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“Hay que generar igualdad y darles a las víctimas derechos que ya tienen los agresores”

Nilda Gómez es madre de una de las 194 víctimas del incendio de Cromañón y pide que Salta adhiera a la ley nacional que garantiza asistencia en un proceso judicial. 
Domingo, 23 de octubre de 2022 11:37
Nilda Gómez perdió a su hijo en Cromañón y pide asistencia para las víctimas de delitos en Salta. Pablo Yapura

En la historia de Nilda Gómez hay un antes y un después del 30 de diciembre de 2004, cuando su hijo se convirtió en uno de los 194 muertos que dejó el incendio del boliche Cromañón, en Buenos Aires. Esa noche comenzaba para ella un camino que la llevó a recibirse de abogada y a hoy recorrer el país para concientizar sobre los derechos de las víctimas en un proceso penal. Pasaron casi 18 años y quizás lo único que no se transformó en su vida es la habitación de su hijo, que aún no se atreve a desarmar.

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En la historia de Nilda Gómez hay un antes y un después del 30 de diciembre de 2004, cuando su hijo se convirtió en uno de los 194 muertos que dejó el incendio del boliche Cromañón, en Buenos Aires. Esa noche comenzaba para ella un camino que la llevó a recibirse de abogada y a hoy recorrer el país para concientizar sobre los derechos de las víctimas en un proceso penal. Pasaron casi 18 años y quizás lo único que no se transformó en su vida es la habitación de su hijo, que aún no se atreve a desarmar.

“Cuando alguien comete un delito, tiene un defensor pagado por el Estado. Hay que generar igualdad de condiciones para la víctima, que no eligió estar ahí y necesita, no solo un abogado, sino contención. Hay que darles a las víctimas derechos que ya tienen los agresores”, dijo a El Tribuno ayer, antes de tomar un vuelo de vuelta a su casa después de varios días de reuniones con funcionarios, legisladores y familias que esperan ayuda en la provincia.

Fue desde el principio una de las madres más activas en la lucha contra el olvido luego de Cromañón y ahora es titular del Observatorio de Víctimas de Delitos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Llegó a la provincia el miércoles con una agenda cargada de compromisos y advirtió cada vez que tuvo oportunidad que “Salta aún no adhirió a la ley de víctimas”.

Uno de los objetivos de su visita fue gestionar que en la provincia se aplique la norma que busca garantizar el derecho a recibir asistencia y el acceso a la Justicia. También se reunió con familiares de víctimas de delitos. Antes de regresar, dijo que en Salta hay muchos casos de abuso sexual infantil y familias que sufrieron una pérdida en un accidente de tránsito y necesitan asesoramiento.

Destacó la importancia de difundir el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), que garantiza abogados a personas que están atravesando o atravesaron hechos de abuso sexual durante su niñez o adolescencia para que se tomen las medidas de protección necesarias y se lleven adelante causas civiles o penales. 

Educación

Cuando ocurrió “la mayor tragedia no natural del país”, como Nilda Gómez define a Cromañón, su hijo Mariano Benítez tenía 20 años. Sus cosas quedaron tal como estaban esa noche. “No puedo tocar nada. Es triste porque veo cómo todo se va deteriorando año a año. Otros padres necesitaron mudarse o cambiar todo rápido, pero yo no consigo hacerlo”, contó.

Su recorrido en la búsqueda de justicia la llevó a concluir que la salida no son las penas más duras o la baja en la edad de imputabilidad, como reclaman algunos sectores, sino la inclusión y la formación. “Tenemos penas duras, solo deben cumplirse. Las cárceles no están preparadas para cumplir su función, que es resocializar. Hay que trabajar en eso y poner mucho más énfasis en la educación”, señaló.

Sobre su propia experiencia con la causa de Cromañón, expresó: “El tiempo que pudieran pasar presos los acusados no significó nada para mí. En cambio, sí significó mucho el hecho de que los declararan culpables, que la sociedad tuviera claro que no eran unos pobres chicos que no sabían nada, que fueran vistos como los responsables de lo que pasó”, dijo a El Tribuno.

A 17 años del desastre, cree que hubo avances y que vale la pena seguir trabajando: “Hay irregularidades en los boliches que los chicos denuncian porque hoy se dan cuenta. Las puertas que se abren para afuera, la prohibición de usar bengalas o tener media sombras... Son medidas que llegaron después de 2004. Logramos hace poco media sanción de un proyecto para expropiar el local donde funcionaba Cromañón, para que se transforme en un lugar donde la gente pueda ver lo que ocurre si no hay controles. Hemos avanzado mucho pero falta mucho más”.
 

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