Gerentes de hospitales de autogestión salteños buscan que se sancione una ley para que las obras sociales nacionales dejen de desfinanciar a los nosocomios provinciales por medio del no pago de servicios brindados a sus afiliados.
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Gerentes de hospitales de autogestión salteños buscan que se sancione una ley para que las obras sociales nacionales dejen de desfinanciar a los nosocomios provinciales por medio del no pago de servicios brindados a sus afiliados.
Este problema, que preocupa a los administradores de los centros sanitarios públicos desde hace décadas, volvió a visibilizarse ayer, tras el reclamo que hizo el gerente del Hospital Público Materno Infantil, Federico Mangione, en El Tribuno, sobre los 315 millones de pesos que le deben obras sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud.
El gerente del hospital Dr. Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, comentó la nota y respaldó a su par: "Apoyo total al Dr. Mangione. Es un problema de años. No solo no pagan, sino que, cuando lo hacen se basan en un nomenclador totalmente desactualizado que no cubre costos: el Estado provincial financia a la Nación".
Cuando asumió la gerencia del centro sanitario, hace 14 años, Nallar se dio cuenta de que lo que gastaban en un paciente con cobertura de obra social no lo recuperaban y, si conseguían algo, ni siquiera cubrían los costos. Esto luego debía ser cubierto por el Gobierno provincial.
Para buscar una solución a este problema, que -aseguró- afecta a los hospitales de gestión descentralizada de todas las provincias, armó un anteproyecto de ley, que puso a disposición de legisladores nacionales por Salta y/o de otras provincias del interior.
El médico consideró que es importante que esta iniciativa llegue a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, para que se revise el sistema de recupero de gastos que hacen los hospitales públicos para pacientes con obra social.
Nallar explicó que el nomenclador de prestaciones de salud de los hospitales públicos, que depende de la Superintendencia, tiene valores bajos, se actualiza muy poco y se paga con demora: "Es bajo, se renueva cada dos años -la última, en 2019- y se paga a los nueve meses, con suerte".
"A una práctica de hoy la vamos a cobrar en un año, con valores desactualizados", acotó.
Tras ser consultado al respecto, el titular del organismo en Salta, Alberto Escribas, señaló que el nomenclador últimamente se actualiza cada seis meses, más o menos. Según dijo, la última renovación fue en agosto del año pasado.
El funcionario señaló que con la gestión actual se paga a los 60 días, algo que se interrumpió en septiembre del año pasado por un problema de AFIP que ya se habría resuelto.
Las demoras en el cobro y el poco dinero que finalmente reciben los hospitales lleva a que la Provincia financie estos gastos con fondos propios. "Esta es una costumbre que viene desde hace décadas y que afecta las arcas económicas provinciales", aseguró Nallar.
El gerente consideró que, en general, con las prepagas no tienen problemas, pero reconoció que algunas veces esto sucedió y tuvieron que ir también por la Superintendencia.
Nallar contó que entre 2015 y 2019 casi no recibieron pagos del organismo nacional y lamentó que este no contemple el pago de teleconsultas, que fueron una constante durante la pandemia y que no reconozca la asistencia respiratoria mecánica ni el kit de bioseguridad, entre otras cuestiones.
El médico explicó que lo ideal sería que las obras sociales acuerden valores de mercado local, que son los que estandariza el Instituto Provincial de Salud, con los hospitales públicos, y que no sea necesario ir a la Superintendencia. Recordó que décadas atrás este sistema se desvirtuó, ya que se convirtió en una forma de pago.
“Hay competencia desleal”, señalan
Explicaron que esto congestiona los hospitales y hace bajar la calidad.
Nallar consideró que el sistema de recupero que existe en la actualidad para los hospitales de gestión descentralizada representa una competencia desleal con el sector privado: “Las obras sociales, al tener prácticamente gratis las prestaciones para sus afiliados en el hospital, no hacen convenios con sanatorios privados”.
Explicó que esto congestiona los hospitales públicos. En el Oñativia la ocupación nunca baja del 90 por ciento y el 40 por ciento de la atención se da a pacientes con obra social, con picos del 60 por ciento durante la pandemia. “Eso no lo hemos cobrado”, señaló, y lamentó que, “cuando se trabaja con congestión se baja calidad”.
Nallar opinó que los hospitales públicos de autogestión constituyen un “blanco fácil” porque no pueden rechazar la atención a nadie: “El mejor mecanismo de cobro es cortarles los servicios, pero no podemos hacerlo. Entonces, se aprovechan de eso y nos siguen mandando pacientes. El único lugar que tenemos para recuperar costos es la Superintendencia, que tiene una demora de nueve meses con un nomenclador desactualizado”.
Nallar manifestó que este momento es oportuno para presentar el anteproyecto de ley que elaboró: “Se ha puesto en boga la salud y mucha gente se interiorizó sobre el funcionamiento de la gestión hospitalaria. Lo pongo a disposición de nuestros legisladores para que lo presenten cuando quieran”.
Consideró que “es hora de encontrar una solución de fondo a un problema histórico” y lamentó: “El sistema de salud endeble que tenemos se debe a que es exprimido de forma permanente por todos lados”.