Evadir hasta donde se pueda la obligación de informar sobre una realidad tan crítica como los casos de desnutrición y deshidratación que se siguen cobrando la vida de niños y niñas en la provincia parece ser la estrategia por la que se decidieron los funcionarios provinciales que trabajan en el tema. En las últimas horas se confirmó al menos una muerte: la de un bebé de nueve meses que había sido derivado en estado delicado al Hospital Público Materno Infantil (HPMI) desde La Puntana.
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Evadir hasta donde se pueda la obligación de informar sobre una realidad tan crítica como los casos de desnutrición y deshidratación que se siguen cobrando la vida de niños y niñas en la provincia parece ser la estrategia por la que se decidieron los funcionarios provinciales que trabajan en el tema. En las últimas horas se confirmó al menos una muerte: la de un bebé de nueve meses que había sido derivado en estado delicado al Hospital Público Materno Infantil (HPMI) desde La Puntana.
El ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban, admitió el martes que el año comenzó con muertes por desnutrición, aunque no precisó el número de casos y agregó: "Ya brindaremos la información". Ayer quedó aislado con COVID-19.
Desde el primer día de la semana que termina hoy y hasta ayer, El Tribuno intentó con funcionarios de distintos rangos de la cartera obtener precisiones sobre el número de casos, los niños que están en riesgo y cómo los están asistiendo.
Algunos contestan que los datos no están disponibles para difundirlos por el momento. Otros optan directamente por no responder llamados ni mensajes de medios de comunicación.
Ayer se confirmó desde el HPMI que murió un bebé de nueve meses que había llegado derivado de La Puntana, Santa Victoria Este.
El cacique Pablo Solís, de la comunidad de La Puntana, informó que era su nieto el niño que falleció alrededor de las 23 del miércoles. Había sido trasladado con deshidratación el martes desde el norte provincial.
El referente además informó sobre una bebé de 11 meses que murió el martes en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal tras un cuadro de diarrea y vómitos. Fue imposible comunicarse con responsables de ese nosocomio para confirmarlo de manera oficial.
El 29 de enero se cumplirán dos años desde que se declaró una "emergencia sociosanitaria" por las muertes por desnutrición en San Martín, Orán y Rivadavia. A principios del año pasado, desde el Gobierno de la Provincia se ocuparon de difundir que Salta había tenido "cero casos" de muertes por desnutrición infantil en el verano.
La emergencia debía servir para destinar recursos a generar un sistema de prevención y contención que evitara los fallecimientos de niños y niñas del norte provincial.
De acuerdo con datos de la Dirección de Nutrición y Alimentación Saludable, no hubo variaciones significativas en la cantidad de chicos de 0 a 4 años con problemas alimentarios que se detectaron en rondas sanitarias de 2020 y 2021.
En 2020 se registraron 1.093 niños y niñas con bajo peso en toda la provincia. En 2021, en tanto, fueron 1.009. En la zona de San Martín, Orán y Rivadavia específicamente fueron 486 el año de inicio de la pandemia y 486, exactamente el mismo número, el año pasado.
Los niños que tenían "muy bajo peso" en la provincia eran 126 en 2020 y 120 en 2021. En los departamentos en emergencia eran 57 el año en que se declaró y 42 un año después.
El balance sobre estos dos años de emergencia sociosanitaria que merece la niñez no puede hacerse de manera clara mientras -como está sucediendo- los funcionarios decidan esconder la información sobre las muertes por desnutrición o, lo que es peor, ni siquiera ellos sepan cuántos son los niños y niñas que fallecieron por esta causa en la provincia en los últimos meses.
Preocupación
Las voces que llegan de referentes de comunidades del norte provincial hablan de que hay familias sin acceso al agua potable con temperaturas extremas, de que solo algunos de los pozos de agua que se prometieron tras la declaración de la emergencia funcionan y de que hay bebés con diarrea y vómitos, pero que se complica el acceso a la asistencia.
El panorama genera preocupación de distintos sectores. La asesora general de Incapaces, Mirta Lapad, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Claudia Silvina Vargas, y la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi.
En el encuentro las funcionarias informaron a Lapad sobre el trabajo que se lleva adelante desde el área frente a la crítica situación de los departamentos del norte de la provincia y además explicaron cómo será la continuidad del trabajo.
La reunión demoró más de dos horas. Se analizó la situación en el norte provincial y las funcionarias de la provincia hicieron referencia a políticas específicas de contención desde Desarrollo Social.
Silvina Vargas expresó la idea de abrir delegaciones de la cartera a su cargo en donde faltan para que trabajen equipos en el lugar de manera permanente. El miércoles había informado a El Tribuno que necesitan llegar a unas 400 comunidades con "Unir", un plan de prevención y detección de situaciones de riesgo, pero que solo pueden llegar a 183.
Se trataron otros problemas urgentes, como la necesidad de aceitar los mecanismos de trabajo entre distintos organismos en las áreas de salud mental y adicciones para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
Por su parte, Mirta Lapad destacó el enorme perjuicio que provocó el cierre de los centros sociocomunitarios durante la pandemia, ya que eran espacios que permitían la contención, por ejemplo, de jóvenes con problemas de adicciones.
"Fue una reunión para interiorizarnos sobre cómo van a llevar adelante programas vinculados a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Como primer tema hemos abordado la situación que atraviesa el norte provincial y cómo se está atendiendo con equipos locales la emergencia en esa zona", sintetizó tras la reunión Mirta Lapad, que también preside el colegio de gobierno del Ministerio Público.