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Un ataque destituyente

Viernes, 14 de enero de 2022 00:00

Los ataques que presidente Alberto Fernández y de muchos integrantes del Frente de Todos contra la Justicia son sistemáticos. Todo indica que el objetivo es anular cualquier forma de control sobre la administración del Estado y garantizar la impunidad de numerosos funcionarios juzgados por corrupción y que se consideran perseguidos políticos.

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Los ataques que presidente Alberto Fernández y de muchos integrantes del Frente de Todos contra la Justicia son sistemáticos. Todo indica que el objetivo es anular cualquier forma de control sobre la administración del Estado y garantizar la impunidad de numerosos funcionarios juzgados por corrupción y que se consideran perseguidos políticos.

Además de los mezquinos intereses que motivan esa conducta, el ataque al máximo tribunal entraña un socavamiento de la institucionalidad del Estado nacional. El daño afecta a los tres poderes del Estado y muestra a las claras el deterioro de la institucionalidad del Estado nacional.

"El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente", escribió Lord Acton en 1887.

Aunque la fractura evidente del Gobierno nacional no permite por ahora atribuirle un poder absoluto, el modo de actuar es absolutista, decisionista y dispuesto a prescindir por completo del orden legal y de la voluntad de los ciudadanos.

La embestida del Poder Ejecutivo contra la Suprema Corte exhibe la calidad de República a la que el Gobierno nos está sometiendo a todos los argentinos.

Y muestra también un costado casi ridículo. La propuesta de la marcha contra la Corte la formuló el piquetero Luis D'Elía, quien fuera condenado por el asalto a una comisaría. A esto se sumó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, abogado de Cristina Fernández y ex miembro de la Agencia Federal de Inteligencia, donde secundó a Oscar Parrilli. El presidente, inexplicablemente para la trascendencia de la primera magistratura, aplaudió lo que significa, exactamente, un golpe destituyente contra un poder del Estado. ¿Qué opinaría el presidente Fernández si los muchos opositores que lo consideran un presidente contradictorio y de poder condicionado propusieran una movilización en la Casa Rosada pidiendo su renuncia y la de la vicepresidenta? Consideraría que se trata de una acción anticonstitucional y destructiva de la democracia. Lo dice el sentido común. Exactamente lo mismo ocurre con el ataque contra la Suprema Corte.

 

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