La jueza de Familia de Orán Ana María Carriquiry requirió informes relacionados con la inversión en salud mental, luego de que se presentara un recurso de amparo colectivo para que se implementen políticas públicas en la materia.
La magistrada solicitó al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud un informe sobre las inversiones en materia de salud mental, en particular desde 2019 a la actualidad. También pidió un detalle sobre los recursos humanos y materiales para atender a las personas que requieren asistencia psiquiátrica y psicológica.
El 31 de mayo, los asesores de Incapaces de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz, presentaron una acción de amparo colectiva para solicitar que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, implemente las políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a la salud mental en ese departamento.
Los asesores reclamaron evitar el desarraigo de los pacientes, luego de que una mujer de esa ciudad debiera ser derivada al hospital Miguel Ragone de Salta Capital por falta de recursos.
La acción se presentó en representación de los pacientes que no tienen la posibilidad de acceder a un servicio de salud mental en su lugar de residencia. Requirieron que el hospital San Vicente de Paul de Orán, cuente con personal suficiente y equipo interdisciplinario, compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros.
La jueza además decidió asumir la competencia en el proceso que se dirige contra la provincia de Salta y contra el Ministerio de Salud. Se ordenó al Ministerio de Salud de la provincia y a la Provincia de Salta emitir un informe completo al respecto en el plazo de 72 horas.
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La jueza de Familia de Orán Ana María Carriquiry requirió informes relacionados con la inversión en salud mental, luego de que se presentara un recurso de amparo colectivo para que se implementen políticas públicas en la materia.
La magistrada solicitó al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud un informe sobre las inversiones en materia de salud mental, en particular desde 2019 a la actualidad. También pidió un detalle sobre los recursos humanos y materiales para atender a las personas que requieren asistencia psiquiátrica y psicológica.
El 31 de mayo, los asesores de Incapaces de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz, presentaron una acción de amparo colectiva para solicitar que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, implemente las políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a la salud mental en ese departamento.
Los asesores reclamaron evitar el desarraigo de los pacientes, luego de que una mujer de esa ciudad debiera ser derivada al hospital Miguel Ragone de Salta Capital por falta de recursos.
La acción se presentó en representación de los pacientes que no tienen la posibilidad de acceder a un servicio de salud mental en su lugar de residencia. Requirieron que el hospital San Vicente de Paul de Orán, cuente con personal suficiente y equipo interdisciplinario, compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros.
La jueza además decidió asumir la competencia en el proceso que se dirige contra la provincia de Salta y contra el Ministerio de Salud. Se ordenó al Ministerio de Salud de la provincia y a la Provincia de Salta emitir un informe completo al respecto en el plazo de 72 horas.
La noticia se conoce luego de que trabajadores del hospital Miguel Ragone denunciaran las críticas condiciones en las que se encuentra el efificio y realizaran una marcha en los últimos días para pedir más inversión en materia de salud mental.