El arzobispo Mario Antonio Cargnello declaró ayer ante la Justicia por la denuncia de dos Carmelitas Descalzas que lo acusaron de ejercer violencia de género. La audiencia oral comenzó a las 12 y estuvo acompañado por su abogado, Eduardo Romani. Luego se retiró y evitó dar testimonios a la prensa que lo abordó en búsqueda de alguna respuesta.
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El arzobispo Mario Antonio Cargnello declaró ayer ante la Justicia por la denuncia de dos Carmelitas Descalzas que lo acusaron de ejercer violencia de género. La audiencia oral comenzó a las 12 y estuvo acompañado por su abogado, Eduardo Romani. Luego se retiró y evitó dar testimonios a la prensa que lo abordó en búsqueda de alguna respuesta.
El testimonio de Cargnello era uno de los últimos pasos que esperaba la jueza María Carolina Cáceres Moreno, a cargo del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, para emitir un pronunciamiento. Lo que decida la jueza estará relacionado con medidas de protección a las denunciantes. Hasta ahora, la magistrada dispuso que haya una consigna policial en el convento San Bernardo, además de prohibir expresiones públicas que revictimicen a las religiosas.
La jueza podrá modificar las medidas, mantenerlas, ampliarlas o descartarlas. La ley 7.888 indica que a su "arbitrio, el juez podrá fijar conforme con las reglas de la sana crítica y la evaluación del riesgo de la situación de violencia denunciada, el tiempo de duración de las medidas dispuestas, teniendo especialmente en cuenta el peligro que pudiera correr la persona agredida".
Luego de faltar a la primera audiencia para asistir a la Conferencia Episcopal el tres de mayo, Mario Cargnello se sometió la semana pasada a la entrevista psicológica que había requerido la jueza. Los testimonios de las monjas ya fueron escuchados por la Justicia, por lo que la declaración de los acusados era uno de los últimos trámites que faltaban para completar el proceso, que se enmarca en la ley 7.888, que reglamenta a nivel provincial la ley nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Según el artículo 15 de dicha norma, "regirá el principio de obtención de la verdad material, de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con los principios de la sana crítica".
Desde el lado de las religiosas confían en que la jueza tomará una "medida razonable" en base a las "contundentes pruebas ofrecidas". Esto, en relación a un video en el que constarían insultos y golpes de Cargnello y su colaborador a las monjas, material que integra la causa según destacan.
Si bien trascendió que la mala relación entre las Carmelitas y el arzobispo es de vieja data, a raíz de que ellas creen en la Virgen del Cerro y Cargnello no lo acepta, un episodio que ocurrió hace dos años impulsó la denuncia. Según la acusación, durante el velorio de la entonces superiora el arzobispo y su colaborador, Lucio Ajalla, habrían golpeado a dos monjas para recuperar la grabación de una discusión que habían mantenido con el jefe de la iglesia local.
También se denunció a Cargnello por violencia psicológica y económica. El tema se planteó primero en el fuero eclesiástico y los sacerdotes que intervinieron en las actuaciones canónicas también fueron denunciados: Martín de Elizalde, obispo emérito, quien realizó el informe para la Santa Sede, y el juez vicario del Tribunal Eclesiástico, Loyola Pinto y de San Cristóval, que les comunicó la decisión de la Iglesia. Ambos fueron acusados de revictimizar a las religiosas.