El empleo formal tiene que ser uno de los principales recursos de un Estado para lograr una reactivación económica. Después de pasar el "ojo de la tormenta" que significó la pandemia de coronavirus que afectó gravemente al mercado laboral, poner en marcha nuevamente a las empresas e industrias del país va a ser todo un desafío.
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El empleo formal tiene que ser uno de los principales recursos de un Estado para lograr una reactivación económica. Después de pasar el "ojo de la tormenta" que significó la pandemia de coronavirus que afectó gravemente al mercado laboral, poner en marcha nuevamente a las empresas e industrias del país va a ser todo un desafío.
En este complejo contexto nacional e internacional, los representantes de las cámaras empresarias vinculadas con la actividad comercial y productiva de toda la provincia le plantearon al Gobierno de Salta la necesidad de mejorar sus respectivos sectores.
Para eso, durante una reunión con el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, comentaron las complicaciones que tienen para conseguir mano de obra o trabajadores que se quieran incorporar al mercado laboral formal debido a los subsidios. Argentina todavía no ha podido encontrar una solución al problema que le plantean los planes sociales.
Los empresarios aseguran que la mayoría son beneficiarios de planes sociales y temen correr el riesgo de perder el beneficio y luego no conservar el empleo. Es por eso que plantean la necesidad de buscar una alternativa para que a los beneficiarios no les quiten los planes sociales durante los primeros seis meses de trabajo en blanco.
Hasta 2019, último dato publicado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), en la provincia había 199.972 salteños que recibían algún tipo de programa social por parte del Estado nacional. En su gran mayoría, el 83% (165.929 beneficiarios) corresponden al programa de Asignación Universal por Hijo (AUH),. que actualmente cobran un haber mensual bruto de $ 7.331.
Adriana Jarsún, licenciada en Administración de Empresas y se desempeña como directora de Recursos Humanos de la Universidad Católica de Salta, explicó que las personas que tienen un plan y aparece un aporte (trabajo en blanco), sin importar lo que gane, pierde el beneficio.
"El sistema de los planes es lo que perjudica la inserción de la gente en el mercado laboral. Hacer un plan solo subsidiario sin una motivación para el empresario o la persona que tiene el subsidio no sirve. ¿Cuál es el incentivo para las dos partes? Nadie está hablando de sacarlos; en un país con alta inflación, desocupación y pobreza no se pueden sacar, pero sí hay que hacer un sistema mixto de apoyo al empresario y al que percibe el plan", destacó la profesional.
Uno de los principales motivos es que el fin del plan está mal armado y aseguró que por parte de la sociedad no hay un problema en incorporar gente, sino que el régimen está armado así. "El empresario podría poder contratar gente que esté en el Progresar Trabajo, por ejemplo, sin que pierda el plan y pagar la otra parte, pero eso no se puede porque no existe", expresó la profesional.
Jarsún sostuvo que muchas familias con los distintos planes sociales que da el Gobierno nacional llegan a igualar a los salarios promedio que hay en la provincia y es por eso que muchas veces la gente no "ve la necesidad" de salir a buscar un trabajo.
"El problema de los planes que tenemos hoy es que no son un incentivo para que la gente consiga trabajo. Los subsidios en España o en otros lugares de Europa te corresponden seis meses de pago, pero vos tenés que aceptar cualquier trabajo que se te propongan, si lo rechazás perdés ese beneficio. Acá no hay un plan de reinserción de las personas que tienen planes", detalló.
El "Paro" de España es la prestación contributiva por desempleo. Con este subsidio una persona cobra el 70% del salario que tenía durante los primeros 180 días. A partir del día 181, pasa a cobrar el 50% de su sueldo, teniendo como tope los máximos que van entre los 1.182 y los 1.519 euros. Entre las obligaciones que tiene esa persona que cobra ese subsidio es participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, entre otros requisitos.
"No hay un plan concreto en el que le digan a las personas que encuentren trabajo que le van a pagar el plan,por tanto tiempo o mientras cobran los van a capacitar o hacer convenios con clubes o asociaciones sin fines de lucro. Se puede hacer un programa para que se inserten laboralmente, pero no hay nada de eso. Ahora tenés el plan y no tenés ninguna obligación, sino todo lo contrario, la obligación es no tener aportes. En Argentina el plan es un subsidio, no tiene ningún requisito", afirmó Jarsún.
La directora de Recursos Humanos de la Ucasal se mostró pesimista de que esta situación vaya a cambiar en el futuro. Afirmó que "lo más probable" es que ni el gobierno de Alberto Fernández ni el que venga pueda hacer una modificación importante por la presión que existe de los movimientos sociales.