El clima de alteración política preludia el anuncio del fallo por la causa Vialidad, que se conocerá hoy. La tensión es fogoneada desde el fracturado oficialismo, pero se potencia especialmente por la fragilidad social imperante. Dos décadas de destrucción sistemática del empleo genuino erosionaron la previsibilidad en un país incapaz de mantener objetivos y reglas de juego racionales, con gobiernos que no reconocen que la inflación tiene un protagónico formador de precios, que es el Estado y que ven en la actividad económica privada un coto de caza para financiar la política.
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El clima de alteración política preludia el anuncio del fallo por la causa Vialidad, que se conocerá hoy. La tensión es fogoneada desde el fracturado oficialismo, pero se potencia especialmente por la fragilidad social imperante. Dos décadas de destrucción sistemática del empleo genuino erosionaron la previsibilidad en un país incapaz de mantener objetivos y reglas de juego racionales, con gobiernos que no reconocen que la inflación tiene un protagónico formador de precios, que es el Estado y que ven en la actividad económica privada un coto de caza para financiar la política.
Los exabruptos de algunos personajes de historia sinuosa y violenta, como Luis D' Elía y el juez Juan Ramos Padilla, y la amenaza de paro contra la Justicia emitida por la dirigencia de ATE son el correlato de aquella consigna de "los pibes para la liberación": Si la tocan a Cristina…
Pero el apoyo del ala "albertista" a la vicepresidenta se convierte en farsa con solo recordar lo que opinaba Alberto Fernández de Cristina Kirchner y sus seguidores en abundantes videos que circularon en los doce años transcurridos desde que se fue abruptamente de la jefatura de Gabinete para aceptar el papel de reparto que ella le deparó para este período de Gobierno. El viraje de Sergio Massa, en cambio no sorprende a nadie.
Es importante tener en cuenta que la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, contribuyó a producir ya un golpe institucional, al acatar una orden de la vicepresidenta para no enviar la nómina de los cuatro representantes de la Cámara baja y paralizar de ese modo al Consejo de la Magistratura.
Todo esto demuestra la capacidad de daño de una persona procesada y probablemente condenada por delitos de corrupción, que exhibe así su desapego por los valores democráticos y republicanos y por sus propias obligaciones de Estado.
Ella cree, o finge creer, que puede desempeñarse como los monarcas absolutistas que caracterizaron la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna en Europa occidental. Y la acompaña una porción de seguidores, muy bien solventada con recursos de la Anses, el PAMI, YPF y hasta la AFIP.
La actitud asumida por Cristina Kirchner es la misma que mostró cuando decidió que fuera su hija, y no el presidente provisional del Senado, quien le entregara los atributos de mando en su reelección de 2011, y cuando se negó a entregar el gobierno a Mauricio Macri, en 2015.
Y, claro, cuando descalificó a los jueces sosteniendo que "la Historia ya me juzgó". Es difícil saber si se trata de una autopercepción megalómana, una teatralización para mantenerse en escena o si tiene alguna convicción ideológica. Lo cierto es que ella sostiene que hace falta una nueva Constitución en la que se garantice la reelección indefinida, se elimine a la Justicia como Poder independiente del Estado y se establezca un sistema de comunicación única. Cristina ha dicho que "la Revolución Francesa es del pasado" y quizá por eso trata de restablecer el régimen absolutista que precedió al nacimiento de la democracia occidental.
Si todo esto se tradujera, tras el fallo, en movilizaciones depredatorias como la que realizaron frente al Congreso en 2017, poco después de la segunda victoria electoral del macrismo, con lanzallamas y toneladas de piedras incluidos, el clima se enrarecería aún más. Pero si se prolonga el intento de destrucción de la Justicia y el sometimiento servil del Congreso a los intereses de una elite de poder nada transparente, la crisis alcanzaría una profundidad dramática.
La Justicia tiene muchas falencias, pero es el único poder del Estado que funciona con reglas e idoneidad profesional.
A Cristina no la van "a tocar" con un fallo, porque ella goza de todas las garantías que la Constitución ofrece a los ciudadanos. Sin embargo, optó por no defenderse y desarrollar, en cambio, una contraofensiva política.
Esto, de institucional, no tiene nada. Comparar a los jueces de la democracia con los "grupos de tareas" de la dictadura, o a una entrevista que tuvo con el periodista Luis Novaresio con "una cámara de torturas", muestra la estudiada desmesura de quien quiere seguir dando lucha política aún con una condena, que parece inminente.
En cambio, el enigmático intento de atentado que se produjo en la puerta de su casa el 1 de setiembre contribuye a la construcción de la victimización. Y así parece porque, mientras no se interesan por las negligencias expuestas por los responsables de la seguridad de Cristina y por la Policía Federal en ese momento, se trata de forzar una hipótesis de conspiración política en la persona del diputado Gerardo Milman.
El fallo se conocerá hoy, será apelado y no habrá condena definitiva o absolución en mucho tiempo.
Si el traspié judicial desencadena una nueva crisis de liderazgo y hay una reacción en cadena de los piqueteros sostenidos por el Estado, todo en medio del tembladeral económico que parece irreversible, el oficialismo será responsable de un proceso autodestructivo en que nos sumergiremos todos.