Ayudar a los wichis a cruzar la quebrada de la pobreza con proyectos verdaderos, tangibles y concretos para que puedan tener una vida mejor, ha sido imposible para gobiernos, ONGs y particulares que, ejercitando la filantropía, han trotado montes mil veces llevando qué comer, qué beber y qué vestir a determinadas comunidades. Pero los originarios del Chaco salteño siguen parados sobre todas las necesidades más básicas insatisfechas. Es un problema histórico.
En este contexto, la Corte de Justicia de Salta declaró la competencia originaria para intervenir en la acción de amparo promovida por la defensora y el defensor adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación contra la Provincia y el Poder Ejecutivo.
La acción de amparo colectiva fue promovida en favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas que viven en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, donde fue declarada la emergencia socio sanitaria, en pos de que se garantice su derecho a la protección especial, el derecho a la vida, a un nivel adecuado de ella, a la salud, a la alimentación, al agua segura y el acceso a la justicia, entre otros.
El caso, dijeron los jueces de Corte, “encuadra específicamente en el artículo 153, apartado II, inciso c) de la Constitución Provincial y, por tanto, habilita la competencia originaria de este Tribunal”.
El actual gobierno de la provincia de Salta declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín en 2020, a semanas de haber asumido la gestión. Pero todos los esfuerzos, al menos para observadores de la realidad como la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, Marisa Graham; y el Defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández, resultaron insuficientes. Ambos presentaron en diciembre pasado un amparo en la Justicia de Salta por la situación de los niños de las comunidades originarias.
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Ayudar a los wichis a cruzar la quebrada de la pobreza con proyectos verdaderos, tangibles y concretos para que puedan tener una vida mejor, ha sido imposible para gobiernos, ONGs y particulares que, ejercitando la filantropía, han trotado montes mil veces llevando qué comer, qué beber y qué vestir a determinadas comunidades. Pero los originarios del Chaco salteño siguen parados sobre todas las necesidades más básicas insatisfechas. Es un problema histórico.
En este contexto, la Corte de Justicia de Salta declaró la competencia originaria para intervenir en la acción de amparo promovida por la defensora y el defensor adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación contra la Provincia y el Poder Ejecutivo.
La acción de amparo colectiva fue promovida en favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas que viven en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, donde fue declarada la emergencia socio sanitaria, en pos de que se garantice su derecho a la protección especial, el derecho a la vida, a un nivel adecuado de ella, a la salud, a la alimentación, al agua segura y el acceso a la justicia, entre otros.
El caso, dijeron los jueces de Corte, “encuadra específicamente en el artículo 153, apartado II, inciso c) de la Constitución Provincial y, por tanto, habilita la competencia originaria de este Tribunal”.
El actual gobierno de la provincia de Salta declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín en 2020, a semanas de haber asumido la gestión. Pero todos los esfuerzos, al menos para observadores de la realidad como la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, Marisa Graham; y el Defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández, resultaron insuficientes. Ambos presentaron en diciembre pasado un amparo en la Justicia de Salta por la situación de los niños de las comunidades originarias.
“Resulta evidente que no está garantizado el acceso a agua segura para las comunidades, escenario en el que, consecuentemente, resulta previsible que se registren nuevas muertes de niñas, niños y adolescentes por causas evitables”.
El documento tiene 46 páginas con datos inquietantes y tristes de la realidad del Chaco salteño y, básicamente, ponen el acento en que “a dos años de la declaración de la emergencia socio sanitaria, resulta imperioso que se lleven adelante todas las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua segura y a la salud, a los fines de disminuir la cantidad de muertes evitables. Nos vemos en la obligación conforme al mandato legal de requerir la tutela jurisdiccional pertinente para que se garantice con urgencia la vida de las niñas y los niños. Se ha agotado la instancia de solicitud de información y en función de ello promovemos esta acción de amparo”.
En el amparo solicitan “que se ordene la conformación de una mesa de articulación institucional para elaborar un plan de trabajo integral e intercultural coordinado y operativo que contemple medidas adecuadas, efectivas y suficientes para restituir y garantizar los derechos a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado, de niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas” del Chaco salteño.