Entendimientos dentro de la coalición gobernante. Es probable que el gobierno del presidente Alberto Fernández venga manteniendo conversaciones reservadas con la CGT y otras organizaciones sociales que le son políticamente afines. Es probable también que estos poderosos actores estén dispuestos a continuar acompañando silenciosamente las consecuencias más irritativas que las políticas públicas (o su ausencia) hacen recaer sobre los trabajadores (con y sin trabajo) y sobre el amplio espectro de excluidos del orden productivo formal que aquellos actores están llamados a representar. Pero este comportamiento -que algunos llaman responsable y otros ven como pura e innoble complicidad- tiene, como todo en la vida, sus límites.
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Entendimientos dentro de la coalición gobernante. Es probable que el gobierno del presidente Alberto Fernández venga manteniendo conversaciones reservadas con la CGT y otras organizaciones sociales que le son políticamente afines. Es probable también que estos poderosos actores estén dispuestos a continuar acompañando silenciosamente las consecuencias más irritativas que las políticas públicas (o su ausencia) hacen recaer sobre los trabajadores (con y sin trabajo) y sobre el amplio espectro de excluidos del orden productivo formal que aquellos actores están llamados a representar. Pero este comportamiento -que algunos llaman responsable y otros ven como pura e innoble complicidad- tiene, como todo en la vida, sus límites.
Así lo muestra, sin ir más lejos, la reacción de la CGT híperperonista cuando, en 1975, hizo saltar por los aires el Plan de Ajuste del atribulado ministro Celestino Rodrigo.
Más allá de los relatos y arengas que todavía hoy encomian las políticas del quinto peronismo (también llamado kirchnerismo), lo cierto es que hay datos negativos en materia de empleo, de condiciones laborales, de poder adquisitivo de los salarios y de las rentas sustitutivas. Desde 1945 (momento fundacional) han pasado muchos años y hay evidencias de que lo que se supuso excelente y eterno (el modelo sindical peronista) no es tal y que, por tanto, necesita cambios. Sin embargo, dentro del universo del sindicalismo mayoritario nadie se atreve a imaginar y menos sugerir el contenido y dirección de tales cambios. Las preferencias por el inmovilismo son notorias.
¿Convidados de piedra?
Los economistas y las principales fuerzas políticas acaparan el debate sobre las relaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional o, lo que es lo mismo, con el mundo. Protagonizan un debate que me parece sesgado, corto, diríase que binario ("aprobamos o rechazamos") y peligrosamente excluyente. Por lo pronto, el Acuerdo con el FMI -en los términos que van conociéndose- garantiza que nuestra economía mantendrá el comportamiento mediocre de los últimos años, y aleja la inquietante hipótesis de un estallido que, como expresé en una nota anterior, solo podría venir de la mano de la falta de gas (u otros insumos esenciales importados) en los próximos inviernos.
Lo cierto es que con o sin acuerdo, una larga lista de problemas irresueltos, de conflictos abiertos o larvados, espera su turno en este recién comenzado año 2022. Muchos de estos problemas y conflictos tienen como protagonistas o víctimas a los trabajadores (con y sin trabajo), a quienes viven de las prestaciones de la Seguridad Social contributiva, o sobreviven gracias a las transferencias del Estado.
Por lo tanto, inmediatamente después de alcanzado el intrincado compromiso con el FMI y dentro del marco (o corsé según se prefiera) que este Acuerdo defina, el gobierno deberá adoptar las medidas que son de su competencia. Podrá hacerlo en la clásica "mesa chica" en la que se sientan los socios fieles, o convocando a la oposición y a los actores sociales.
Mientras este tiempo inexorable llega, me atrevo a enunciar algunos interrogantes que seguramente están formulándose los actores sociales para luego interpelar al gobierno. Los agruparé en dos grandes áreas: empleo y salarios, y relaciones laborales.
En el primero de estos terrenos, a partir del acuerdo con el FMI, se imponen las siguientes preguntas:
¿Como se prevé que evolucionarán el empleo, los salarios, los precios y las prestaciones sociales?
¿Cuál es el límite social y político de la caída del poder adquisitivo de los salarios, de las ayudas sociales y de las prestaciones de la seguridad social?
¿Hasta dónde puede crecer el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales?
¿Hasta qué punto pueden caer (en cantidad y calidad) las prestaciones de salud, educación, seguridad, vivienda y urbanismo a cargo del Estado?
¿Hasta qué nivel pueden crecer el trabajo no registrado, la mora judicial, el desmejoramiento de las condiciones de trabajo?
¿Hay margen para mantener o elevar los impuestos que desalientan la creación de empleo decente?
¿Qué sucedería si se traspasasen los niveles tolerables? ¿Qué medidas compensatorias podría poner en marcha el gobierno? ¿Qué harían los trabajadores y sus sindicatos?
Reforma laboral
Si bien el acuerdo con el FMI (a diferencia de ocasiones anteriores) no se refiere explícitamente a las reglas que ordenan el trabajo asalariado, es posible que sus exigencias financieras y monetarias conduzcan a analizar algunas reformas laborales. Es prudente preguntarse entonces:
¿Habrá cambios en las reglas que regulan los contratos individuales de trabajo y las relaciones laborales colectivas?
¿Qué restos de vitalidad tiene el modelo sindical peronista en su faceta unitaria, vertical y centralista?
¿Podrán la patronal y los grandes poderes económicos imponer una reforma laboral que recorte o elimine derechos adquiridos?
En tal caso, ¿cuál será la respuesta de las confederaciones obreras, los sindicatos, las comisiones internas?
¿Es eterna la fidelidad de los sindicatos mayoritarios al modelo mercado internista?
¿Hasta qué momento los convenios colectivos de trabajo firmados en 1975 seguirán siendo la mejor opción para sindicatos y patronales?
Tripartismo
Así como las dos grandes coaliciones políticas están intentando coincidencias mínimas alrededor del acuerdo con el FMI, parece atinado que los actores del mundo de la producción y el trabajo (las patronales, las confederaciones obreras y el gobierno) procuren un acuerdo social con eje en el empleo decente y en el cumplimiento de los convenios de la OIT.
Sería un error ignorar a los sindicatos o confiarlo todo a los vínculos y lealtades que los ligan con el quinto peronismo (o kirchnerismo).
Los argentinos llevamos largos años estancados en enfrentamientos estériles, cerrados al diálogo constructivo, vetando cualquier búsqueda de coincidencias básicas.
Parece evidente que, en el marco estrecho del acuerdo que el gobierno finalmente celebre con el FMI, la Argentina se verá obligada a tomar decisiones de amplio alcance. Deberán tomarlas el Gobierno, el Congreso de la Nación, la oposición, los actores sociales (sindicatos, empresarios, organizaciones de la economía popular, los acreedores y deudores), e incluso las familias y los ciudadanos.
De la oportunidad, eficacia y contenido equitativo de estas decisiones dependerán el desarrollo productivo, la creación de empleo, la paz social y, cómo no, los resultados electorales por venir.