Siete barrios de la capital y el interior que formaron parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) serán los primeros en acceder a la regularización de los servicios públicos para las tierras que, en algunos casos mantienen ocupadas hace más de veinte años.
inicia sesión o regístrate.
Siete barrios de la capital y el interior que formaron parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) serán los primeros en acceder a la regularización de los servicios públicos para las tierras que, en algunos casos mantienen ocupadas hace más de veinte años.
Los asentamientos que ingresarán en esta primera etapa ubicados en la capital son el 13 de Abril, en el que se beneficiarán 100 familias, La Cerámica en el que habitan 310 familias, Tinkunaku con 140 familias, Ampliación Solís Pizarro con 300 familias. Mientras que de la Caldera se beneficiará a Villa Sara con 35 familias. Por parte del interior ingresará el barrio 16 de Junio de Embarcación, donde moran 140 familias, y San Expedito de Orán en el que viven 300 familias.
Sobre estos barrios se trabajará sobre el acceso a los servicios básicos, agua, luz y red de cloaca. "Determinamos 19 barrios populares que pueden tener próximamente la regularización, y de esos se comenzarán con 7. Se seleccionaron en base a situaciones óptimas en materia dominial, factibilidad de proyectos, proximidad de las redes existentes y relación de costo/cantidad de beneficiarios", indicó Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicos Públicos (Enresp). El funcionario indicó que el costo promedio para regularizar a cada usuario clandestino ronda entre los $70 y los $80 mil.
El Enresp diagramó la propuesta en conjunto con las empresas prestatarias de servicios públicos, con la secretaría de Recursos Hídricos "porque algunos barrios están sobre la línea de rivera", explicó Saravia. También se trabajó con otras secretarías como la de tierra y bienes, la de obras públicas y la de participación ciudadana, mediante la Coordinación de enlace y relaciones políticas a cargo de Pablo Outes. Mientras que el encargado de la gestión y control de los proyectos es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de integración Socio Urbana (DISU).
El Renabap se hizo a nivel nacional en el 2016 y Salta fue una de las provincias que más arrojó asentamientos humanos a nivel país. En el estudio quedó en claro, además, la urgente situación del interior provincial con 17.501 hogares, lo que representa un 77% de las 22.656 familias ubicadas en más de 160 barrios populares de la provincia. Entre las diferentes localidades, Tartagal es la que alberga la mayor cantidad de asentamientos, con 50 del total de 160 registrados. El propósito del registro fue contar con datos para luego presentar el proyecto de regularización que se convirtió en ley, la 27.453, que entre otras cosas suspendió los desalojos por dos años y reconoció el derecho del acceso a la tierras ocupadas. La ley también estableció que en cabeza del ministerio de desarrollo social de nación, se creen los programas de integración socio-urbana para la regularización dominial y de acceso a los servicios públicos, en el que se enmarca el proyecto presentado.
“Hace 22 años que peleamos por la regularización”
Incrédula, Dina Guaymás desconfía de la información de que su barrio, Tinkunaku, será uno de los primeros en acceder a la regularización que manda la ley 27.453. Dina llegó a esas tierras en 1998, con sus 3 hijos a los que criaba sola. “No alcanzaba para un alquiler, los del centro vecinal me dijeron de estas tierras que eran de la Municipalidad. Aquí crié a mis hijos, llegué aquí sin agua, sin luz, sin nada”, recordó. Como en cada asentamiento, en Tinkunaku la organización también logró lo suyo y luego de siete años de haber llegado logró junto a sus vecinas que les instalaran la luz y el agua. Sin embargo, aún sueñan con las cloacas.
El mismo sueño de las redes cloacales guardan en La Cerámica donde se desecha agua en la vereda para que “no se le llene el pozo”. Allí, en cambio, se accedió al agua por una promesa eleccionaria: “Hace 4 años Paz Posse (NdelaR: exdirector de Aguas del Norte) se postuló no me acuerdo a qué y vino al barrio. Ya veníamos peleando por el agua, y ahí nos dijo que si lo apoyábamos nos iba a poner el agua, y lo apoyamos y nos puso la red, tenemos el agua individualmente porque antes teníamos agua clandestina”, contó Carina Santos, que vive allí hace 18 años junto a sus dos hijas y su marido que es albañil.
La propuesta que presentó el Enresp (Ente Regulador de Servicios Públicos) se enmarca en el programa “Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares”, a cargo a nivel nacional de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) como organismo de gestión y control. Mientras que a nivel local es gestionado y controlado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Integración Socio Urbana (DISU). Los fondos para los proyectos provienen de FISU que se creó a partir de la ley 27.453 para el financiamiento de la integración sociourbana de los barrios populares registrados en el Renabap.