Después de una firma de convenios entre la Provincia y Nación para la puesta en marcha de diversos programas alimentarios destinados a los sectores más vulnerables, ayer el gobernador Gustavo Sáenz habló con la prensa sobre las protestas sociales. Consultado sobre los distintos cortes de ruta que se producen en diferentes puntos de Salta, afirmó que "preocupan y mucho".
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Después de una firma de convenios entre la Provincia y Nación para la puesta en marcha de diversos programas alimentarios destinados a los sectores más vulnerables, ayer el gobernador Gustavo Sáenz habló con la prensa sobre las protestas sociales. Consultado sobre los distintos cortes de ruta que se producen en diferentes puntos de Salta, afirmó que "preocupan y mucho".
Este año los cortes de ruta que llevan adelante distintas organizaciones pusieron en jaque a diferentes localidades de la provincia. En marzo, literalmente, el departamento San Martín quedó sitiado. Durante ese mes no hubo un día en que la ruta no esté cortada a la altura de Tartagal, Mosconi, Coronel Cornejo o General Ballivián.
Por otro lado, Sáenz comentó que habló con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, con quien firmó ayer convenios sobre la problemática que ocasionan los cortes en rutas por distintas protestas sociales, especialmente en las zonas de frontera. Comentó que está dialogando con fiscales federales y provinciales "no para criminalizar las protestas, sino para garantizar el derecho a la circulación".
"Lo que se corta no es una calle sino rutas nacionales, rutas provinciales que afectan a la producción salteña. También no permiten que Gendarmería pueda controlar debidamente cuando pasan los camiones porque cuando llega el momento tienen que liberar el tránsito", afirmó el mandatario.
Sáenz insistió que desde la Provincia están planteando que no "van a criminalizar la protesta" porque no es lo que corresponde y aseguró que están "de acuerdo" con que la gente pueda expresarse.
"También queremos que puedan manifestarse y permitir que el otro pueda seguir trabajando y por eso seguimos planteando la posibilidad de que sea en media calzada y que en la otra media calzada puedan transitar, aunque sea más lento, pero que puedan pasar nuestros productos, los vehículos y que Gendarmería pueda controlar debidamente lo que ingresa", destacó.
El mandatario aseguró que Salta, al ser una provincia fronteriza, tiene "cuestiones completamente diferentes" y es por eso que se debe controlar "mejor".
"Hay que medir a todos con la misma vara. Hoy es un delito cortar una ruta aunque la corte una organización social, aunque la corte un diputado o un gobernador", remarcó Sáenz.
El 19 de abril el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, sufrió un corte en la rotonda de Torzalito cuando remiseros de la zona se manifestaban en contra de la decisión de la AMT de prohibir el ingreso de este tipo de medios de transporte al microcentro de Salta.
Sobre esa situación, Villada fue claro y dijo: "Los cortes no son la vía. Le complican la vida a la gente y esto se debe terminar. El corte es una extorsión a la gente no a los funcionarios, pero esto se debe terminar sobre la base del entendimiento, del diálogo. Sabemos que esto no es un problema que se da en Salta, sino que también ocurre en todo el país".
Convenios por más de $1.100 millones
Buscan fortalecer la seguridad alimentaria de familias vulnerables.
Los convenios que firmaron el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, implican más de $1.100 millones para fortalecer la seguridad alimentaria de salteños en situación de vulnerabilidad social. De esta forma se da continuidad a los programas sociales destinados a personas con diagnóstico de enfermedad celíaca y sin obra social; a integrantes de pueblos originarios y refuerzo alimentario a casi 12 mil alumnos que asisten a los comedores de escuelas públicas.
El ministro Zabaleta resaltó que desde que asumió el pasado 10 de agosto esta es la séptima vez que visita la provincia, “lo que es parte del enorme compromiso que asumimos para seguir garantizando la seguridad alimentaria de los argentinos”.
La secretaria de Inclusión Social de la Nación, Laura Alonso, se refirió al alcance de los tres convenios firmados. En el caso del atinente a las personas con celiaquía especificó que se benefician 680 salteños, que tienen una tarjeta magnética para la adquisición de alimentos aptos en los comercios adheridos al sistema, con una acreditación mensual de $5.000 en el 2022.