El debate sobre el endeudamiento del Estado con el Fondo Monetario Internacional no solo muestra una polarización forzada en los discursos y en las actitudes, sino que hace más difícil suturar la fisura que resquebraja por completo la vida política del país.
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El debate sobre el endeudamiento del Estado con el Fondo Monetario Internacional no solo muestra una polarización forzada en los discursos y en las actitudes, sino que hace más difícil suturar la fisura que resquebraja por completo la vida política del país.
La ausencia de organizaciones políticas orgánicas, capaces de analizar la realidad actual del mundo, lleva a que los dirigentes anden a tientas. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie, que conocen la realidad porque la viven y la sufren, son abandonados en el descreimiento y el desconcierto.
El país está empobrecido y endeudado porque gasta más de lo que produce y financia déficit con inflación e impuestazos.
La urgencia por cerrar un acuerdo con el FMI tiene plazos. En el primer trimestre, la Argentina debe pagar US$3.976 millones al organismo; US$2.000 millones al Club de París y el vencimiento de intereses de US$ 693 millones por los bonos que reestructuró el ministro Guzmán en 2020. Si se vencen los plazos, entramos en default. Y en default, se clausuraría el acceso a cualquier financiación externa.
Las reservas netas del Banco Central se estiman en torno a los US$ 3.709 millones (US$358 millones líquidas, US$169 millones en giros especiales del FMI -DEG- y US$3.183 millones en oro). Están virtualmente en rojo.
Pero este no es todo el problema ni es culpa exclusiva de este gobierno ni de los anteriores: es responsabilidad compartida y no asumida. Al 30 de noviembre pasado la deuda pública total del Tesoro, con organismos, acreedores internos y externos, en dólares y en pesos, llegaba al equivalente a US$380.000 millones. Y la acumularon entre todos.
Como punto de referencia: el PBI de 2020 fue de US$387.000.
En dos años, la deuda en moneda local pasó del equivalente a US$ 63.408 millones a 98.547 millones.
Otro dato: los pasivos remunerados, que incluyen la deuda tomada por Leliq, suman hoy $ 4,4 billones. Es decir, US$ 44.000.000.000 según el dólar oficial, o US$ 22.000.000.000 tomando el dólar blue.
Es decir, el país está muy endeudado desde antes de la pandemia, de Mauricio Macri y de los 12 años kirchneristas. Pero los platos rotos los paga la gente.
El actual gobierno, como antes lo hiciera Néstor Kirchner, hace ajuste por inflación, congelando sueldos y jubilaciones. La inflación, de ese modo, pasa a ser el instrumento elegido, pero está demostrado que no genera equilibrio fiscal ni paz social. Y tampoco resuelve la brecha cambiaria ni mejora las reservas, que es lo que tranquiliza a los acreedores.
El país es un volcán y la prédica asistencialista no lo apaga.
Hoy se estima que apenas el 20% de los asalariados percibe más de $ 75.000 pesos, la pobreza trepó en dos años del 35% al 42% y así, 20 millones de argentinos no acceden a la canasta familiar, y 5 millones están en la indigencia.
Estos son los verdaderos problemas, los más graves y los que obligarían a la dirigencia a asumir una conducta más responsable y civilizada. Es inexplicable y nefasto observar que la fractura del oficialismo, derrotado en noviembre, no sirva de punto de referencia de la principal fuerza opositora, que demuestra no saber tampoco cómo cambiar de políticas: alentar la inversión privada y generar empleo genuino. Para eso es imprescindible eliminar subsidios al consumo de los sectores medios y altos, a las tarifas y a los pasivos remunerados, disminuir la presión tributaria y mostrar un país confiable.
El acuerdo con el FMI es imprescindible, pero ciertas conductas del oficialismo insinúan que prefieren un nuevo default; al mismo tiempo, las contradicciones de Juntos por el Cambio, legisladores irresponsables que se van de vacaciones o que cambian fácilmente su voto, muestran una fragilidad que no contribuye a la negociación con los acreedores, pero, sobre todo, a la gobernabilidad del país.
Porque el país, y una sociedad que está peor que nunca en medio siglo, debería obligar a una toma de conciencia para deponer las veleidades ideológicas del Frente de Todos y abandonar los prematuros juegos electorales de Juntos por el Cambio.