Si bien se puede sospechar que la desigualdad entre mujeres y varones en el ámbito laboral es menor que hace décadas, estudios demuestran que aún hay muchas dificultades para que ellas accedan a cargos directivos y de presidencia en empresas o instituciones civiles, así como para ser reconocidas como trabajadoras formales cuando realizan tareas en casas particulares.
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Si bien se puede sospechar que la desigualdad entre mujeres y varones en el ámbito laboral es menor que hace décadas, estudios demuestran que aún hay muchas dificultades para que ellas accedan a cargos directivos y de presidencia en empresas o instituciones civiles, así como para ser reconocidas como trabajadoras formales cuando realizan tareas en casas particulares.
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres plantearon que faltan políticas públicas y acciones integrales para disminuir la desigualdad de género y para garantizarles a ellas iguales oportunidades de desarrollo. Señalaron que desde el Estado no se contribuye a la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado de personas entre los miembros de una familia.
Según una encuesta que realizó la consultora KPMG en 2021 entre mil empresas en la Argentina, el 95% de ellas tienen como presidentes a varones y solo un 5%, a mujeres. Entre los cargos de vicepresidentes, hay un 11% de mujeres y su presencia aumenta a medida que baja la jerarquía. En puestos directivos, ellas representan solo el 15%. Del total de las personas que integran los directorios -6.186-, solo 846 son mujeres, lo que representa el 13,7%. El 86,3% restante son varones.
A partir de un relevamiento que hizo el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en 2020 para evaluar indicadores de participación de mujeres en cámaras empresariales, colegios profesionales, asociaciones, sindicatos y uniones en la provincia de Salta, se vio que las mujeres solo ocupaban el 23% de los puestos de presidencia en cámaras empresarias o colegios profesionales. En asociaciones, sindicatos o uniones, ellas representaban un 8% en puestos de secretarías generales o presidencias.
Si se comparan estas categorías con un relevamiento similar realizado en 2017, se ve que las mujeres en cargos de presidencia de cámaras empresarias o colegios profesionales representaban el 13%. Esto muestra que hubo un incremento de 10 puntos porcentuales en tres años. En asociaciones, sindicatos o uniones, el 10% de los secretarios generales o presidentes eran mujeres, apenas por encima de la última cifra relevada.
Las tareas de cuidado y limpieza en casas particulares es la principal ocupación de las mujeres en la Argentina. Según un relevamiento del Ministerio de Economía de la Nación en 2020, el 96,5% de los que hacían este trabajo eran mujeres.
El 72,4% de las trabajadoras de casas particulares no estaban registradas. Esto implica que no tenían vacaciones, aguinaldo, ni cobertura de salud ni frente a accidentes de trabajo.
De acuerdo con un informe del Indec de 2019, en Salta, el 17% de las mujeres ocupadas en la provincia eran trabajadoras de casas particulares, mientras solo lo era el 0,3% de los varones ocupados.
Por más derechos
La directora del Observatorio, Florencia Sánchez, evaluó que las políticas públicas que tienden a erradicar desigualdades de género en el ámbito laboral son aisladas: "Hace falta un conjunto de políticas y acciones que tiendan a disminuir la desigualdad y que las mujeres y personas que integran la diversidad tengan las mismas oportunidades de desarrollo".
La experta mencionó que hay prácticas machistas y misóginas, como la distribución inequitativa del trabajo doméstico no remunerado, que hacen mayoritariamente las mujeres por un rol social. Explicó que esto lleva a que no tengan el mismo tiempo disponible para desarrollarse profesionalmente.
Evaluó que el Estado no contribuye a la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre los miembros en una familia. Por ello, consideró que "se deben crear cambios legislativos, sociales y culturales que tiendan a mayor igualdad en la sociedad".
En relación con las trabajadoras de casas particulares, señaló que el Estado debe enfocarse más en desarrollar políticas públicas que incentiven su registro por parte de los empleadores, como el programa nacional Registradas.
"Una persona no registrada no accede a un montón de derechos y está mucho más expuesta a vulneraciones", evaluó y observó que la mayoría de estas trabajadoras no tiene capacitación profesional, lo que las lleva a una mayor precarización: "No tienen muchas opciones de desarrollo, más aun si no tienen estudios secundarios o capacitación en el cuidado de personas ancianas o de niños".
Sánchez recordó que este es uno de los pocos trabajos que no es incompatible con la Asignación Universal por Hijo o con el Progresar: "Muchas mujeres desconocen sus derechos y las facilidades que existen, así como también muchos empleadores".
La directora consideró que muchas veces se cree que una empleada doméstica "da una mano", cuando, en verdad, es alguien que trabaja y necesita cobertura: "Eso tiene que cambiar para no perpetuar las desigualdades sociales".