Lejos quedaron las épocas doradas de la Asociación Betania, la primera institución que trabajó profesionalmente con adicciones en Salta. Sumida en una profunda crisis económica que varios señalan como resultado de una mala administración que se arrastró por varios años, cerró en los meses previos a la pandemia y no pudo volver a reabrir. Un inminente juicio por desalojo entre el secretario, el actual y el expresidente, todos pastores evangélicos, muestra en lo que puede quedar resumida su valiosa tarea sostenida durante tres décadas: una disputa por las propiedades que quedan de la Asociación.
inicia sesión o regístrate.
Lejos quedaron las épocas doradas de la Asociación Betania, la primera institución que trabajó profesionalmente con adicciones en Salta. Sumida en una profunda crisis económica que varios señalan como resultado de una mala administración que se arrastró por varios años, cerró en los meses previos a la pandemia y no pudo volver a reabrir. Un inminente juicio por desalojo entre el secretario, el actual y el expresidente, todos pastores evangélicos, muestra en lo que puede quedar resumida su valiosa tarea sostenida durante tres décadas: una disputa por las propiedades que quedan de la Asociación.
Betania llegó a ser referente de la problemática en adicciones. La institución nació en 1986 y tuvo entre sus principales promotores a Guillermo Arquati, el juez federal Abel Fleming y otros profesionales que hoy trabajan en el Ejecutivo o en el Poder Judicial. Se calcula que "al menos" más de mil varones con problemas de adicciones fueron atendidos desde que comenzó a funcionar.
Adrián Irrazabal, que afronta el juicio por desalojo de la casa terapéutica de Cerrillos, asumió en el 2019 como secretario de la Asociación junto con Jorge Vaci como presidente y de vice David Oscar Huanco. Como oportunamente informó este matutino, en octubre de ese año, previo a que llegara la pandemia, la casa terapéutica cerró. Por entonces, su presidente, el contador Vaci, admitió el problema de fondos y aseguró que le harían los arreglos necesarios para ajustarse a normas nuevas y de este modo obtener nuevamente la habilitación como establecimiento de salud. La idea era retomar en marzo del 2020, el mes en que se dictó la cuarentena estricta. Pero no pudo reabrir y lo único que queda es un juicio por desalojo.
Al cerrar la casa le propusieron a Irrazábal habitarla momentáneamente. Según Irrazabal, fue realizando algunos arreglos al lugar, que llegó a albergar hasta 20 pacientes. Un día, contó, llegó Proficcsa (Programa de Fiscalización y Control de Gestión de los Servicios de Salud), el organismo que otorga las habilitaciones a nivel nacional, y cuestionó que no se habían usado los fondos enviados. "Vinieron y le preguntaron a Vaci qué había hecho con los subsidios que le habían enviado para la calefacción y para el techo, que está a punto de caerse", advirtió Irrazabal sobre el momento que, asegura, comenzó a sospechar que "algo no andaba bien".
Al estar cerrada la casa de Cerrillos las atenciones se derivaron al "centro de día" que está en la calle 10 de octubre.
Las irregularidades habrían comenzado a notarse también en las terapias de rehabilitación que durante los últimos meses habrían sido brindadas por personas sin ningún tipo de experiencia ni calificación. "Como era pandemia y suelo ayudar en comedores, traje a unos tipos que dormían en la calle para darles techo y comida a cambio de que ellos ayudaran a arreglar la casa", contó Irrazábal. "Un día Vaci me pidió que le enviara a uno de ellos de asistente a la casa de día. Luego me enteré por una señora que vino buscando ayuda para su hijo, que ese chico que vivía en la calle se hizo pasar por operador del centro de día y atendió a su hijo", acusó Irrazábal.
Desde la Secretaría de Salud Mental informaron que derivaron pacientes hasta los primeros meses del 2020, hasta que vieron que "la situación no daba para más". Momento crítico que habría terminado de enfrentar a los administradores de la Asociación. "Vaci me dijo que la Provincia no le quería mandar más pacientes y que él renunciaría al cargo de presidente para que lo ocupe yo. Nos ofreció un local que él tiene en la avenida YPF para que abriera una iglesia o juntara chicos con problemas de adicciones. Yo ahí le dije que no, porque era mezclar cosas. A partir de ese momento comenzó una enemistad con él y me pidieron que me vaya de la casa", contó Irrazábal sobre cómo llegó al juicio que deberá afrontar a mediados de año.
Además de pedirles que dejaran la casa, Irrazábal aseguró que hicieron un cambio y que, sin la presencia de nadie de la comisión Vaci renunció para que Huanco asumiera como presidente. "Yo era el secretario y ni me llamaron. Comencé a asesorarme, y si él renunciaba debía presentar los balances", indicó, y aseguró que pecó de ignorante sobre los manejos administrativos de una asociación.
"Yo metí la pata en firmar una modificación del estatuto", lamentó Irrazábal. Se refiere a la modificación del artículo 42 del estatuto, que consta en la última acta registrada en el libro de la Asociación.
"La asamblea no podrá decretar la disolución de la sociedad mientras existan quince socios dispuestos a sostenerla", señala el artículo.
También indica que en caso de liquidación de la Asociación, los liquidadores pueden ser de la misma comisión directiva o a alguien que esta designe “con control del órgano de fiscalización”. Sobre el remanente de bienes, señala que “se destinarán al Estado nacional, provincial o municipal, o a entidades privadas con personería jurídica exentas del impuesto a las ganancias, que tengan por objeto la prevención de toxicomanías o alcoholismo o rehabilitación de adictos”.
Según destacó Irrazábal, este es el escenario fértil para que puedan rematar la casa del centro día y el alojamiento de Cerrillos, emplazado en generosas tierras. Argumentó su sospecha porque el requisito de la oposición de 15 socios para su liquidación y que el control quede en manos del órgano de control sería posible manejarlo a su antojo, ya que todos los últimos pasos burocráticos dados serían fraudulentos. En este sentido el locutor acusó que la comisión directiva de la asociación era falsa, porque varios de sus integrantes no dieron su consentimiento, y aseguró que asentó estas denuncias en Personería Jurídica, sin ninguna respues ta.
Ana María Aguilar, que figuraba como parte del órgano de fiscalización de la comisión que tenía mandato hasta mediados de este año, le aseguró a El Tribuno que nunca dio su consentimiento para integrar la Asociación. Valentina Aguado, por su lado, que figuraba como vocal segunda, indicó que la propuesta vino de Vaci, que lo conocía de “la Iglesia del Amor, en la avenida YPF, que ya cerró”, si bien indicó haber firmado, aseguró que “no sabía qué estaba firmando, me dieron a entender que era para otros beneficios”. Aseguró que esa firma fue el único contacto que tuvo, porque nunca fue a ninguna reunión ni firmó más nada. En cuanto a la posibilidad de que la Asociación pueda ser absorbida por un privado con personería jurídica, aseguró Irrazábal que, al ser ambos pastores, cuentan con asociaciones que tienen personería jurídica de vieja data y que fácilmente podrían absorber las propiedades de la Asociación. “Vaci pertenece a Micop”, aseveró, y agregó que la personería jurídica 109/06 es con la que tendría un templo y un comedor. “Y Haunco está bajo la potestad de una iglesia asentada en Tucumán”, resaltó. El pastor de la iglesia “Dios es Amor” aseguró que solo devolverá la casa cuando tenga la garantía de que será utilizada para lo que fue creada. “Yo quería ayudar porque yo también fui adicto, y pude recuperarme”, cerró.
“Pagué y no recibí tratamiento”
El tucumano Rodrigo Montenegro contó su experiencia de rehabilitación en Betania, lugar al que llegó días previos a la pandemia. “Mi hermana es psicóloga y llamó al Sedronar y le recomendaron Betania, por ser de renombre”, relató sobre el arribo a la Asociación. “Ahí nos comunicamos con Vaci (presidente), que nos dijo que contábamos con todos los servicios en Cerrillos, pero que estaba cerrado por refacciones y que se abriría nuevamente en marzo”, detalló el joven sobre los $25 mil que se les cobró por comidas, alojamiento y atención. Al llegar se da conque en Cerrillos no había profesionales y lo llevaban al centro de día de la calle 10 de Octubre, donde se quedaba durante la semana; los fines de semana iba a la casa terapéutica de Cerrillos, donde se quedaba con Irrazábal, el secretario de la Asociación, que ya vivía allí junto a su esposa Rosana. “Ellos me salvaron, no sé que hubiera hecho sin ellos”, agradeció Rodrigo sobre la pareja. Cuenta que lo asistieron cuando quedó sin ningún tipo de ayuda.
A las dos semanas de haber llegado se dictó la cuarentena estricta, cerró el centro de día y fue enviado de forma permanente a la casa de Cerrillos.
“En el centro de día estuve con Rodrigo Usqueda como acompañante terapéutico, y cuando cerró el centro él se fue junto conmigo a la casa de Cerrillos. Ahí me enteré que él había sido enviado de la casa terapéutica, pero que no era operador, y me mostró el contrato que le hizo Betania como operador”, indicó sobre los momentos en que “comenzó a sospechar cosas”. Montenegro relató que pagó hasta mayo por un tratamiento que no recibió, sumado a que no le “acercaban ni un abrigo ni un plato de comida”, decidieron con su familia dejar de pagar. “Ahí Huanco sí se apareció y la llamó a mi mamá para que pagara. Luego junto con Vaci me dijeron que me querían llevar a la 10 de Octubre, que me querían poner una camita para que me instale ahí”, repasó.
Montenegro se quedó varios meses en la casa de Cerrillos, conviviendo con el secretario de la asociación y su esposa. “Ellos me ayudaron muchísimo desde la religión, hacían que me mantenga ocupado”, recordó. Sin embargo, con su objetivo claro, Montenegro buscó a la psicóloga que lo atendió mientras estuvo en el centro de día para continuar con su rehabilitación. “La psicóloga Quevedo me dijo que no pensaba que yo seguía aquí, se sorprendió porque en el otro lugar en el que trabaja con adicciones, si le habían facilitado medios para poder seguir con el tratamiento y aquí no teníamos nada, simplemente me habían dejado”, acusó.
La zona gris: ¿terapia o contención social?
El final de la Asociación Betania es lamentado. “Era un aliado estratégico”, aseguró Martín Teruel, coordinador general de Adicciones de la Provincia de Salta, y a su vez es uno de los tantos profesionales que hicieron “escuela” en la Asociación referente.
El funcionario aseguró que el final de Betania “era la crónica de una muerte anunciada”, y aseguró que en el 2015 se reunió con su presidente, Jorge Vaci Acosta, para recomendarle que hiciera las gestiones necesarias ante organismos nacionales para obtener fondos. De esta manera se salvaría la institución con la que la Secretaría de Salud Mental tenía convenios para derivarle pacientes del sistema público. Betania, junto a la Fundación Revivir y Casa Terapéutica María Reina, eran los tres centros con los que la secretaría tenía convenios. Se les exigía cumplir ciertos estándares y protocolos, como un tratamiento de psicoterapia individual, psiquiatra en el caso que se necesite, atención médica regular y psicoterapia grupal y familiar. Según indicó Teruel, hasta marzo o abril del 2020 los programas de tratamiento de Betania “estuvieron funcionando con monitoreo de la Secretaría”, aunque admitió que comenzó a ver fallas. Cuando llegó la pandemia, indicó, les informaron que “no podían abrir por pandemia”, a lo que se les sumó el vencimiento de la habilitación e incontables juicios laborales de los profesionales que allí trabajaban. En este escenario la Secretaría dio por terminado el convenio y reubicaron en otros centros a los pacientes que estaban derivados allí.
Por consultas relacionadas con problemas de adicción, dirigirse al Centro de Consulta y Orientación ubicado en Sarmiento 491, o a los teléfonos 0387 4318400- 4953113.
Sobre la regulación de los centros de rehabilitación, que en muchos casos terminan en manos de feligreses de alguna religión, Teruel aclaró que solo pueden controlar con quienes tienen convenio. El control con quienes tienen convenio se realiza mediante informes mensuales que envían los profesionales que tratan a los pacientes derivados. “La Secretaría no tiene el poder de policía, ni el Sedronar lo tiene”, resaltó Teruel. “Debería ser injerencia de la Secretaría y no la tenemos. Todo lo que no está regulado abre la puerta a diferentes situaciones”, destacó por su lado la secretaria de Salud Mental, Irma Silva. “No tengo objeciones morales sino técnicas, puedo creer que haya gente que tenga la convicción que rezando la gente salga de las adicciones”, agregó Teruel, que ejemplificó la situación como una “ zona gris”. “Podemos ir a decirle a alguien ‘usted no brinda un tratamiento acorde a los estándares’ y la gente te puede decir: que no pretende dar tratamiento, sino que hace contención social, se plantea como un ‘ciudadano solidario’ y no se puede hacer nada”, aseveró.
El artículo 22 de la Ley de Salud Mental manda a que se cree el órgano de revisión, un equipo multidisciplinario dependiente del Ministerio Público de la Defensa, que entre otras obligaciones debería monitorear instituciones. Sin embargo la institución que tendría el poder de policía para ejercer el control sobre los centros privados aún no fue creada en Salta.