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En medio de la polémica, un nuevo órgano revisará tratamientos de salud mental en Salta

El Senado sancionó la ley que dispone la creación del organismo para promover el respeto de la dignidad de las personas que requieren atención psiquiátrica.
Sabado, 18 de junio de 2022 01:47

El Senado de Salta sancionó la ley que dispone la creación de un órgano que estará a cargo de supervisar los tratamientos y el sistema de atención en salud mental. El proyecto consiguió el visto bueno de los legisladores luego de semanas marcadas por los reclamos de los profesionales del hospital Miguel Ragone por el crítico estado del edificio y tras una acción de amparo por la falta de recursos para la contención psiquiátrica y psicológica en Orán.

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El Senado de Salta sancionó la ley que dispone la creación de un órgano que estará a cargo de supervisar los tratamientos y el sistema de atención en salud mental. El proyecto consiguió el visto bueno de los legisladores luego de semanas marcadas por los reclamos de los profesionales del hospital Miguel Ragone por el crítico estado del edificio y tras una acción de amparo por la falta de recursos para la contención psiquiátrica y psicológica en Orán.

El nuevo organismo funcionará en la Asesoría General de Incapaces del Ministerio Público y seguirá principios y funciones que fija la ley nacional 26.657 de salud mental. Supervisará cómo se encuentran los pacientes en hospitales como el Ragone y evaluará que las internaciones involuntarias se encuentren justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario.

Luego que el Ejecutivo promulgue la ley la provincia de Salta se pondrá a tono con el precepto central de la ley 26.657, que es el de asegurar el pleno goce de los derechos humanos y promover el respeto de la dignidad de las personas usuarias de servicios de salud mental.

En los primeros días de junio, trabajadores del hospital de salud mental Miguel Ragone denunciaron que la institución atraviesa una profunda crisis. Describieron que en el edificio no hay agua corriente y que las instalaciones eléctricas son precarias. También plantearon que faltan insumos y se conocieron acusaciones sobre el incumplimiento de horas de guardia por parte de algunos empleados. Desde el Ministerio de Salud reconocieron una falta de inversión de años en el edificio y anunciaron obras.

El 31 de mayo, los asesores de Incapaces de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz, presentaron una acción de amparo colectiva para solicitar que el Gobierno Provincial, implemente las políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a la salud mental en ese departamento. La acción se impulsó luego de que una mujer debiera ser trasladada a Salta capital por falta de recursos.

El órgano de revisión y promoción de derechos en salud mental aplicará disposiciones contenidas en instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos relativos a la materia.

También futuras disposiciones que fueren más favorables, contenidas en ordenamientos jurídicos nacional y local, respecto de todo abordaje por motivos de salud mental.

Pasaron más de once años para que la provincia cumpla con la ley nacional de salud mental. En el medio, el Senado no trató un proyecto que en 2019 tenía media sanción de Diputados. Durante el debate del jueves pasado se marcó la importancia del órgano de revisión y se abogó por mayor presupuestaria para un sistema que hoy se encuentra colapsado.

Se integrará con siete miembros. Uno por el área con competencia en salud mental del Ministerio de Salud Pública; uno por el órgano con competencia en salud mental del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; uno por el Ministerio Público; dos por los colegios y asociaciones de profesionales y otros trabajadores del sistema de salud mental de la provincia; uno por las Asociaciones de Usuarios o Familiares del Sistema de Salud Mental de la provincia y tendrán prioridad las primeras; uno por las ONG abocadas a la defensa de los derechos humanos en Salta.

El órgano, entre otras funciones, controlará el cumplimento de la ley de salud mental y de toda legislación atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental.

También monitoreará periódicamente la inserción social de personas y las condiciones de atención ambulatoria o de internación en el ámbito público, privado y del tercer sector.

Además, en caso de irregularidades, deberá hacer las denuncias ante los organismos correspondientes y, eventualmente, apelar las decisiones del juez. Controlará que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones legales y que solo se realicen a lugares donde la persona cuente con apoyo y contención social o familiar.

 

 

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