El fallo unánime de la Corte Suprema que ordena al Alberto Fernández restituir de inmediato a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de Coparticipación Federal que le había quitado en 2020, sin acuerdo ni aviso previo, da lugar a muchas interpretaciones políticas, pero para las provincias representa, objetivamente, una ratificación de la autonomía administrativa de todos los Estados provinciales, no solo la de la CABA, y la necesidad de que se restablezca un régimen de distribución de fondos como lo ordena la Constitución de 1994.
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El fallo unánime de la Corte Suprema que ordena al Alberto Fernández restituir de inmediato a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de Coparticipación Federal que le había quitado en 2020, sin acuerdo ni aviso previo, da lugar a muchas interpretaciones políticas, pero para las provincias representa, objetivamente, una ratificación de la autonomía administrativa de todos los Estados provinciales, no solo la de la CABA, y la necesidad de que se restablezca un régimen de distribución de fondos como lo ordena la Constitución de 1994.
Porque el dinero que se debe pagar a la CABA es el que se había establecido en la ley de creación de la policía de la Ciudad, no para beneficiar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sino para garantizar la seguridad de tres millones de personas que viven en el distrito y otros tres millones que circulan cada día, provenientes del conurbano, de otras provincias o del exterior.
La Corte destaca la demora de 26 años que acarrea la sanción de un nuevo régimen de Coparticipación. Un atraso que deja a las provincias libradas a la voluntad cambiante del poder central que gracias a la inflación, a la permanente legislación de emergencia económica y a la subestimación de los ingresos presupuestarios, dispone de un margen amplísimo de discrecionalidad para favorecer a los gobernadores que le responden y castigar a los que creen en la autonomía federal.
Por eso la Corte sostiene que la decisión unilateral de Fernández, apoyada por 19 gobernadores -por conveniencia, ingenuidad, impotencia u obsecuencia, según cada caso- "violenta los términos del acuerdo de transferencia de competencias…". Y las exigencias de un régimen federal.
La decisión fue grotesca: en setiembre de 2020, una sublevación de la Bonaerense hizo temblar al gobierno de Axel Kicillof, aunque, curiosamente, la protesta decisiva y de tono más extorsivo se desarrolló en la residencia presidencial de Olivos. Fue entonces cuando el presidente decretó quitarle casi la mitad de los fondos coparticipables a la Ciudad y crear con ese dinero un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal, gracias al cual Kicillof pudo anunciar un aumento inédito para los policías que suponía un costo fiscal de $ 15.000 millones (de 2020).
Y fue el mismo Kicillof quien, sabiendo que ese dinero, en todo caso, debió haber sido aportado por Asistencia del Tesoro Nacional, invitó a sus pares a presentarse ante la Corte como "amicus curiae" contra el Gobierno de la Ciudad. Una muestra inequívoca del centralismo imperante.
Según estimaciones de varias consultoras, entre enero y setiembre de este año, las transferencias discrecionales tuvieron un incremento interanual del 56% ,27 puntos por debajo de la inflación. Se trata $ 480.000 millones de los que Kicillof recibió $ 203.400 millones, el 42,4% del total y un 81% de incremento interanual para él.
El poder central piensa desde el Área Metropolitana, tiene su base operativa entre Puerto Madero y Recoleta, barrios de una ciudad con peso propio, pero gobernada desde 2007 por la oposición. Sin embargo, por razones de peso electoral se privilegia el control del conurbano y por el combustible económico de la agricultura, toda la región central.
Sacarle recursos a Horacio Rodríguez Larreta para dárselos a Kicillof no beneficia a las provincias; en cambio, las perjudica porque relativiza los derechos autonómicos.
La construcción de un régimen federal depende de los gobernadores, que habitualmente (por vocación o por resignación) reposan en la comodidad de la coparticipación, se avienen a ceder derechos a cambio de asistencia discrecional (que tiene hijos y entenados) y descuidan cuestiones esenciales como, por ejemplo, el reemplazo del transporte automotor por el ferroviario, el control federal de las hidrovías, el desarrollo económico del interior para la generación de empleo genuino y cuestiones elementales como la prevención de catástrofes y el abastecimiento de combustible.
Respaldar al presidente en una convocatoria como la que se insinuaba ayer suena a rebelión contra la Corte de Justicia y sería todo lo contrario de lo que se espera en un país federal.