un dato negativo; de no corregirse, amenaza con una próxima repetición del mecanismo utilizado, que tanto perjuicio masivo ha causado.