El escándalo de la financiera Ríos y Asociados no deja de sorprender a la opinión pública. El motivo: hay algunos policías bajo sospecha y acusados.
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El escándalo de la financiera Ríos y Asociados no deja de sorprender a la opinión pública. El motivo: hay algunos policías bajo sospecha y acusados.
Pero lo llamativo es que los supuestos propietarios de la financiera públicamente les exigen a los damnificados -cuyo número es un misterio celosamente guardado- un acuerdo para obtener el reintegro de su inversión o, al menos, una parte.
Está más que claro el manejo turbio de la financiera en cuestión; su falta de autorización según el marco normativo y la falsedad de los instrumentos de los que se valieron para operar en la plaza. La pregunta cae por su peso: ¿con quién se va a celebrar el publicitado acuerdo? Es obvio que con los verdaderos responsables de los quebrantos, no.
A los cerebros del affaire, la acusación fiscal parece no rozarle siquiera, por ahora. O al menos no se conoció públicamente.
De a poco se va esclareciendo que los detenidos por esta sonada estafa son eslabones más pequeños de la asociación ilícita, la parte operativa y los comisionistas.
Nada se sabe de los supuestos inversionistas, tampoco dónde fueron colocados los millones de pesos y divisas extranjeras que recaudaron.
Los montos recaudados por la financiera de marras en más de un año de operaciones incesantes nunca fueron cuantificados públicamente, tampoco la cantidad de personas damnificadas ni menos la identidad de aquellas que fueron beneficiadas en sumas millonarias por esta maniobra que, aunque no parezca, afecta en cierto modo la imagen pública de la institución policial.
En ese punto, cabe reflexionar sobre las declaraciones del propio procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, a horas de estallar el escándalo.
En esa ocasión habló de una maniobra colosal y que lo descubierto hasta entonces solo era la punta del iceberg. Sin muchas vueltas perfiló la maniobra como una estafa piramidal de enormes dimensiones, no alejada del lavado de dinero, obviamente producto de actividades ilícitas.
Evidentemente, los delitos cometidos por los cerebros de la financiera, los cómplices y facilitadores comienzan en la asociación ilícita, el peculado y podrían alcanzar incluso el fuero federal. De muchos de los fondos invertidos se desconoce el verdadero origen.
La cantidad de meses que operó Ríos y Asociados en nuestra provincia demuestra que su actividad era ampliamente conocida por varios efectivos de las fuerzas públicas, además de gente vinculada al Poder Judicial y el Servicio Penitenciario.
Fuentes fidedignas fueron más allá y aseguraron a este medio que incluso legisladores y jueces del interior invirtieron en Ríos y Asociados.
Una fuente consultada relató a El Tribuno algunas de las características del modus operandi de la inversora. Aclaró que los plazos y las tasas de retorno no eran iguales para todos los inversores.
Al respecto dijo que incluso algunas personas llevaron directamente sus vehículos, les fueron tasados y tras la cesión del dominio el dinero quedaba invertido en la financiera al plazo estipulado en la carpeta que se le entregaba.
Además, aseguró que Ríos y Asociados pagaba diariamente a solo diez clientes por orden de llegada, mientras los incautos hacían largas colas para lograr ingresar sus dineros en las arcas de los supuestos inversores.
La tasa de retorno al 100% a solo 15 o 30 días ocurrió en casos excepcionales, según indicó la fuente. Remarcó que seguramente lo hicieron para captar a más víctimas. Luego agregó que muchos inversionistas (los más pequeños) tardaban largos días para lograr cobrar lo pactado y otros, en cambio, percibieron varias veces ganancias excepcionales.
Las preguntas sobre cómo operaron durante tanto tiempo, el monto de lo recaudado, la cantidad de damnificados y el destino final de las exorbitantes ganancias son materias pendientes a explicar. Está claro que los retornos millonarios terminaron siendo para algunos integrantes de la fuerza un impensado “regalo”, mientras para otros significó la ruina económica o la pérdida de sus ahorros.
El caso en el que están implicados algunos policías exige una investigación profunda acerca de quienes estuvieron detrás de esta millonaria maniobra y un mayor control por parte de los fondos del Estado, como el caso de los adicionales de la Policía.