La emergencia pública en material social por violencia de género continuará hasta el 2024 en Salta y el Gobierno provincial podrá seguir reasignando partidas destinadas a implementar medidas para hacer frente a una preocupante realidad.
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La emergencia pública en material social por violencia de género continuará hasta el 2024 en Salta y el Gobierno provincial podrá seguir reasignando partidas destinadas a implementar medidas para hacer frente a una preocupante realidad.
A tres semanas de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto, el Senado sancionó el jueves último en definitiva la ley, la que ahora pasó al Ejecutivo para la promulgación.
Además de prorrogar hasta el 2024 la vigencia de la Ley 7.857, con la que se declaró hace ocho años por primera vez la emergencia pública en materia social por violencia de género, en los próximos dos años el Gobierno podrá seguir reasignando partidas para implementar acciones.
Sonia Magno, la única senadora que tiene la Cámara Alta salteña, remarcó la necesidad de ampliar la emergencia para la aplicación de políticas de Estado y destacó el trabajo que vienen realizando con sus áreas de mujeres la gran mayoría de los municipios.
Salta es una de las provincias con más casos de violencia de género del país, según las estadísticas de los últimos años.
En agosto pasado, el Poder Judicial de Salta hizo público que solo en el distrito judicial Centro, con sede en la capital, en lo que va de este año ingresaron más de 16 causas por día por violencia de género.
El informe señala que hasta el 31 de julio pasado ingresaron 3.524 causas por violencia contra mujeres en los juzgados de Violencia Familiar y de Género 1, 2 y 3 del distrito Centro, que incluye aquellos departamentos que no pertenecen a la sede de Cafayate, así como tampoco a los distritos Orán, Tartagal y Sur -Metán y J. V. González.
Las causas por violencia de género representan el 41% de los expedientes que reciben estos juzgados, que además tienen aquellos por violencia familiar (38%) y otros que ingresan como violencia, pero no están tipificados como tales y pasan a archivo o, si son de competencia penal, van a fiscalías especializadas. Estos representan el 21%.
Las denuncias ingresan por las Oficinas de Violencia Familiar y de Género (OVFG) y por comisarías.
Durante el debate legislativo se señaló que desde el 2014 se puso en marcha una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales especializadas en violencia de género, se crearon hogares de protección temporal y también una fiscalía penal y juzgados específicos de Violencia Familiar y de Género.
Con respecto a las denuncias que se realizan en la materia, se manifestó que las mismas se fueron incrementando y se puntualizó que en el último año llegaron a 22 mil y también se enfatizó que en el período que se transita de este año ya hubo siete femicidios en esta provincia.
En la Cámara Baja, la diputada Cristina Fiore consideró que falta un plan de acción para determinar qué objetivos se cumplimentaron y qué falta hacer y enfatizó que "los números son tremendamente dolorosos".
Cartelería en Braille
El Senado sancionó la ley que establece la incorporación de cartelería Braille en edificios y oficinas de los tres poderes del Estado de la provincia de Salta, para fomentar la inclusión y autonomía de personas con discapacidad visual.
Los organismos públicos deberán informar denominación, horarios de atención y de ingresos y salidas, donde se tramiten denuncias, se deberá proveer formularios impresos en Braille y las paradas de colectivos deberán informar el número de línea.