La crisis argentina, prolongada y sin solución de continuidad, se manifestó esta semana en alarmantes indicios de anarquía creciente. Los ya habituales cortes de calles y rutas comienzan a mostrar una deriva violenta.
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La crisis argentina, prolongada y sin solución de continuidad, se manifestó esta semana en alarmantes indicios de anarquía creciente. Los ya habituales cortes de calles y rutas comienzan a mostrar una deriva violenta.
Pero la fragilidad del Estado frente al deterioro institucional alcanzó su punto culminante en el conflicto gremial que llegó a paralizar la producción de neumáticos en tres empresas y, en consecuencia, de la industria automotriz. Del mismo nivel de irregularidad, y con una complicidad explícita de algunos sectores del Gobierno nacional, se produjo un rebrote de la violencia de grupos mapuches que atacaron a un puesto de Gendarmería Nacional e invadieron predios privados en la zona del lago Mascardi, en Río Negro.
En ambos casos es evidente el agravio contra los intereses nacionales y los mismos conceptos de autoridad, soberanía territorial y derecho de propiedad.
La industria del neumático provee un insumo esencial para la economía nacional. El paro que llevó adelante durante cuatro meses el sindicato liderado por el secretario Alejandro Crespo, frenó la producción en Fate, Bridgestone y Pirelli, las principales fábricas del país. Esta industria abastece la mayor parte del mercado y produce 6 millones de unidades anuales para un parque automotor cercano a los 15 millones de vehículos, entre autos, camiones y ómnibus de distinto porte, sin contabilizar la maquinaria vial y agrícola. El prolongado conflicto provocó la caída de la producción en más de 1,3 millones de unidades y el desabastecimiento se hizo sentir en la cadena comercializadora y provocó el auge de las compras irregulares de neumáticos en países limítrofes.
El dirigente Crespo pretendía romper el convenio vigente y exigía que las horas trabajadas los fines de semana se pagaran el triple que en los días hábiles. Por eso rechazaron en mayo una propuesta empresaria del 65% de aumento. El conflicto, ya politizado, llevó a la ocupación durante dos días del cuarto piso del Ministerio de Trabajo, agresiones hacia empresarios y funcionarios y el bloqueo a las plantas fabriles de las tres empresas.
Finalmente, todo terminó en un acuerdo: 66% de aumento en todo el período paritario 2021-22, además de un bono de 100.000 pesos y un incremento del 73% para el tramo 2022-23. Un paro salvaje en un momento crítico como el actual, que perjudicó a los trabajadores y a todo el país. Un país al margen de la ley no puede ilusionarse con la industrialización y la inversión tecnológica.
Entre tanto, en Villa Mascardi, en el parque nacional Nahuel Huapi y a 45 kilómetros de Bariloche, la organización supuestamente mapuche Lafken Winkul Mapu, que hace dos meses ocupó violentamente la cabaña Los Radales, el domingo 25 incendió un puesto de Gendarmería ubicado en el lugar y obligó a la retirada de los responsables de la seguridad.
Amparados en el aura de los pueblos originarios, esta organización que opera desde Chile aspira a controlar territorialmente todo el territorio que reclaman como pertenencia ancestral de las comunidades. En Río Negro, autoridades denunciaron que funcionarios nacionales apoyan a los grupos violentos y facilitan el traslado de activistas desde la provincia de Buenos Aires. La legislación sobre los derechos de los pueblos originarios no admite ocupación compulsiva de tierras fiscales ni privadas, no reconoce territorios sagrados y está orientada a preservar a las comunidades aborígenes marginales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas olvida a esas familias sumidas en la miseria y facilita lo que Luis Dates, propietario de la cabaña usurpada, define como "un avance territorial de delincuentes disfrazados de mapuches".
La complicidad política, puesta de manifiesto también en la inacción del Gobierno nacional ante los reclamos de la gobernadora Arabela Carreras, contribuye, una vez más, al caos en que se está sumergiendo el país.
Es claro que la democracia argentina asoma a un fin de ciclo. La erosión del prestigio de las instituciones, la debilitada representatividad y la incapacidad de las dirigencias para llegar a acuerdos que aseguren el equilibrio social nos conducen por un camino demasiado incierto, muy lejano a los ideales que nos convocaron en 1983.