Mera Figueroa, detenido tras estar prófugo 3 años

El abogado Mariano José Mera Figueroa Alba, hijo del fallecido exministro del Interior Julio Mera Figueroa y primo del exgobernador Juan Manuel Urtubey, quedó detenido ayer tras estar más de tres años prófugo, acusado por los delitos de abuso sexual, lesiones dolosas leves y privación ilegítima de la libertad. Al cierre de esta edición, Mera Figueroa seguía prestando declaración indagatoria. La Policía Federal lo capturó en una zona de quintas del distrito bonaerense de Moreno. Sobre el ahora detenido pesaba un pedido de captura emitido en marzo de 2019 y una recompensa de $1,5 millones.

Mera Figueroa se encontraba en la calle y no llevaba encima sus documentos, por lo que debió ser identificado a través de las huellas dactilares. El detenido está involucrado en dos causas, una de las cuales contaba como supuesta víctima a Micaela Rodríguez, una empleada municipal en Merlo y militante de la Corriente Peronista Descamisados local. En noviembre de 2017, lo acusó de violación, golpes, maltratos físicos y psicológicos.

En la segunda causa, el abogado fue imputado junto a otros tres acusados por el secuestro coactivo de Jéssica Rodríguez, quien denunció que fue amenazada por Mera Alba para que modificara una denuncia en su contra y para que se presente como testigo en la causa de Micaela. En ese entonces, la mujer estaba en pareja con Pedro Mallada

Según consta en el expediente, Mera Alba y dos empleados municipales de Merlo, Osmar Moyano y Ernesto Duarte, bajaron de un auto y subieron por la fuerza a la mujer y la llevaron hasta una depósito, propiedad del hijo del exministro.

Pese a que nunca probó el secuestro denunciado, Osmar Moyano y Ariel Duarte, siguen en la cárcel. El abogado Omar Shirmo, quien terminó absuelto, pasó dos años detenido en condiciones de absoluta indignidad.

El único informe médico oficial de la revisión que se le practicó a Jéssica Rodríguez, la presunta víctima del secuestro, fue firmado por Dolores Lanús, exesposa del principal acusado de la causa, Mariano Mera Figueroa, de quien se divorció en 2010. La ley la obligaba a excusarse.

El 19 de diciembre del año pasado, el abogado de Mera Figueroa, Juan Manuel Casolatti, había manifestado a El Tribuno que su defendido no se presentaba en la causa por presunto secuestro porque considera que no se encuentran dadas las garantías procesales.

Ese día salieron a luz escuchas telefónicas que dispuso el juez Alejando Litvack y material extraído del expediente que dejaron en evidencia hechos llamativos, incluso con tinte político.

En 2017, Micaela Rodríguez, una militante de la corriente peronista Descamisados, se relacionó en Merlo con el intendente Gustavo Menéndez y su asesor, Mera Figueroa, con quien tuvo una relación de pareja. "Micaela formuló una falsa denuncia por violencia de género y abuso sexual, logrando una orden de restricción de acercamiento que ella misma violó", denunció el defensor de Mera, Juan Casolatti.

El letrado remarcó que ella se presentó varias veces en el domicilio de Mera y trató de comunicarse con él, por redes sociales, a través de perfiles falsos, o de teléfonos de sus familiares y conocidos.

"Al no poder sostener dicha acusación, Micaela y la abogada Gabriela Carpineti (directora Nacional de Acceso a la Justicia) empezaron a contactar a personas conocidas de Mera con la intención de mellar su imagen política", agregó el letrado. Todo esto consta en expedientes de la Justicia de Morón que, llamativamente, omitió investigar los hechos que allí se expusieron.

Vistas gordas y omisiones

La Fiscalía nunca pidió la imputación de Jéssica Rodríguez por falso testimonio, pese a que se comprobó que ella acusó falsamente a su pareja, Pedro Mallada, de haberse llevado a sus hijas la noche del 19 de septiembre de 2018 en complicidad con Mera. En realidad, la Justicia le había entregado en guarda las nenas a Mallada un mes antes, porque la madre y la abuela de Jéssica, estando a cargo de las nenas, se pelearon y las dejaron abandonadas en una plaza de Laferrere. 

No se inició acción alguna contra la abogada Alejandra Carpinetti, pese a que pericias caligráficas oficiales determinaron que firmas de Jéssica Rodríguez, estampadas en escritos que la letrada presentó en la causa, eran fal sificadas. 

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