Los incendios de bosques y pastizales dejaron una fuerte advertencia a los gobiernos provinciales y es que, de una vez por todas, deben tomar el toro por las astas, simplemente, porque el poder central no tiene capacidad preventiva ni operativa para afrontar cualquier tipo de catástrofes.
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Los incendios de bosques y pastizales dejaron una fuerte advertencia a los gobiernos provinciales y es que, de una vez por todas, deben tomar el toro por las astas, simplemente, porque el poder central no tiene capacidad preventiva ni operativa para afrontar cualquier tipo de catástrofes.
Quedó a la vista. ¿Cuál es la infraestructura y los recursos puestos de inmediato a disposición para frenar el fuego? Pocos y tarde.
Las promesas de asignación de recursos y de envíos de millones de pesos solo sirven para encubrir la realidad: mientras el Poder Ejecutivo le asigna al conurbano bonaerense otros $100.000 millones en Asistencias del Tesoro, a las provincias incendiadas les palmean la espalda. Los ministros ofrecen una catarata de cifras supuestamente asignadas para prevenir emergencias, pero "el poncho no aparece".
Esto ocurre en todos los temas centrales del oficialismo: el ambiente sería un dogma indiscutido, pero en los hechos todo se aborda desde el prisma de la ideología, el poder y la caja.
Para el poder central, es decir, la realidad del interior del país es un tema menor.
Con los incendios que asolaron 80.000 hectáreas en Salta en los últimos meses todas las cartas quedaron sobre la mesa. No hubo, de ninguna parte, previsión ni organización nacional, regional ni local. Pero eso ocurrió en todo el país.
La Facultad de Agronomía de la UBA informó que desde 2020 el fenómeno de La Niña ha provocado una sequía pertinaz que eliminó la humedad del suelo y que afecta a 160 millones de hectáreas, equivalente a la mitad del territorio continental argentino.
¿Podía esperarse otra cosa que incendios de bosques y pastizales?
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández había transferido el Sistema Federal de Manejo del Fuego (con su caja) del Ministerio de Seguridad al de Medio Ambiente, al tiempo que designó a Juan Cabandié como titular de este último. Desde un primer momento el ministro de esmeró en demostrar que, en materia técnica o científica, sobre el tema no conoce nada y que carece de asesores idóneos. Sin embargo, a coro con las organizaciones ambientalistas y con el camporista Máximo Kirchner, su mentor, siempre han interpretado el fuego como una forma de avanzar sobre los derechos de los productores rurales y forestales.
Para muestra, un caso. El 18 de febrero, cuando los incendios arrasaron los esteros del Iberá para luego extenderse por todo el litoral hasta el Delta, un informe técnico del INTA de Corrientes estimaba que, solo en esa provincia, la superficie quemada ya era de 785.000 ha. Seis meses más tarde, el 22 de agosto, el ministerio de Ambiente informaba que "en lo que va de 2022 se contabilizaron al menos 1.128 incendios en el país y un total de superficie afectada de 375 mil hectáreas". En el detalle por provincias, publicado por la página Chequeado.com se estimaba que la superficie quemada en Corrientes es de 87.000 ha (cuatro veces menos y medio año más tarde) y en forma decreciente aparecen Chubut, San Luis, Santa Fe, La Pampa y otras. Por entonces asignaban a Salta una quemazón de 9.000 hectáreas.
Es que junto con la llegada de Cabandié al ministerio, y a instancias de Máximo Kirchner, a fines de 2020 se sancionó una ley que, lejos de exigir al Estado nacional y al Consejo Federal de Medio Ambiente más responsabilidad, más coordinación regional, más información y más infraestructura, establece un sistema punitivo que avanza sobre los derechos de los productores agropecuarios y forestales acusándolos de ser responsables del 95% de los incendios. Es decir, que el Estado no tienen nada que ver y que los productores no son víctimas sino incendiarios.
La realidad es muy distinta, pero hay que conocerla, y caminarla.
La agencia oficial Télam informó en diciembre de 2020 la ley 27.604 de Manejo del Fuego donde se especifica que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales… se prohíbe por el término de sesenta (60) años desde su extinción" modificar el uso y destino que esas superficies tenían antes del incendio, la subdivisión, el loteo, el parcelamiento o cualquier emprendimiento inmobiliario de tierras particulares. Tampoco se podrán realizar las actividades agropecuarias que decida el propietario. En el caso de los productores privados, las garantías de la Constitución dejan su lugar a un punitivimo despótico.
El viernes 11 la Red de Manejo del Fuego Rural, entidad formada por nueve asociaciones que protegen a más de un millón de hectáreas en la Mesopotamia y Delta bonaerense, reclamó "acelerar medidas de planificación" y explicó que están en "alerta rojo" por el riesgo de más incendios ante la sequía que se prolonga hasta febrero, por lo menos. Reclaman "planificación en la gestión de incendios rurales con las provincias", para coordinar las acciones y la disponibilidad de recursos humanos y aéreos. Que es lo que le exige al Estado, desde la primera norma de 1996, el servicio nacional contra el fuego.
Los incendios, como el debate sobre la protección de humedales, demuestran la importancia de que las provincias defiendan sus prioridades institucionalmente frente a un poder hipercentralista. Es el espíritu del Norte Grande: un país federal. Regionalizar en serio a esta parte del país requiere que todos los gobernadores y las legislaturas prioricen las necesidades de las provincias por sobre compromisos y alineamientos con el poder central.
Las políticas de protección del ambiente son esenciales, pero son viables, solamente, con madurez política. Atacar al sistema productivo, culpar al campo por los incendios, como acusar a las empresas por la inflación es una ideologización destructiva, incompatible con la democracia y el federalismo.