Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, pidió licencia por tiempo indeterminado ante la denuncia contra su hijo, Antonio Fretes Escobar, acusado de recibir un soborno de US$ 368.000 para tratar de impedir la extradición del brasileño Kassem Muhamad Hijazi, hoy finalmente detenido en EEUU por una causa de lavado de dinero iniciada por el Departamento del Tesoro. Hizazi es sospechoso también de mantener conexiones con la organización terrorista libanesa Hezbollah y de participar en el asesinato de Marcelo Pecci, fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, perpetrado en mayo en la playa de Barú, Colombia.
inicia sesión o regístrate.
Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, pidió licencia por tiempo indeterminado ante la denuncia contra su hijo, Antonio Fretes Escobar, acusado de recibir un soborno de US$ 368.000 para tratar de impedir la extradición del brasileño Kassem Muhamad Hijazi, hoy finalmente detenido en EEUU por una causa de lavado de dinero iniciada por el Departamento del Tesoro. Hizazi es sospechoso también de mantener conexiones con la organización terrorista libanesa Hezbollah y de participar en el asesinato de Marcelo Pecci, fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, perpetrado en mayo en la playa de Barú, Colombia.
El escándalo originó una conferencia de prensa conjunta entre el presidente Mario Benítez y el embajador estadounidense, Marc Ostfield, quien ratificó su respaldo a las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado y señaló: "Mi prioridad como embajador es apoyar a las instituciones democráticas de Paraguay a luchar contra la corrupción y la impunidad". Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares para encontrar información sobre la muerte del Pecci.
Pecci estaba a cargo del esclarecimiento de numerosos casos de alto impacto vinculados con la actividad del crimen organizado en Paraguay, entre ellos el llamado Operativo A Ultranza, considerado como la mayor operación antidrogas en la historia del país, que descubrió una red en la que participaban empresarios proveedores del Estado que habían lavado más de 250 millones de dólares. Investigaba también los crímenes derivados de una guerra de bandas que provocó la ejecución de numerosos personajes conocidos por su vinculación con el narcotráfico.
Las investigaciones de Peccei involucraban al Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, la organización con sede en San Pablo y dirigida por sus cabecillas desde la cárcel. Una vez desmantelados los carteles de la droga en Colombia, el PCC es actualmente catalogado como la estructura criminal más importante de América del Sur. En 2020 organizó una fuga masiva de presos de la cárcel de Pedro Juan Caballero, cuarta ciudad paraguaya, capital del departamento de Amambay, fronteriza con Brasil. En octubre de 2020 el fiscal encabezó un operativo en un hangar cercano a Asunción donde buscaba aeronaves que llevaban cocaína desde Bolivia a Paraguay para ser transportadas a Europa. En ese allanamiento Pecci encontró un helicóptero ploteado como si perteneciera a la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Una hipótesis que circuló en Colombia después del atentado es que el crimen podría haber sido tramado en una cárcel de Estados Unidos donde está preso desde el año pasado Nader Mohamad Farhat, integrante de la "Hijazi", que según el fiscal asesinado es una red con capacidad para blanquear cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Farhat es un personaje allegado a Hezbollah y bastante conocido en la Triple Frontera, un lugar que desde hace más de dos décadas concentra la atención de la CIA y la DEA estadounidenses, por la coincidencia entre la presencia de células de la organización terrorista libanesa y las múltiples operaciones de lavado de dinero.
Paraguay es el mayor productor mundial de marihuana. La superficie más comprometida con el cultivo está en el norte, en especial en la zona aledaña a Pedro Juan Caballero, en el límite con Matto Grosso do Sul, una frontera binacional de 1.290 km de extensión. La compra por colonos brasileños de miles de hectárea consagradas a la actividad agropecuaria representa un negocio en sí mismo, pero también una cobertura apropiada para el tránsito de la droga. El 70% de la producción de la marihuana paraguaya se vende en Brasil y el 10% en la Argentina.
En esa región, las fuerzas de seguridad suelen estar sobornadas por el narcotráfico, tiene presencia el Ejército Popular Paraguayo (EPP), una organización surgida a mediados de la década del 90 que practica una activa cooperación con los carteles brasileños, como ocurría en Colombia entre los carteles de la droga y las FARC.
La cuestión tiene también una dimensión social. Para miles de pequeños agricultores, cultivar marihuana es mucho más rentable que mandioca u otros productos tradicionales. Este entrecruzamiento de intereses forjó una red de complicidades silenciosas. El Congreso paraguayo aprobó una ley que legalizó el cultivo de cannabis con fines medicinales, pero las falencias de los organismos de control permiten que esa legislación sea a menudo empleada como tapadera para la producción destinada al tráfico.
Cartes, en la picota
Las ramificaciones del narcotráfico y el lavado de dinero profundizaron las disputas internas en el gobernante Partido Colorado. En agosto, el gobierno estadounidense resolvió incluir en una lista de "personajes significativamente corruptos" al expresidente Horacio Cartes, uno de los empresarios más acaudalados del Paraguay, antecesor en el cargo de Abdo Benítez y adversario del actual mandatario en la lucha por el control del partido oficialista.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, acusó al exmandatario de haber fabricado durante su mandato "una investigación internacional de gran envergadura para protegerse a sí mismo y a un cómplice no identificado". Puntualizó que "Cartes tendría participación documentada recientemente con organizaciones terroristas extranjeras".
La imputación coincidió con la noticia de que Tabacalera del Este, una empresa de Cartes, estaba vinculada con los movimientos de avión venezolano - iraní retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza que había transportado cigarrillos de esa firma desde Paraguay a Venezuela y otros países latinoamericanos.
Días pasados, Abdo Benítez afirmó que su antecesor es "el mayor contrabandista de cigarrillos de la región" y allegados a su gobierno dejaron trascender la posible la extradición de Cartes a Estados Unidos aún antes de las elecciones primarias del Partido Colorado del 18 de diciembre. La decisión requeriría la intervención de la Corte Suprema. De allí que esa versión coincida con los rumores que asocian el ataque contra Fretes con las acusaciones contra el expresidente con quien el titular de la Corte Suprema tendría una añeja relación de amistad.
Los partidarios de Cartes replican que la acusación es parte de una campaña de Abdo Benítez y denuncian la complicidad del embajador estadounidense en esa presunta maniobra. Pero semanas más tarde Blinklen en Washington y el propio embajador Ortsfield en Asunción anunciaron la inclusión en esa nómina de indeseables del vicepresidente Hugo Velázquez, el precandidato presidencial apoyado por Abdo Benítez para las elecciones internas del Partido Colorado convocadas para el 18 de diciembre. Velázquez debió resignar su postulación.
Pero la cuestión tiene también una dimensión geopolítica que involucra a la Argentina. La frontera con Brasil no es la única ruta para el tráfico de drogas desde Paraguay. Carlos Peris, un especialista argentino que participó de un trabajo sobre crimen organizado de Inshight Crime, una organización no gubernamental dedicada al análisis del tema, afirma que "la Hidrovía, al ser el único canal para conectarse internacionalmente, es el camino no solo para el comercio legal sino también para el narcotráfico". Esta situación motiva el interés de Washington, reflejado en el acuerdo suscripto entre el gobierno de Asunción y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para el diseño de un "Plan Maestro" orientado a asegurar la navegabilidad de la Hidrovía. Los críticos de la iniciativa la califican como una institucionalización encubierta de la presencia militar norteamericana en el corazón del Mercosur.